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Caicedo denuncia detrimento de $10 mil millones en el hospital de Ciénaga con antiguas gerencias
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en conjunto con el gerente del Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Jorge Bernal, y el jefe de la Oficina de Control Interno, Jader Martínez López, anunció públicamente la presunta existencia de un detrimento patrimonial en ese mismo centro médico, durante las gerencias que estuvieron al frente desde el 2009 hasta el 2020.
De acuerdo con el mandatario, fueron identificadas cuentas bancarias no reportadas, a las cuales denominó “fantasmas”, en los libros contables del hospital, por medio de las cuales se realizaban “transacciones millonarias”, desde el 2009, con dineros provenientes de facturación, suministrados por las EPS.
En total, habían sido $10 mil millones correspondientes al detrimento, llevado a cabo, al parecer, por Luis Correa Díaz Granados, gerente entre el 2009 y el 2012; Harold Correa Díaz Granados y Ángel Fernández Gamero, en el cargo desde el 2012 hasta el 2020.
De igual manera, aseguró que los dineros en cuestión eran retirados por medio de talonarios y bonos, a través de ventanillas, destacando que eran recursos los cuales debían manejarse con cuentas bancarias maestras que sólo permiten retiros con transferencias.
En la intervención, mencionó una presunta complicidad entre el hospital y algunas EPS, sólo identificada hasta el momento la Nueva EPS.
“Estas entidades también deben tener sistemas contables para verificar, con el hospital que recibe los recursos, si en efecto los está recibiendo, entonces hay que indagar si pudieran estar en complicidad”, señaló, aclarando que sería la Fiscalía la encargada de verificar.
Los hallazgos, según explicó, fueron identificados luego de practicadas las auditorías en la ESE, lo que conllevó a que estas mismas jornadas se empezaran a implementar también en los hospitales de El Banco y Pivijay, “para establecer las causas del pago de unas tarifas que no alcanza ni siquiera a reponer el gasto en la prestación de servicios”.
Por la denuncia, solicitó la intervención de órganos de control, como la Fiscalía y la Contraloría General de la Nación, para “que adelanten una investigación a fondo que establezca responsabilidades para que esto no vuelva a pasar y respondan los que tienen que responder”.
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