Detalles de una intervención anunciada

La Superintendencia de Servicios Públicos luego de varios meses de seguimiento y trabajo conjunto tomó posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar ESP), argumentando que estaba en riesgo la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y la sostenibilidad de la misma, pues sobre ella pesa un déficit acumulado de 36.286 millones de pesos hasta 2029. En
las instalaciones de la entidad y en varios puntos de la ciudad se han presentado enfrentamientos entre contratistas, militantes de Fuerza Ciudadana, funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación y la Policía Nacional, por cuenta de las airadas protestas, agresiones e interferencias en la ejecución del procedimiento.

El primer campanazo de alerta sobre lo que pasaría, fue el demoledor informe que dio a conocer la Superintendencia de Servicios Públicos el 3 de agosto del año en curso. Dicho parte fue presentado por la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la Superservicios, tras dos años de seguimiento detallado a todas las actividades de la empresa encaminadas a cumplir con sus objetivos misionales.

Al cierre de la vigilancia especial en mención, se hace énfasis en las falencias que tiene la Essmar ESP: no actualización de concesiones en los pozos; captación de caudales superiores a los concesionados en las 3 fuentes; índice de continuidad catalogado como No Satisfactorio; presuntos incumplimientos de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano distribuida por los carrotanques; las inversiones no se reflejan en la disminución de las pérdidas del sistema; el 23% del personal del servicio de acueducto y el 0,97% del personal de alcantarillado no tiene a la fecha certificación de competencias laborales; deficiente situación financiera: todos los indicadores reflejaron una disminución considerable, no tiene respaldo de sus activos para dar respuesta a sus obligaciones, tiene un capital de trabajo negativo de $18.656 millones y el endeudamiento representa 94,91% del activo total y un 1.866% del patrimonio.

En su momento, la superintendente, Natasha Avendaño García, advirtió que “la situación técnica, operativa y financiera de la Essmar muestra una condición preocupante. La cobertura y calidad del servicio presentan aún falencias en varios sectores del Distrito.

La empresa sigue registrando pérdidas financieras y, en general, está en una situación que requiere acciones inmediatas por parte del prestador para solucionar todos los frentes críticos. Este balance lo informamos en días pasados a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, durante una mesa de trabajo con nuestro equipo técnico.”

La siguiente campanada sonó el 26 de octubre, día en que la Superintendente de Servicios Públicos hizo un recorrido por varios sectores de interés por las funciones de su cargo, entre ellos la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte, pues durante varios días se presentaron rebosamientos de alcantarilla en el sector de la carrera primera con calle 22.

Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos.

Ese día por la noche, en un video comunicado, Avendaño García cuestionó el estado de las bombas, el deterioro de la infraestructura del lugar, también hizo críticas a los sistemas que se utilizan para el vertimiento final de las aguas residuales al emisario submarino y a la atención de los rebosamientos que se presentaban en algunos sectores como Altos de Bahía Concha.

Casi un mes después, en la sede administrativa de la Essmar ESP, la Resolución 20211000720935, que ordena la Toma de Posesión de la entidad supone el último campanazo y el final del conteo.

Este procedimiento fue liderado por la superintendente, Natasha Avendaño García, quien contó con el acompañamiento y asesoría de la Dirección de Entidades Intervenidas de la Superservicios, y el necesario apoyo de la Dirección General de la Policía Nacional.

Según la Superservicios, la decisión obedece a que la Essmar ESP no tiene la capacidad técnica, operativa, administrativa ni financiera para garantizar la debida calidad, cobertura y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado a los habitantes de la capital del Magdalena. Este dictamen es similar al que emitió la misma funcionaria el día 12 de abril de 2019, cuando se dio la finalización del Contrato de Operación Transitoria No 081 de 21 de marzo del 2017.

Natasha Avendaño dijo en entrevista para la emisora W Radio hace dos ños que un grupo especializado de la entidad “Ha venido indagando la capacidad que tiene Essmar para operar, y concluimos que no está en la capacidad técnica, operativa ni administrativa para asumir la prestación del servicio sin que se afecte a la ciudad de Santa Marta”.

De acuerdo con lo que se pudo conocer en el reciente comunicado oficial de la Superservicios, la Essmar ESP está incursa en las causales de ‘intervención’ contenidas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

El primer precepto normativo establece que se podrá tomar posesión de una empresa de servicios públicos: Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros y, el segundo: Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles.

La funcionaria del ente Regulador indicó que “Los resultados de la vigilancia especial que realizamos a la empresa desde el momento del inicio de la operación, en 2019, evidencian deficiencias en la cobertura, continuidad y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para sus más de 117 mil suscriptores. A esto se suman las deudas pendientes con la Dian, la Gobernación del Magdalena y otros acreedores que podrían generar embargos judiciales que agravarían las condiciones financieras de la empresa y la reducida capacidad de pago de sus compromisos mercantiles”.

