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La maldad visita Pivijay

Opinión Caribe

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En los últimos meses, Pivijay ha estado en el centro del ojo público debido a la serie de eventos que vienen ocurriendo en la ESE Hospital Santander Herrera, lugar que se convirtió en el foco de una batalla jurídicas de poderes entre Mayra Castro Britto, gerente, y la Gobernación del Magdalena liderada por Carlos Caicedo.

Castro Britto tomó posesión en el máximo cargo administrativo de la ESE el 16 de mayo de 2020, junto con otros 22 gerentes quienes habrían obtenido el puesto por medio de un proceso de meritocracia. Desde ese entonces, Mayra se distinguía como una aliada del gobernador, así como de su partido político, Fuerza Ciudadana, cuyo soporte se hizo evidente en sus redes sociales.

En abril de 2021, en el desarrollo de un debate de control político adelantados por la Asamblea del Magdalena, se conoció uno de los primeros escándalos de los próximos en los que se vería envuelto el centro hospitalario, en torno al cual se formó una puja para concentrar el poder de una de las dos partes.

A Mayra Castro la señalaron por haber adquirido 20 mil crayolas y cartillas, con dos contratos ejecutados entre noviembre y diciembre de 2020, cada uno por un monto de $55 millones, $110 millones en total, con la empresa ‘Grafocolor diseño y publicidad’.

Según informó en su momento, iban a ser distribuidas entre la población infantil de la región, todo esto en medio de uno de los puntos más álgidos de la pandemia por Covid – 19 en el Magdalena, en donde el virus cobraba la vida de varias personas a diario.

Dichos contratos fueron hechos públicos por el diputado Jair Mejía en un debate de control político llevado a cabo de manera virtual, reclamándole el gasto ante las demás necesidades urgentes que tenía la salud en Pivijay. “No hay una evidencia que soporte que entregar crayolas y cartulinas vaya tener una incidencia positiva en la salud pública de los niños. Preferiblemente hubiese suministrado soluciones salinas o hidratación o adelantado campañas de prevención”, señaló Mejía en el debate.

En ese momento, Castro Britto tomó la determinación de abandonar la sesión sin dar explicaciones sobre los hechos mencionados, que hasta el momento siguen sin ser resueltos.

Así mismo, entre enero y mayo del año en curso, OPINIÓN CARIBE obtuvo evidencia de tres contratos que superaban los $303 millones con Construcolsutores S.A.S., por concepto de prestación “de servicios preventivos de mantenimiento general a todo costo en las instalaciones e infraestructura de la ESE”, no obstante, el hospital de Pivijay es uno de los que más padece daños cuando llueve en esa zona del Magdalena, pues el agua se filtra por las paredes e, incluso, por la tuberías se rebosan las alcantarillas, tal como quedó evidenciado en el aguacero del 5 de octubre, cuando las áreas de maternidad, pediatría y medicina interna se vieron inundadas de aguas residuales.

Hacia mayo de este mismo año, la gerente fue retirada del cargo con una carta de renuncia que ella asegura nunca haber firmado. El 6 de ese mes, la Gobernación emitió un decreto con el cual confirma la salida de la funcionaria, tal como recién había pasado con los gerentes de los hospitales de Ciénaga, Sitionuevo, Zapayán y Nueva Granada. Tal parece que fue en esa instancia cuando se rompió la relación entre Castro Britto y la administración departamental, pues de allí en adelante protagonizaron un intercambio de tutelas y apelaciones, que parece haberse resuelto, finalmente, el pasado 5 de octubre, cuando una última decisión de un juez le permitió retomar el cargo.

Entre tanto, en el Hospital estuvo como gerente encargada Martha Chaparro Trujillo, esposa del actual secretario del Interior del Magdalena, Adolfo Bula. En julio, el gobernador inauguró la Unidad de Cuidados Intermedios, que se ejecutó con contratos cerrados mientras Castro Britto dirigía el centro médico, pero que, a la fecha, sigue sin estar habilitada.

Castro Britto aseguró en entrevista que a su salida de la ESE dejó en buenas condiciones y, aunque no se conoce aún el acta de entrega, manifestó haber posteado fotos en sus redes que daban cuenta de ello. El 13 de octubre, tras reintegrarse, el departamento supo que la sala de UCIM estaba prácticamente desvalijada, las puertas y los marcos de las mismas se encontraban desprendidos y había daños notorios en el material de las paredes.

“Recibir el hospital en estas condiciones es bastante doloroso (…) Le pusimos mucha dedicación y mucho empeño a esa obra y es triste. Nosotros no podemos todavía decir quién lo hizo o qué fue lo que realmente sucedió, eso está en investigación”, señaló al ser abordada sobre el tema.

Lo realmente preocupante es que nadie da razón de lo sucedido en ese espacio del hospital, pues no hay vigilancia en ese sitio específico y las cámaras de seguridad no se encontraban funcionando.

Entonces, la incógnita que surge en torno a toda esa situación, es ¿A quién le pudo haber convenido el desastre ocurrido en el Hospital? Lo que viene sucediendo en Pivijay podría denominarse como un acto maldadoso en contra del sistema de salud y en municipio en general. Se hace necesaria la intervención urgente de un organismo ajeno a la administración para que se desvele el trasfondo de este caótico escenario, en donde las pruebas existentes dejan en evidencia las posibles de las intenciones que podrían desencadenar en problema mayor, sobre el cual podrían perder el control.