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Metrópolis

Falta de mantenimiento y deudas: los problemas que encontró la Superservicios en la Essmar

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Desde el pasado 22 de noviembre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se encuentra al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – Essmar, luego de la toma de posesión ordenada por la jefe de esta entidad, Natasha Avendaño, ante las recurrentes problemática que reportaba la organización, que estaba bajo el mando de Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

A la gerencia de la Essmar llegó Yahaira Díaz, quien asumió el rol de agente especial en aras de encaminar la empresa y darles inicio a las estrategias necesarias para garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el Distrito, siendo este un tema crítico en la ciudad.

Sobre el tema, la Blu Radio publicó recientemente una serie de hallazgos que fueron reportaron por la Superservicios sobre el verdadero estado de la Essmar, lo que confirmaría, una vez más, la información entregada por el Procurador Judicial – Ambiental y Agrario del Magdalena, quien advirtió la falta de capacidad de la empresa para atender a la ciudadanía de forma eficiente.

Acorde con la emisora radial, estas fueron algunas de las problemáticas identificadas por la entidad nacional, tras su llegada a la empresa administrada por Fuerza Ciudadana, desde su puesta en funcionamiento:

– “Se evidenció un desgaste general de los equipos de bombeo del sistema de acueducto lo cual hace vulnerable la prestación del servicio en algunos sectores de Santa Marta. Sobre este aspecto, se evidenció un rezago importante en cuanto a la adquisición de equipos de respaldo para garantizar la estabilidad del sistema”

– “Producto de la inspección de la Superservicios se detectaron deudas y atraso en las obligaciones con los principales proveedores necesarios para garantizar la operación del servicio (vehículos de cuadrillas de mantenimiento, carrotanques, químicos, materiales para reparaciones y mantenimiento de tubería), poniendo en riesgo la operación.”

– “Santa Marta tiene pérdidas de agua cercanas al 60%. Parte de estas pérdidas se asocia a que la tubería de la ciudad está es obsoleta (la mayor parte es de asbesto cemento), y Essmar no ha implementado en estos años un plan de reducción de pérdidas que haya sido efectivo».

– «Debido a la falta de mantenimiento en la red, se presentan reboses del alcantarillado en diferentes puntos de la ciudad, por lo que ha sido necesario incurrir en altos costos en alquiler de vehículos de succión-presión».

– «La Estación de Bombeo de Aguas Residuales -EBAR Norte- que recibe las aguas residuales de toda la ciudad y las vierte al mar a través de un emisario submarino, no cuenta con bombas ni planta eléctrica que sirvan de respaldo en casos de emergencia, por lo que hay riesgo de reboses de aguas residuales en la ciudad. Al momento de la toma de posesión, había dos plantas eléctricas alquiladas, que no tienen la capacidad que requiere todo el sistema de bombeo».

– «El laboratorio utilizado por Essmar para evaluar características básicas y microbiológicas del agua, ubicado en la PTAP Mamatoco, no cuenta con certificaciones de calibración actuales, ni tampoco con el personal suficiente para adelantar este tipo de pruebas. Esto implica que no se puedan adelantar resoluciones de controversias de calidad de agua ante la autoridad sanitaria correspondiente, o analizar con suficiencia los parámetros de control a vigilar por parte del prestador, dispuestos en la Resolución 2115 de 2007».

A pesar de estos inconvenientes que ponen en riesgo la garantía de eficiencia de los servicios de agua y alcantarillado en la ciudad, el juez Santander Ortiz, del Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito de Santa Marta, emitió este semana un fallo que suspendería, de manera transitoria, la intervención de la Essmar por un periodo de cuatro meses, en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el exalcalde y militante de Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, quien alegó una presunta violación al derecho fundamental al debido proceso.

Por lo anterior, se vio involucrada también la Procuraduría General de la Nación, misma que anunció una impugnación al fallo, pues señaló que se trataría de una medida improcedente pues “el afectado disponía de otros mecanismos de defensa para obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se ordenó la toma de posesión de la Essmar”.

Lo cierto es que la Superservicios contaba con 48 horas, que ya se cumplieron, para hacer efectiva la suspensión, por ahora, se proyecta una batalla jurídica entre ambas partes, en la cual, se espera un resultado que finalmente favorezca a los samarios.