TOMA DE POSESIÓN ¿QUÉ SIGNIFICA?

La decisión de ‘intervenir’ la Esmmar ESP obedece definitivamente a que la Superintendencia ha comprobado, luego de dos años de seguimiento y acompañamiento en los procesos, que la empresa de servicios públicos ha incumplido de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidas por la Ley. El primer efecto que se deriva de esta medida preventiva es la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa.

Otros de los efectos que establece el artículo 60 de la ley 140 de 1994 son: la posibilidad de celebración de un contrato de fiducia para la administración de la empresa en forma temporal; el establecimiento de un tiempo de administración no superior a dos años, cuando la toma de posesión se origine por circunstancias imputables a los administradores o accionistas de la empresa, lapso después del cual, si no se supera la crisis podrá liquidarse la empresa y, la disminución del valor de las acciones cuando se pruebe que la entidad prestadora del servicio ha perdido parte de su capital.

La legislación colombiana también señala que excepcionalmente, cuando no sea posible contratar a una entidad fiduciaria, como ocurre con la Essmar ESP que reporta un déficit de 13.703 millones de pesos, el Superintendente, podrá designar o contratar una persona a la cual se le encargue la administración de la empresa en forma temporal.

En este caso, se trata de la ingeniera industrial con experiencia en empresas de servicios públicos: Yahaira Indira Díaz, quien reemplazó en el cargo a Patricia Caicedo Omar, personaje que hasta el pasado 22 de noviembre fungió como gerente.

Desde la Superintendencia se hizo énfasis en que las oportunidades que se le dieron a la empresa desde el 2019 no fueron aprovechadas, sino que al contrario, agravaron la crisis. “Esto (Las deficiencias de Essmar) se reflejan en la clasificación de riesgo de la empresa, obtenida a partir del cálculo del Indicador Único Sectorial – IUS que mide la gestión integral de los prestadores vigilados por la Superservicios. Para el año 2020, el IUS para Essmar fue de 57,61%, lo que la ubica en riesgo Medio – Alto”, explicó Natasha Avendaño.

Además de detallar el grave estado financiero: las obligaciones con la Dian, la Gobernación del Magdalena y el Distrito, las cuales suman –incluyendo las sanciones por no pago-: 19.789 millones de pesos; la diferencia de 13.703 millones de pesos entre los costos y gastos de producción y la facturación; la pérdida operacional y neta de $3.397 millones; el incremento desmedido de los pasivos en un 87%, el aumento de las cuentas por cobrar en un 127% y un déficit acumulado de $36.286 millones hasta 2029, Natasha Avendaño informó sin mayores detalles que se adelantan tres procesos de investigación administrativa en contra de Essmar ESP por la presunta inadecuada aplicación de tarifas, facturación por promedio, prestación deficiente del servicio de acueducto, calidad de agua, incumplimiento de reporte de información al Sistema Único de Información – SUI, y fallas en la formulación y actualización de los planes de emergencia y contingencia de la vigencia 2019.

Como no se ha podido acceder a la Resolución que ordena la toma de posesión, se desconoce cuál de las dos modalidades se aplicará. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas aplicables, la Superintendencia puede adoptar dos tipos de medidas: una con fines de administración y otra con fines de liquidación.

Cuando se habla de Administración, las normas antes citadas indican que la empresa objeto de toma de posesión puede superar las causales que le dieron origen a la intervención con actos de mera gestión. Para adelantar el proceso, la Superintendencia designa un agente especial por un término de duración

es de un año, prorrogable por un término igual, no obstante, de acuerdo al Decreto 2555 de 2010, el Gobierno Nacional podrá excepcionalmente autorizar una prórroga mayor. La toma de posesión con fines liquidatarios se lleva a cabo cuando las razones que motivan la intervención son de carácter estructural. En este caso particular, la Superintendencia como autoridad con facultades constitucionales para ejecutar la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos, es la encargada de liderar y coordinar las posibles soluciones empresariales que en el largo plazo garanticen la prestación de los servicios.

Para cumplir efectivamente esta tarea, se podrá adelantar una reestructuración financiera y administrativa; vincular nuevos operadores o gestores; liquidar o crear nuevas empresas, etc.

