Audiencia contra Caicedo por puestos de salud continuará en febrero de 2022

Desde las 3:00 de la tarde de hoy jueves 9 de diciembre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia desarrolló la continuación de la audiencia preparatoria en contra de Carlos Caicedo Omar, actual gobernador del Magdalena, por la demolición de cinco puestos de salud en Santa Marta cuando fungía como alcalde del Distrito en el periodo 2012 – 2015.

El 10 de noviembre pasado fue el inicio de la diligencia, en esta, el abogado defensor del mandatario Luis Carlos Torregroza, no aceptó los cargos imputados de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, alegando que, aunque su defendido fungía como presidente de la Junta Directiva de la ESE Alejandro Prospero Reverend al momento de los hechos, la contratación fue hecha directamente por la gerencia.

En la reciente audiencia, adelantada de manera virtual, estuvo presente el Magistrado Ponente – MP Jorge Emilio Caldas, Johanna Garzón, fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema; Ernesto Nova, fiscal de apoyo; el abogado Torregroza, José Ortega Cortés, procurador tercero delegado; el abogado Gustavo Castillo Medina, en representación del Distrito de Santa Marta por ser presunta víctima de los hechos y Sergio Hernández Moreno, apoderado de la ESE.

En el encuentro, la fiscal Garzón continuó con la presentación de las solicitudes probatorias, siendo que el 10 de noviembre leyó 98 pruebas documentales en contra del acusado. Entre las aportadas en esta ocasión, se encontraban contratos de estudios técnicos y estructurales para los cinco puestos de salud demolidos, registros presupuestales, pólizas de garantías, actas de inicio, documentos de contratación para la adecuación de los centros médicos, fotografías y demás documentos obtenidos por la Fiscalía.

“Con las pruebas (de la 99 a la 118) se demostrará el trámite y la existencia del contrato PS04 2014, del 20 de agosto de 2014, celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend con la firma MediRedes SAS por la suma de $6.532 millones para el mantenimiento y adecuación de los puestos de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. Esta documentación es sumamente importante porque da cuenta de todos los trámites por los cuales pasó, abarcando de esta manera estudios de conveniencia y oportunidad para contratar los estudios técnicos y estructurales”, señaló la fiscal, entre otros puntos de relevancia para la contratación que, presuntamente, tuvo incumplimiento de requisitos legales.

De igual manera, mencionó que se buscará comprobar el estado de abandono en el cual estuvieron los mencionados centros hospitalarios durante el 2016, a dos años de haberse efectuado el contrato inicial y que, “posteriormente fueron convertidos en basureros”, y la presentación de  un comparativo en la atención de pacientes y disminución del ingreso, que serían pruebas del daño.

En total, fueron 185 pruebas presentadas en la audiencia por parte de la fiscal, con las que quedarían en evidencia los sobre costos y sobre precios generados con el “ilícito trámite contractual”.

El abogado defensor, por otro lado, señaló que las imputaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Seccional Santa Marta, a raíz del contrato en cuestión, estuvo “llena de ambigüedades y falencias”, lo que habría “dificultado la concreción del tema de pruebas”.

La audiencia fue suspendida por el magistrado Caldas, convocándola nuevamente para el miércoles 2 de febrero de 2022.