Concejo inició control político abordando la suspensión de plazas docentes en el Distrito

El Concejo Distrital de Santa Marta procedió con el primer ejercicio de control político del año llevado a cabo con la presencia del Secretario de Educación, Antonio Peralta Silvera, en torno a las 273 plazas docentes que actualmente se están suspendidas en el Distrito, lo que viene generando un déficit en la atención académica que debería estar garantizada en las instituciones públicas de la ciudad.

Ante esta situación, en la capital del Magdalena, de acuerdo con la explicación del cocejal Jorge Yesid Ospino, se vienen desempeñando labores en provisionalidad por docentes temporales quienes, asegura, también fueron enviados a cumplir labores de proselitismo, como recolección de firmas, para poder obtener la renovación del contrato.

La situación fue altamente criticada al interior del recinto, teniendo en cuenta las deficiencias que Santa Marta ha demostrado en el ámbito académico, que queda evidenciada en los resultados de las pruebas de conocimiento aplicadas a nivel nacional, en las cuales en Distrito se ubica en los últimos lugares.

“No tenemos una educación de calidad, somos penúltimo en las Pruebas Saber, la calidad educativa no es tener más profesores, esta se basa, primero, en la modernización de las aulas, en las herramientas y los recursos suficientes en pro de conseguir un progreso a nivel académico, se basa también en la metodología que utilizan los docentes, en las buenas instalaciones donde se enseña, aquí, en los colegios públicos, no hay, en la capacitación de los docentes, porque aquí trabajan con las uñas. Aquí no se han preocupado en fortalecer los procesos de enseñanza y mucho menos en mejorar la calidad educativa”, expresó la concejal Miguelina Pacheco.

En su intervención, el actual jefe de la cartera de Educación, aseguró que el Gobierno Nacional tuvo tres puntos principales para la suspensión de la planta, empezando por la falta de presencialidad y alternancia durante el 2021 en el Distrito, el avance de las matrículas y la relación técnica.

“Ya hemos cumplido con los requisitos y hoy estamos haciendo la exigencia al Ministerio de Educación Nacional que le devuelva la planta de docentes porque las inconsistencias que ellos pudieron decir de lo que haya sucedió ya lo hemos superado en este año, con las tareas que hemos cumplido y las visitas que ellos hicieron, además con unos compromisos que nos hicimos y que hemos venido desarrollando con toda la capacidad”, añadió Peralta, solicitando apoyo en una cruzada para que la ciudad recupere dichas plazas.

Sin embargo, la información fue refutada por la concejal Marta García, quien aseguró sentirse “desconcertada” por la intención del Secretario de “defender una administración negligente”, pues, el Ministerio emitió unas recomendaciones que debían seguirse para la implementación de la alternancia, que no fueron atendidas por la Alcaldía ni por la dependencia en cuestión.

Así mismo, se refirió a una primera viabilidad a las 273 plazas por parte del Ministerio de Educación, con las cuales el Distrito no habría cumplido, pues, luego de un estudio, se comprobó que 16 estaban sin ocupar.

“Son recursos del Sistema General de Participación, que llegan acá y que no se están utilizando porque los docentes no se han nombrado (…) Vimos cómo los docentes de las listas de elegibles protestaban porque no los nombraban y la administración dijo que esas eran plazas exclusivas y Santa Marta sólo tiene 27. La Secretaría de Educación tiene todas las facultades para nombrarlos porque la Ley los exhorta”, aseguró, cuestionando la necesidad que existe en las áreas rurales sobre la presencia de profesores.

“Aquí no impera la facultad que dé la Ley, aquí impera la facultad que dé el que manda”, agregó, al tiempo que responsabilizó a la Alcaldía por la “negligencia y omisión administrativa que no supo mantener las plazas”.

El conejal Ospino, por otro lado, criticó la inexistencia de un departamento de calidad en la Secretaría de Educación, incluso cuando fueron asignados recursos por el monto de $10 mil millones para el desarrollo de estos procesos, que deberían estar destinados al sostenimiento de las instituciones y sobre los cuales no se conoce el destino de inversión.

Así mismo, denunció que las vacantes en cuestión fueron suplidas por personas que no ejercen la docencia, informando, además, que un alto funcionario de la dependencia nacional explicó que la suspensión de las plazas obedeció a la “deficiencia en la organización de la matrícula, la distribución de la planta, la provisión inoportuna de los cargos (no los nombraron todos, dando un mensaje que no se requerían)”. “Sobre la base de la gestión anterior, no se atendió al Ministerio de Educación para la prórroga, se desconocieron los equipos del Ministerio y ni siquiera se asistió a las convocatorias que se hicieron en Santa Marta”, explicó.

Para el 16 de marzo quedó programado un próximo debate con el mismo funcionario, en el cual será entregado, por parte de los concejales, un informe detallado sobre la situación educativa del Distrito, cuyo estado se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la corporación.