Nueva Ley de Seguridad Ciudadana agrava penas por daños en bien ajeno

Con 114 votos a favor, las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron mediante conciliación el Proyecto de Ley (266 de 2021 Senado y 393 de 2021 Cámara) del Gobierno Nacional que busca fortalecer la seguridad ciudadana y los instrumentos jurídicos y recursos económicos con los que deben contar las autoridades para contrarrestar la delincuencia en las ciudades.

La iniciativa liderada por los ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior y de Defensa busca, además, reformas en la legislación penal y otras normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Código de Extinción de Dominio, al igual que regular las armas, elementos y dispositivos menos letales.

Dentro de las modificaciones a las normas del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) se contempla la del artículo 17 para que las cárceles departamentales y municipales puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

De la misma manera se adiciona un artículo a la Ley 65 de 1993 para que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital puedan diseñar, construir, dotar, operar o mantener la infraestructura carcelaria o penitenciaria a través de esquemas de Asociación Público Privadas (APP).

Es de aclarar que el INPEC seguirá prestando el servicio de vigilancia y control en los establecimientos de reclusión del orden nacional y la vigilancia privada será sólo para los sindicados.

Otro de los principales componentes de este proyecto se refiere a que se agravan las penas para los delitos de daño en bien ajeno, cuando se afecta la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares y de policía y para el delito de instigación a delinquir cuando se realiza para cometer delitos que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad.