La Contraloría General de la República hace control preferente sobre la Contraloría Departamental en caso de Unimagdalena

Hace pocos minutos, se conoció que la Contraloría General de la República resolvió “decretar la intervención funcional de oficio sobre el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2022 – 1013”, el cual fue iniciado por la Contraloría Departamental en contra de Jaime Noguera Serrano, vicerrector Administrativo de la Universidad del Magdalena, por considerar que hubo “múltiples irregularidades” en la celebración y ejecución del contrato CPS VAD-2018 que, presuntamente, habría causado un detrimento al patrimonio de la institución de educación superior.

Con este nuevo documento obtenido por OPINIÓN CARIBE, queda establecido que será la Contraloría General de la República la que asuma el conocimiento del caso directamente, señalando que, en la entidad departamental, encabezada por Alberto Garzón Wilches hubo una serie de faltas, como violación de la reserva sumarial “por la difusión masiva y anticipada de la existencia del proceso de responsabilidad fiscal en contra de los petentes, en la que el Contralor General del Departamento del Magdalena revela detalles de los nombres de los investigados”, así como la conducta que motivó la investigación, el nombre del contratista y el valor del contrato.

Además, señalan también la violación al principio de imparcialidad dado que la territorial encabezada por Garzón Wilches “se anticipó al resultado de la práctica probatoria, aún no surtida, y calificó a la opinión pública que ellos eran ‘presuntos responsables fiscales’”, lo anterior, sin tomar en consideración que en el expediente no existen pruebas que suministren “certeza respecto del daño patrimonial causado a la Universidad del Magdalena”.

Así mismo, la CGR puso en duda la objetividad de la Contraloría territorial, haciendo referencia a que la apertura del proceso “no obedece a las razones legales previstas” para este tipo de procedimientos.