“Superada la primera etapa de intervención, donde dice la Ley que se ejecutan actos de mera administración y no se han podido contener los problemas que originaron la toma de posesión, se procede a la liquidación. Es pertinente indicar que como muchos de los actos que se necesitan ejecutar para rescatar una empresa con problemas financieros y administrativos estructurales, como: consecución de fuentes de financiamiento de planes de inversión, restructuración financiera, aseguramiento de una gestión operativa y comercial eficiente, reducción de costos operativos y administrativos, fondeo de pasivo pensional, vinculación de gestores especializados, trámites de actos en Concejos, decisiones de Alcaldes y Gobernadores, demandan tiempo y voluntad política, esta modalidad de intervención no tiene un término de duración específico” explicó el abogado Guillermo Linero Montes.

VIOLENTA OPOSICIÓN A LA ‘INTERVENCIÓN’

Tal y como ocurrió en marzo de 2020, cuando el superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, tomó posesión del Hospital Julio Méndez Barreneche, las declaraciones del gobernador Carlos Caicedo Omar y su hermana Patricia, quien fuera declarada insubsistente al momento mismo de hacerse efectiva la medida, incendiaron los ánimos de cientos de militantes del Movimiento Fuerza Ciudadana, contratistas y funcionarios de varias entidades públicas, convirtiendo las instalaciones de la Essmar ESP en un campo de batalla.

Como se pudo apreciar en redes sociales, muchos de los funcionarios y contratistas impidieron por bastante tiempo el acceso de agentes de la Sijin de la Policía Nacional que acompañaban el procedimiento. Los videos dejan ver a personas agrediendo verbalmente a los funcionarios, mientras que en medio del escándalo y desconcierto, otros intentan por la fuerza ingresar, rompiendo puertas y paredes. En un momento de ese día 22, la multitud se abalanzó contra los Uniformados de la Policía y para el Escuadrón Móvil Antidisturbios que garantizaba la seguridad de los funcionarios que venían de Bogotá, fue necesario el uso de gases lacrimógenos.

En todas sus declaraciones en la prensa, Patricia Caicedo Omar ha insistido en que la medida de intervención obedece a un plan de sabotaje orquestado desde la Presidencia para sabotear la ‘formidable’ gestión que ella viene adelantando al frente de la empresa.

“Como ahora hay recaudos y estamos invirtiendo en mejorar los servicios, vienen a intervenirla. Pero es una intervención politiquera, es la puesta del Estado al servicio de la politiquería. El Estado atropellando a los ciudadanos y ciudadanas” dijo la destituida gerente.

El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo pronunció airados discursos en favor de la gestión de su hermana, la destituida gerente de la Essmar ESP.

Otro de los que se hizo presente ese mismo día en el lugar fue el Gobernador del Magdalena, quien de manera vehemente rechazó la intervención, muy a pesar de que meses atrás había denunciado una red de corrupción al interior de la misma.

Al ser cuestionado por su oposición, muy a pesar de las graves denuncias de corrupción hechas por él mismo, Caicedo Omar no supo qué decir: “Una cosa es que tengamos funcionarios corruptos en esta u otra entidad y, otra muy distinta, que esta empresa le pertenece al Distrito de Santa Marta y no a la Nación. Es que tienen esta figura perniciosa de las Superintendencias para intervenir entidades y empresas públicas en los territorios que gozan de autonomía. Es que la pregunta lleva implícito ¿para qué hay gobernadores y alcaldes? ¡Que los pongan directamente desde Bogotá!”, respondió, visiblemente molesto por la pregunta.

Los días 23, 24 y 25 de noviembre, posteriores a la toma de posesión de la Essmar ESP, Patricia Caicedo Omar ha estado convocando y dirigiendo protestas en contra de la medida que incluyen bloqueo de vías con alto volumen de tráfico, como la Troncal del Caribe y la entrada al Puerto de Santa Marta, ocasionando traumatismos en el tráfico y afectaciones económicas a las empresas navieras y transportadoras que vieron retrasadas las cargas y las entregas.

Nuevamente se hizo necesario el uso del Esmad para disolver los bloqueos y dispersar a los manifestantes. En redes sociales y medios de comunicación la administración departamental y la distrital han aplaudido y respaldado las caóticas y violentas marchas.

Concejales y veedores ciudadanos han denunciado que además de los bloqueos a las vías y la entrada al Puerto, las protestas también incluyen sabotajes a las actuaciones administrativas y operacionales de la empresa, por lo que la Superintendente Natasha Avendaño y la Gerente Interventora Yahaira Díaz Quesada, han invitado a todos los funcionarios y contratistas a seguir adelante con sus funciones, evitando más afectaciones a los servicios prestados y a los usuarios. “Quiero hacer un llamado y un parte de tranquilidad a los empleados, invitarlos a seguir con sus funciones, porque son ellos los que conocen la empresa, con ellos es que la Agente Especial viene a trabajar, hacer equipo y sacar adelante la prestación de los servicios públicos” puntualizo la alta funcionaria.