Metrópolis
Alcaldía niega detrimento reportado en la Essmar y le ‘achaca’ responsabilidad a Rugeles
El pasado lunes 14 de febrero, la Contraloría Distrital de Santa Marta emitió un informe, en el cual ratificó un detrimento por valor de $41 mil millones en la Essmar, que tendría como responsables a los exgerentes José Dajud, Carlos Páez Cantillo y la actual candidata a la Cámara del Magdalena, Íngrid Aguirre.
El reporte de la entidad menciona que, de los hallazgos, 52 representan incidencia disciplinaria, dos con incidencia penal y 52 son administrativos.
Al respecto, se pronunció la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, quien, a través de un comunicado, calificó como “falso” el detrimento descrito en el informe de la Contraloría y aseguró que las cifras emitidas “no corresponden a un desvío de dinero, ni a un favorecimiento a terceros”.
No siendo suficiente, la administración señaló “que más de $28 mil millones corresponden a los recursos que dejaron de recibirse por la irresponsable decisión de Andrés Rugeles”, quien fungió como alcalde encargado de la ciudad desde abril hasta julio de 2019, pues aseguran que fue él quien redujo las tarifas “el 18 de abril de 2019”.
A Rugeles también lo responsabilizan por el retraso de pagos en la DIAN, aduciendo que, la reducción de la tarifa disminuyó el flujo de caja.
Así mismo, niegan haber contratado una camioneta para la Essmar por $2 mil millones y manifiestan que la empresa Viajeros, que suministra agua a través de carrotanques, “sí tiene idoneidad para prestar el servicio para el cual fue contratada”, basado en el registro de la Cámara de Comercio el cual indica que “se dedica al transporte de carga, sea cual fuese el bien a transportar”.
“De la totalidad de hallazgos, 48 son administrativos y disciplinarios. Estos se deben a que la agente interventora de la Superintendencia de Servicios Públicos no envió la documentación solicitada, afectando gravemente el resultado de la auditoría realizada a la Essmar”, asegura el comunicado.
De esa manera, la Alcaldía Distrital evitó asumir gran parte de la responsabilidad por la información que suministró la Contraloría, la cual aclaró que dicha situación será notificada ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, definiendo el hecho como algo “sin precedentes” en la ciudad.
