Las evidencias que vincularían al excontralor Zabaleta con Fuerza Ciudadana antes de su elección

El pasado 23 de febrero, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un nuevo documento, a través del cual se admitió la coadyuvancia de Lorenzo Rafael Romero Blanco, en el proceso que actualmente se adelanta en contra de la elección de Alexander Zabaleta como Contralor del Distrito de Santa Marta para el periodo 2020 – 2021, tras una demanda interpuesta por el abogado Miguel Martínez.

La información suministrada por Romero Blanco el pasado 29 de enero, habría significado un soporte importante para el mencionado procedimiento, pues con esta fue recibida nueva evidencia sobre la relación de Zabaleta con el movimiento Fuerza Ciudadana, al cual pertenece la actual alcaldesa, Virna Johnson; el gobernador Carlos Caicedo y el exalcalde, Rafael Martínez, quien, acorde con el abogado, era empleador suyo y de su compañera sentimental antes de resultar electo como Contralor.

“Él anexó unas actas de unas reuniones que se hicieron en la Registraduría, una de ellas para hacer el sorteo del tarjetón de Virna, él aparece firmando como representante de Fuerza Ciudadana. Hay una, la número 4, del 8 de agosto de 2019; la dos, del 25 de abril de 2019 y la 1, del 11 de septiembre de 2019”, explica Martínez.

Así mismo, explica que, en una de las mencionadas actas, el entonces funcionario firmó el registro del Comité Inscriptor de Fuerza Ciudadana, como apoderado de Sofía Caicedo Villarroel, hija del hoy gobernado y quien fungía como directiva del grupo político. También, en la 001, Zabaleta puso su firma como asesor del grupo significativo Fuerza Ciudadana y, además, aparece en el acta número ocho, del 17 de septiembre, suministrando la no aprobación del logo de FC alegando que no tenía las dimensiones correctas.

Además, el excontralor figura en una fotografía, añadida al expediente, en el edificio Galaxia, de Santa Marta, cuando Caicedo se encontraba en medio de una de las audiencias por presunta corrupción en la construcción de los puestos de salud. “Entonces, el contralor que va a investigar a Fuerza Ciudadana, tiene que guardar el secreto profesional de todo lo que escuchó cuando estaba con ellos”, cuestiona el jurista.

“El señor Zabaleta estaba representando al movimiento político y también concursaba para Contralor, ubicándose en una posición de ventaja frente a los otros aspirantes, pero lo más grave, y es el motivo de la demanda, es que fue elegido por parte de los concejales sin tener en cuenta el principio de objetividad en la persona que iba a ocupar el cargo, que no iba a hacer las cosas objetivas porque, simultáneamente, fue empleado y simpatizante de Fuerza Ciudadana, cuyos candidatos ganaron la Alcaldía y la Gobernación y a quienes tenía que vigilar”, expresó Martínez.

Lo que generó preocupación en elección de Alexander Zabaleta, de acuerdo con las declaraciones del abogado, es que, tras su llegada al cargo, el Contralor debía vigilar obras que se encontraban inconclusas de los gobiernos anteriores, es decir, de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, como la Megabiblioteca.

“Él era empleado de FC, era representante de la hija del gobernador y apoderado del papá del gobernador, quien también era directivo del movimiento”, aseguró el accionante del caso.

Estas pruebas, que dieron paso a la coadyuvancia de Lorenzo Romero Blanco, resultan importantes para esta situación debido a que “en la decisión que se había tomado antes, no habían alcanzado a ingresar porque la Registraduría no las incorporó”.

¿Cuáles serían las repercusiones de este proceso?

Este proceso de nulidad electoral continúa avanzando, incluso cuando Alexander Zabaleta Jiménez ya salió del cargo de Contralor de Santa Marta, no obstante, de darse un resultado que, en efecto, haga nula su elección, las consecuencias se trasladarían al ámbito disciplinario.

Además, explica Martínez, podría implicar la pérdida de investidura de los concejales que votaron para escogerlo como funcionario de la Contraloría, lo que les impediría ocupar cargos públicos nuevamente.

“Zabaleta también estaría incurso en una pérdida de investidura y, si decretan la nulidad, nunca más podrá, en una posterior demanda que se presenta también ante el tribunal, ocupar cargos públicos por haber sido elegido estando inhabilitado, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades”, aseguró el abogado.