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Consejo de Estado tumba licencia al Puerto de las América

Opinión Caribe

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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió recientemente anular el aval que en el 2018 había sido concedido al Puerto de Las Américas, en la bahía de Taganga, por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, asegurando que, con esta decisión, la entidad habría incurrido en el desarrollo de funciones que no eran de su competencia.

Dicha nulidad se conoce luego de que, en diciembre de 2019, el alto tribunal admitiera una demanda interpuesta en contra del Ministerio de Ambiente por Claudia Patricia Vinueza Riveros, José Luis Cantillo Quiroga, entre otras personas, quienes alegaron afectaciones al medio ambiente con el proyecto de “‘Construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos en punta voladero’, localizado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”.

Además del Ministerio y la ANLA, también estuvieron involucrados en el proceso como demandados, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental – DADSA y Corpamag.

En la demanda, los accionantes solicitaron determinar si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había quebrantado la ley cuando expidió las Resoluciones 12 de febrero de 2018, la 00442 de 2 de abril de 2018, la 02313 de 12 de diciembre de 2018 y la 00602 de 27 de abril de 2018, considerando que estos fueron expedidos sin competencia y “sin atender a una real y adecuada motivación y en forma irregular”, por haber desconocido normas del orden superior en las cuales debió fundarse el acto administrativo con el que se le otorgó licencia al Puerto de las Américas.

Acorde con sus argumentos, la ANLA no tiene entre sus funciones la asignación de resoluciones relacionadas con temas ambientales y, con esto, habría buscado favorecer “únicamente y exclusivamente al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Portuaria Las Américas S.A.”.

Así mismo, se señaló el cargo de ‘expedición con falsa motivación’, debido a que no se realizó un estudio “de carácter, previo, vinculante y preparatorio dentro del trámite de licenciamiento ambiental” y se desconocieron los “informes ambientales que daban cuenta de la afectación de esa zona por el derrame de aceite en el 2008”. Además, con lo anterior, la ANLA sustrajo un área que comprende al Parque Nacional Natural Tayrona “sin la observancia establecida en el ordenamiento jurídico”.

Entonces, aparte de declarar nula la licencia, al proceso fue vinculada también la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales Nacionales por “la acusación de violación de los derechos colectivos” que habría llevado a cabo la ANLA en la sustracción del área que pertenece al PNN Tayrona, el cual permanece bajo la administración de la entidad mencionada.

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