No nos olvidemos nunca

Por: Rosa Daza

El 8 de septiembre de 2020, en cadena nacional y redes sociales vimos todos cómo padecía un ciudadano a manos de dos agentes de la policía nacional, en un video grabado desde la cámara de un celular, Javier Ordóñez yacía tendido en el piso mientras recibía atrozmente golpes e impulsos eléctricos con la pistola Taser de dotación, pese a que se evidenciaba que ya no podía moverse, mucho menos defenderse, Ordóñez falleció horas más tarde.
Estas imágenes que todavía nos duelen, ocasionó días después una de las protestas sociales más importantes de los últimos tiempos en Colombia. El hartazgo social se apoderó de las calles de Bogota y cientos de miles de personas salieron en plena pandemia a abrazar ese sentimiento común de rechazo ante el abuso policial y la representación en Javier Ordóñez de un país que muy lejos parece encontrarse de la configuración de un Estado protector de sus ciudadanos.

Las manifestaciones inicialmente pacíficas fueron escalando a un grado de violencia importante, entre otras razones, por la inconcebible respuesta del Estado y sus agentes ante la salida de la población a las calles.

Quedamos perplejos viendo desde nuestras casas cómo el país se incendiaba en actos de violencia mutua entre manifestantes y policías, era una guerra entre desiguales, lo que exacerbaba más la venganza y el odio de los que llevaban adelante la protesta, la cual insisto, debido a una respuesta incendiaria, vergonzosa, inaudita por parte de un gobierno sometido al estado de derecho, había dejado de ser tal y se había convertido en una pugna.

Un año después, el informe de relatoría independiente dado a conocer por la alcaldía de bogota hace unos días, deja en evidencia lo que todos vimos, y es que Colombia es un país tan particular que estamos acostumbrados a que nos nieguen inclusive aquello que todos vemos, lo que es peor, aceptamos esas negativas aunque nuestros ojos, y cientos de investigaciones judiciales nos demuestren lo contrario.
El informe que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas señala que al menos 11 personas murieron entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 por cuenta de la reacción desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, de los agentes de policía que atendieron a las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha.

Qué mal le han hecho a este país quienes lograron infundirnos que existimos “buenos y malos”, “terroristas y gente de bien”, “amigos y enemigos”, cuando en realidad este país se estructura a base de personas, población, familias.

Qué terrible daño le han hecho especialmente a nuestras fuerzas armadas quienes lograron infundirles el odio contra esos “otros” creados para etiquetar, deshumanizar y con ello neutralizar a todo aquel que ose ir en contra del Estado, así sea para pedir a gritos un cambio.

La consecuencia, como siempre la llevamos a cuestas nosotros los ciudadanos, que finalmente pusimos esos 11 fallecidos y el dolor de sus familias, mientras la respuesta del Estado sigue siendo la misma: “mano dura con los terroristas” frase politiquera y etiqueta que ahora es extendida a cualquier manifestante colombiano o no, así sin más, en nuestras narices.

Lo sucedido con Javier Ordóñez duele tanto como lo que vimos y hoy confirmamos que sucedió con esos 11 chicos fallecidos, porque representan lo mismo, un país cuyos servidores y protectores de la sociedad no sirven, ni protegen, lo cual duele profundamente porque detrás hay dolor, muertes y hay deslegitimación de un Estado de derecho que nos ha costado mucho construir y proteger, pero éstos hechos también enseñan: creo que los colombianos hemos aprendido mucho a raíz de lo sucedido en 2020 y confío en que, de lo aprendido -más que del dolor vivido- no nos olvidemos nunca.

El 8 de septiembre de 2020, en cadena nacional y redes sociales vimos todos cómo padecía un ciudadano a manos de dos agentes de la policía nacional, en un video grabado desde la cámara de un celular, Javier Ordóñez yacía tendido en el piso mientras recibía atrozmente golpes e impulsos eléctricos con la pistola Taser de dotación, pese a que se evidenciaba que ya no podía moverse, mucho menos defenderse, Ordóñez falleció horas más tarde.
Estas imágenes que todavía nos duelen, ocasionó días después una de las protestas sociales más importantes de los últimos tiempos en Colombia. El hartazgo social se apoderó de las calles de Bogota y cientos de miles de personas salieron en plena pandemia a abrazar ese sentimiento común de rechazo ante el abuso policial y la representación en Javier Ordóñez de un país que muy lejos parece encontrarse de la configuración de un Estado protector de sus ciudadanos.

Las manifestaciones inicialmente pacíficas fueron escalando a un grado de violencia importante, entre otras razones, por la inconcebible respuesta del Estado y sus agentes ante la salida de la población a las calles.

Quedamos perplejos viendo desde nuestras casas cómo el país se incendiaba en actos de violencia mutua entre manifestantes y policías, era una guerra entre desiguales, lo que exacerbaba más la venganza y el odio de los que llevaban adelante la protesta, la cual insisto, debido a una respuesta incendiaria, vergonzosa, inaudita por parte de un gobierno sometido al estado de derecho, había dejado de ser tal y se había convertido en una pugna.

Un año después, el informe de relatoría independiente dado a conocer por la alcaldía de bogota hace unos días, deja en evidencia lo que todos vimos, y es que Colombia es un país tan particular que estamos acostumbrados a que nos nieguen inclusive aquello que todos vemos, lo que es peor, aceptamos esas negativas aunque nuestros ojos, y cientos de investigaciones judiciales nos demuestren lo contrario.
El informe que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas señala que al menos 11 personas murieron entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 por cuenta de la reacción desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, de los agentes de policía que atendieron a las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha.

Qué mal le han hecho a este país quienes lograron infundirnos que existimos “buenos y malos”, “terroristas y gente de bien”, “amigos y enemigos”, cuando en realidad este país se estructura a base de personas, población, familias.

Qué terrible daño le han hecho especialmente a nuestras fuerzas armadas quienes lograron infundirles el odio contra esos “otros” creados para etiquetar, deshumanizar y con ello neutralizar a todo aquel que ose ir en contra del Estado, así sea para pedir a gritos un cambio.

La consecuencia, como siempre la llevamos a cuestas nosotros los ciudadanos, que finalmente pusimos esos 11 fallecidos y el dolor de sus familias, mientras la respuesta del Estado sigue siendo la misma: “mano dura con los terroristas” frase politiquera y etiqueta que ahora es extendida a cualquier manifestante colombiano o no, así sin más, en nuestras narices.

Lo sucedido con Javier Ordóñez duele tanto como lo que vimos y hoy confirmamos que sucedió con esos 11 chicos fallecidos, porque representan lo mismo, un país cuyos servidores y protectores de la sociedad no sirven, ni protegen, lo cual duele profundamente porque detrás hay dolor, muertes y hay deslegitimación de un Estado de derecho que nos ha costado mucho construir y proteger, pero éstos hechos también enseñan: creo que los colombianos hemos aprendido mucho a raíz de lo sucedido en 2020 y confío en que, de lo aprendido -más que del dolor vivido- no nos olvidemos nunca.