El ‘Yo con Yo’ de Franklin

La mano del último integrante con curul de Opción Ciudadana tiene mucho que ver con los 55.129 votos que obtuvo la hoy Representante a la Cámara por Cambio Radical Sandra Ramírez Caviedes. La campaña reportó ingresos y gastos del debate por 300 millones de pesos; entre los donantes destacan, además de su esposo, su papá y su cuñada, el excandidato a la Alcaldía Aristides Herrera y la periodista Saray Gámez Bolaño. En los informes de gastos llama la atención que no se registran desembolsos para publicidad, muy a pesar de las vallas que se vieron en varios puntos de la ciudad, pero sí pagos por 121 millones de pesos a uno de los aportantes y también exmiembros de la UTL del Congresista Lozano, para suministro de elementos publicitarios, sin  presentarse un informe pormenorizado de tal provisión como lo exige la Ley.

Por: Unidad Investigativa Opinión Caribe

La inscripción de Sandra Milena Ramírez Caviedes en la Lista a la Cámara de Representantes por el Magdalena generó la renuncia al Partido Cambio Radical de José Luis Pinedo Campo, quien en la actualidad posee una curul. Esa fue la primera polémica en la que se vio envuelta esta candidatura.  La otra polvareda que se armó en torno a la figura de Ramírez fue el 12 febrero, a poco menos de un mes del debate, cuando la Revista Cambio publicó la columna de Yohir Akerman titulada: La heredera radical.

Dijo Akerman en su escrito de opinión, que “Sandra Milena Ramírez Caviedes es la carta del partido Cambio Radical para la Cámara de Representantes por el departamento del Magdalena. Está casada con el actual representante a la Cámara Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, del partido Opción Ciudadana […] fundado en 2009 como el Partido de Integración Nacional (PIN), por Luis Alberto Gil, un parapolítico de pura cepa”, además, siguiendo las dinámicas tradicionales de la política colombiana: “El señor Franklin Lozano Pimienta fue la tercera firma, y por supuesto pagó prisión por eso. No sin antes heredar sus votos del paramilitarismo al señor Franklin del Cristo Lozano de la Ossa. Y ahora, ese mismo legado y batón pasa a su esposa, la candidata Sandra Ramírez, como la heredera de todo ese clan encaminado a seguir con la bonita tradición. Tradición parapolítica.”

Aunque en Colombia las responsabilidades penales son individuales, las reglas de la experiencia han demostrado que en lo que se refiere a política, los caudales electorales se transfieren de una persona a otra para mantener la representación familiar en las esferas e instancias de poder y burocracia. Además de las suspicacias electorales que despierta, dada su relación con el congresista Lozano de la Ossa, Sandra Milena Ramírez tiene que lidiar con el hecho de que su papá: Alonso Ramírez Torres fue condenado a siete años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, tras comprobar en el proceso que financió su campaña a la Cámara de Representantes en 2006 con dinero aportado por el exparamilitar Hernán Giraldo Serna.

No es la primera vez que Sandra Ramírez participa en política: fue elegida como diputada del Departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2008-2011. El 2 de octubre de 2009 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de esa elección, por estar incursa en la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, es decir, haber ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección.

También hubo sanción disciplinaria: el 17 de junio de 2010 luego de un largo proceso,  la Procuraduría Regional del Magdalena declaró a Sandra Ramírez Caviedes disciplinariamente responsable, destituyéndola e inhabilitándola para desempeñar cargos públicos por 10 años. Aunque hizo uso del recurso de apelación, el 25 de enero de 2011 se confirmó la decisión de primera instancia.

A pesar de las críticas que pudieron haberse presentado, Ramírez Caviedes obtuvo una de las cinco curules que tiene el Departamento del Magdalena en la Cámara de Representantes. Los más suspicaces piensan que las correrías que publicitó hace un tiempo Franklin Lozano no tenían únicamente la intención de divulgar su intención de aspirar a la Gobernación del Magdalena, sino también abonar el camino a la ‘exitosa’ campaña de su mujer, que obtuvo 55.129 votos el pasado 13 de marzo.

Entre amigos la política es más rentable

Hay un viejo refrán que reza: la política es mejor hacerla con los amigos. Franklin Lozano de la Ossa  lo sabe y lo pone en práctica, por eso a su esposa, Sandra Milena Ramírez, también heredera de sus votos y de la silla que éste ocupara en la Cámara de Representantes por varios años, se le vio acompañada y le aportaron dinero gente cercana a él.

Precisamente, los 300 millones que reportó esa campaña en ingresos se obtuvieron de solo dos rubros: Créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes, donde se registran $180 y $120 millones como Contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie, que realicen los particulares.

