Revocatoria contra Caicedo a la espera de un fallo para continuar su curso

En junio del 2021, el abogado Miguel Martínez confirmó en entrevista con OPINIÓN CARIBE el comienzo de un proceso de revocatoria de mandato en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sustentando que actual mandatario de los magdalenenses no ha cumplido con los puntos establecidos en el Plan de Gobierno presentado ante los ciudadanos en su posesión en el cargo.

Dicha iniciativa representa el inconformismo por los métodos considerados ineficientes de Caicedo, en su labor con la dirección del departamento. Luego de cumplirse la audiencia convocada por el Consejo Nacional Electoral – CNE, el 2 de julio, se le pudo dar inicio a la recolección de 90 mil firmas, como mínimo, que serían la antesala a una jornada de votaciones en las que se definiría si se revoca o no al gobernador.

De dicho acontecimiento ya han transcurrido seis meses, razón por la cual este medio de comunicación consultó al promotor (el abogado Martínez) para conocer el estado de todo el proceso. El jurista manifestó que el plazo inicial para la entra de signaturas vence el próximo 13 de febrero, sin embargo, existe un recurso que permite ampliar hasta por tres meses dicho proceso, por razones relacionadas con la pandemia, lo que extendería el plazo final hasta el 13 de mayo del presente año.

No obstante, Martínez aclaró que la recolección de firmas no ha podido avanzar. “No tenemos dinero para pagarle a personas o instalar mesas en cada municipio. Sin plata no se puede hacer política en Colombia y el Estado, mediante anticipos o reposición de votos, financia las campañas. Por ejemplo, en las elecciones ponen mesas urnas papelería, jurados, policías, defensa civil, en nuestro caso de revocatoria también deben desplegar esa logística”, explicó.

Por lo anterior, fue interpuesta una acción de tutela en la cual se piden garantías para el desarrollo de la revocatoria, la instalación de cubículos y mesas en los municipios para recoger las firmas, así como el nombramiento de un alcalde y un gobernador Ad Hoc, en Santa Marta y el Magdalena, respectivamente.

La acción pidió puntualmente “se tutelen los derechos fundamentales al derecho a promover la revocatoria del mandato en conexidad con el debido proceso, seguridad, vida, oposición, más los que el señor Juez considere violados en consonancia con lo expuesto”, “a la Personería Distrital garantizar que se cumplan las garantías del mecanismo de revocatoria del mandato asignando un funcionario para este proceso”, protección a la UNP para el accionante y a la Policía para las familias de los de los demás promotores, entre otras solicitudes.

El Consejo de Estado admitió la tutela el pasado 27 de agosto, posteriormente, se vinculó al Ministerio del Interior “como tercero con interés legítimo en el resultado del proceso”, dependencia que deberá entregar una respuesta sobre el nombramiento de mandatarios Ad hoc, en seguimiento a la respuesta de la Presidencia de la República, que la señaló como responsable de dichas competencias.

En caso de obtener resultados favorables a raíz de la tutela, se espera que la revocatoria continúe con luz verde.