El “cambio” y la seguridad nunca llegó al Magdalena

Por: Luis Arce Carvajal

La agenda de seguridad y convivencia, constituye uno de los mayores retos en materia de respuesta institucional y garantías de protección a los ciudadanos. En un país como Colombia, en el que el conflicto armado y los problemas de orden público se han agudizado y escalado en los territorios, la precaria capacidad local de los municipios más alejados, como el caso de Guamal, San Sebastián y el Banco en el Magdalena, no permite dar una respuesta a gran escala a problemáticas de alto impacto como el generado por el Clan del Golfo, los reductos del ELN y la criminalidad local.

Y es que administrar la agenda de seguridad requiere responder a desafíos y brechas sociales históricas, evidenciadas en los niveles de pobreza e insatisfacción de necesidades básicas, la ausencia de vías secundarias y terciarias en municipios con más del 50% en zonas rurales, víctimas del conflicto armado y donde el paramilitarismo campeó rampantemente durante más de 20 años, dejando las huellas de la guerra en los cuerpos, las almas y las memorias de los campesinos magdalenenses sin verdad, justicia y reparación.

El paro armado promovido en días anteriores por el Clan del Golfo evidenció aún más las inequidades de un departamento centralizado y desconectado de los territorios rurales. El crecimiento de fenómenos macro criminales, había sido alertado en el 2020 por la Defensoría del pueblo mediante la Alerta Temprana 012: “En cuanto a la forma de operación de las AGC en el territorio, debe destacarse que este grupo armado ejerce mayor control en las zonas rurales, donde con frecuencia pernoctan por varios días, especialmente en los corregimientos y veredas en la vía que conecta San Sebastián con Astrea y en Guamal.”.

 Pese a esto, la respuesta institucional ha sido liderada principalmente desde las alcaldías locales con poca o nula intervención por parte de la Gobernación del Magdalena. La capacidad de municipios pequeños como Guamal, San Sebastián, entre otros, es rebasada por un grupo criminal que opera entre departamentos, robustecido por los exparamilitares del proceso de paz 975 que retornaron a los territorios, sin ningún proceso de reintegración efectiva, con alto entrenamiento criminal y atractivas “ofertas económicas” por parte del Clan del Golfo, en un contexto migratorio sin precedentes y de poca inversión departamental y nacional.

Frente a esta situación, el gobierno departamental no ha demostrado mayor liderazgo, realizando consejos de seguridad interminables y reuniones inocuas para diagnosticar sobre lo que ya se encuentra diagnosticado y alertado, con una incapacidad para establecer diálogos interdepartamentales que garanticen la seguridad de los ciudadanos frente a un fenómeno robusto, con financiación, capacidad operacional, logística y de comunicación. En el caso del municipio de Guamal, el resultado de estas acciones solo ha permitido responder institucionalmente con 11 policías y 3 motos, en un municipio lleno de trochas, vías destapadas que pasan de un departamento a otro. Una solución irrisoria, que no atiende oportunamente el problema; como podría ser que la política integral de seguridad y convivencia en el departamento estuviera articulada a la agenda social y productiva que permita cerrar brechas, contratar obras para las vías secundarias y terciarias, garantizar derechos bienestar a la población, atendiendo problemas de fondo. Así como el fortalecimiento de la fuerza pública, las labores de inteligencia y un diálogo que permita la movilización de una agenda de seguridad interdepartamental que, a través de una policía de carabineros interconecte a los municipios de la depresión Momposina.

Sin embargo, la cantidad de responsabilidades que recaen sobre la agenda local, por una gobernación desconectada de la ruralidad en el Magdalena, sin efectiva articulación con los gobiernos locales y mucho menos en dialogo fluido con el gobierno nacional, aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos y sume al Magdalena en la pobreza, la inseguridad y la desesperanza. El Magdalena “cambió” el color de las vallas y la publicidad, pero, los problemas estructurales siguen cobrando las vidas de los campesinos y los más pobres en los apartados municipios del departamento, alejados de Santa Marta, donde se acuerdan de nosotros solo en época electoral.

Corolario: mi solidaridad con los Secretarios de Gobierno de los municipios de Ciénaga Héctor Zuleta y Pueblo Viejo, Jhonatan Roldan, quienes fueron declarados objetivo militar por el Clan del Golfo. Ojalá que las autoridades actúen de manera rápida y efectiva para protegerlos.