En Santa Marta, sólo cuatro colegios están en condiciones para retomar la presencialidad

Ayer miércoles, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció públicamente que los colegios públicos del departamento finalmente retomarían las clases presenciales, luego de 18 meses de estar implementando la virtualidad para el desarrollo de las actividades académicas, por la pandemia de Covid – 19.

En sus declaraciones, aseguró que 85 colegios de los distintos municipios del departamento, Santa Marta incluida, podrían retomar la presencialidad, de manera progresiva, a partir del lunes 4 de octubre. Sobre esto, fue consultado Ludwing Caicedo, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de la Educación, quien aseguró que en el Distrito realmente son sólo cuatro de las 75 instituciones existentes en esta capital, las que están en condiciones para recibir a parte del estudiantado.

Acorde con el líder sindical, estos colegios son el IED Megacolegio Aluna de El Yucal, el Megacolegio de La Paz, el IED San Francisco Javier y la Normal Superior María Auxiliadora, que son aquellos con espacios amplios para descansos, que permitirían mantener el distanciamiento social reglamentario, y buena ventilación. Así las cosas, solamente otras tres escuelas se encuentran en lista de espera la aprobación: la IED Técnica INEM Simón Bolívar, el IED Magdalena y la Normal San Pedro Alejandrino.

En cuanto al Magdalena, son únicamente 17 los colegios aptos para la presencialidad, de los 175 registrados a lo largo del territorio.

De igual manera, denominó como una “falsa expectativa” la información suministrada por el gobernador, pues estos centros educativos todavía necesitan definir el proceso para recibir a un porcentaje de la población educativa, no superior al 30%, lo que no permitiría reabrir las escuelas el lunes próximo.

Al respecto no se ha pronunciado todavía la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ni la secretaria de Educación, Verónica Meléndez Charris, quienes serían las encargadas de coordinar e implementar estos procesos, teniendo en cuenta que la ciudad está en categoría de Distrito, lo que le otorga independencia del Departamento. Es decir, el gobernador Caicedo se habría extralimitado en sus funciones, anulando así las responsabilidades de la mandataria de los samarios en estos casos.

Por otro lado, Ludwing Caicedo, señaló que en la ciudad se ha invertido apenas el 60% del presupuesto asignado para el retorno a clases, en la adquisición de Elementos de Protección Personal, EPP. Para esto, fueron $4.200 millones los que recibió el Distrito a comienzos de este 2021, sumados a los $3.267 que asignó el Gobierno Nacional en noviembre de 2020, por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME.

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Sin embargo, en infraestructura la inversión fue del 0%, razón por la cual hay colegios en los que persisten problemáticas por la falta del suministro constante de agua, ausencia de vigilantes y personal administrativo, lo que debió haberse completado desde finales de 2020, fecha desde la cual estuvieron disponibles los recursos para tal fin.

A pesar de que la orden del Ministerio de Educación para los colegios públicos fue la de dar inicio a las clases presenciales, de forma progresiva, a partir del 15 de julio, apenas ahora se pronuncia el gobernador, aduciendo que había “falta de garantías por parte del Gobierno Nacional”, al parecer, sin tener en cuenta que los recursos por el monto de $8.997 millones que habían sido girados desde el año pasado.

Adicionalmente, el diputado Julio Alzamora confirmó a OPINIÓN CARIBE que, en agosto de 2020, la Gobernación presentó un proyecto de ordenanza, cuya aprobación permitió la adición de recursos del Presupuesto General de Ingresos del departamento por el concepto de rentas, recursos de capital y apropiaciones de gastos, que, supuestamente, estaban destinados a financiar el “regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa a los establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia”.

En total fueron $2.131 millones adicionados, no obstante, a julio del año en curso, ningún porcentaje de esos montos habían sido ejecutados ni en elementos de protección y bioseguridad y, mucho menos, en infraestructura escolar.