Los primeros 180 millones de pesos fueron aportados así: 120 millones puso Franklin Lozano en 6 giros de 20 millones cada uno en diferente momento de la campaña; 40 millones del patrimonio de la candidata y 20 millones más aportados por Alonso de Jesus Ramírez Torres, su papá. Los 120 millones de pesos restantes, según consta en los documentos disponibles en Cuentas Claras, los pusieron: Saray Lorena Gamez Bolaño: 30 millones, Aristides José Herrera Posada: 50 millones y Gisela Matilde Lozano de la Ossa: 40 millones. Una de estas personas aparece también en los reportes de gastos recibiendo pagos por un valor superior a su donación.

El primer reporte tiene que ver con los Gastos de administración, concepto por el cual fueron pagados de acuerdo al informe $ 41 millones. Aquí se detallan los pagos así: arriendo de sede política en Santa Marta y Ciénaga;  pago de honorarios Coordinador de Avanzada; pago de honorarios a integrantes de la Avanzada y Logística; pago de honorarios para Coordinadora de la Sede Política; honorarios para la Asistente Administrativa; honorarios conductor y honorarios por servicio de limpieza en la Sede Política. En Gastos de oficina y adquisiciones solo informaron un millón 600 mil pesos.

En el rubro de materiales y publicaciones pagaron casi 7 millones de pesos a la empresa T-Shirt Group por la compra de camisetas para eventos políticos. Los Actos públicos le representaron a la campaña un egreso de 19 millones. Los pagos fueron hechos por servicio logístico incluyendo sonido, tarima y sonido para reunión masiva en Ciénaga a la Fundación Pueblos Patrios; alquiler de salón de eventos para reunión en Santa Marta a favor de Sierra Mar Eventos; dos reportes de alquiler de sillas pagados a Lázaro Moscarella;  dos desembolsos a Makro Supermayorista por compra de refrigerios;  también aparece referenciado Eventos D´Markas por el alquiler de salón de eventos incluyendo alimentación para reunión masiva de dirigentes en Santa Marta y el último registro es a favor de Luis García Machado quien suministró los refrigerios día del debate.

Uno de los gastos más importantes reportados, tiene que ver con Servicio de Transporte y Correo, componente donde la campaña pagó 48 millones de pesos a Darwin Navarro Carrascal para el suministro de transporte el día del debate. Aunque reportaron egresos por concepto de Gastos de capacitación e investigación política por 18 millones de pesos y  Gastos judiciales y de rendición de cuentas por 24, no se encontraron los documentos soporte de tal registro, razón por la cual no se sabe a quién o quienes se le pagaron esos 42 millones de pesos.

Como la mayoría de las campañas, la de Sandra Ramírez reporto en propaganda política el gasto más grande. Los 5 pagos reportados y que suman 141 millones fueron hechos por dos conceptos: a las siguientes personas así: 4 desembolsos por concepto de Suministro de Elementos Publicitarios a Xavier Darío Martinez Salah, quien hasta hace poco hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Franklin Lozano por 69 millones; Saray Lorena Gamez Bolaño, persona que figura como aportante de la campaña y descrita por los medios de comunicación como una ‘dura’ activista política que ha manejado a nivel regional los hilos del movimiento que lidera el congresista Lozano de la Ossa: 38 millones y 24 millones y medio para el periodista Ivan Campo Mengual. Los restantes 10 millones se le pagaron, de acuerdo al documento a Alonso Ramírez Caviedes, hermano de la candidata, por cuenta del alquiler de carrovalla para perifoneo en la ciudad de Santa Marta.

Es curioso que una persona figure en los reportes como aportante y beneficiario de pagos en una misma campaña, como ocurrió en ésta donde Saray Gámez registra como donante de 30 millones y receptora de un desembolso de 38 millones, es decir, antes de la posesión de la Representante Ramírez, recuperó su dinero y un margen de ganancia de 8 millones. También resulta extraño y si se quiere sospechoso, que en este aparte no se haga la discriminación de conceptos que se hizo en los otros reportes de gastos, impidiendo conocer los gastos reales en vallas, afiches, cuñas radiales, publicidad en medios de comunicación y redes sociales, etc.

Dadas las circunstancias, los reportes documentales presentados al Consejo Nacional Electoral y las publicaciones en redes sociales, podría decirse que el acompañamiento y casi ejecución de los ejes discursivos de la campaña prestados por Aristides Herrera más que un impulso político, fue un ejercicio de cuidado de su donación, a la espera de una retribución burocrática como ocurrió cuando por cuenta de su respaldo electoral al senador Miguel Amín fue nombrado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si ‘El man del Agua’ donó 50 millones a esta campaña ¿quiere decir entonces, que tiene un gran soporte financiero para aspirar nuevamente a la Alcaldía de Santa Marta?

Finalmente, resulta desconcertante que no se hayan adjuntado en la plataforma los archivos que contienen en detalle los gastos de oficina y adquisiciones, gastos de capacitación e investigación política, gastos judiciales y de rendición de cuenta, costos financieros; gastos que sobrepasan la suma fijada por el consejo nacional electoral y otros gastos, hecho que debería ser tenido en cuenta para hacer efectiva o no la reposición de votos, que podría sobrepasar los gastos de campaña reportados.