“Con el asesinato de Joel se envía un mensaje de dominio a la ciudad”

Ayer martes, en Santa Marta estuvo circulando un panfleto firmado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también llamados Los Pachencas, con el cual enviaron una amenaza directa a los “padres de familia de los jóvenes tiradores de piedra” de la ciudad, quienes en los últimos meses habían sido foco de rechazo por parte de los habitantes por los constantes enfrentamientos que protagonizaban, principalmente, en la Vía Alterna al Puerto.

Aunque las autoridades anunciaron estar investigando la veracidad del mismo, en la noche de ese mismo jueves, fue asesinado a tiros Joel David Ibáñez, líder del grupo ‘Los 777’, uno de los señalados de liderar las ‘tiraderas’ de piedras. Su homicidio ocurrió en la cacha del fútbol del barrio El Pantano, cuando se encontraba acompañado con algunas de sus amistades.

La situación ha generado rechazo entre los líderes y defensores de Derechos Humanos del Distrito, quienes cuestionan las pocas acciones ejercidas por las autoridades locales, ante las notorias amenazas que ya habían sido emitidas, tomando en consideración que estos jóvenes, en reiteradas ocasiones, pidieron a la administración, en cabeza de Virna Johnson, oportunidades para acceder a empleos dignos y educación.

Joel Ibáñez, conocido también como ‘Yoyo’, venía liderando, además, un llamado para el acabar con la violencia que venía creciendo en la Vía Alterna, incluso, estuvo presente en el Concejo Distrital replicando el mismo mensaje que ya había entregado a Alcaldía. “Vengo aquí por ‘los triple 7’, por mis muchachos, no les nieguen la oportunidad a los ellos, que están falta que los escuchen y que nos den una oportunidad para salir adelante, tenemos mucho talento”, fueron las palabras del hoy fallecido en su intervención en la corporación, ocurrida el pasado 5 de julio, en donde denunció otras dos amenazas de muerte.

Hubo omisión al deber constitucional

Sobre el tema, fue consultada la psicóloga, lideresa y defensora de DD. HH. Jennifer Del Toro, quien fue clara al afirmar que hubo negligencia por parte de las autoridades y una “omisión al deber constitucional de debida diligencia en prevención de Derechos Humanos y de violación de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad y a la integridad personal”, pues, afirma que estos jóvenes ya habían integrado los procesos de concertación y acompañamiento con la Alcaldía Distrital y que, por lo tanto, no eran personas desconocidas para la administración ni para las diferentes Secretarías (de Promoción Social, la Seguridad, la de Salud, Secretaría de Educación) que también habían hecho mesas de trabajo con los jóvenes del citado barrio para impedir que se siguieran presentando los bloqueos y las agresiones.

“Sin embargo, estas actas de compromiso no tuvieron seguimiento, de tal manera que terminaron en incumplimiento que reavivaron nuevamente la conflictividad entre los distintos combos que se enfrentaban en este lugar. Esta conflictividad que no pudo ser resuelta a través de la política pública, ni siquiera a través de la Policía, que, entiendo, hacía patrullajes diarios en el sector, lamentablemente fue respondida con violencia paramilitar que, además, envía un mensaje peligroso a la ciudadanía de control y poder”, expresó Del Toro.

Así mismo, afirma que la reconfiguración del orden paramilitar y de la criminalidad organizada en Santa Marta y su zona rural, es una situación que ya había sido denunciada desde hace tres años.

“Hoy con el asesinato de Joel se envía un mensaje de poder, control y dominio a la ciudad, por parte de estas estructuras que tienen la capacidad, por ejemplo, de dar golpes como estos y de someter a la población al silenciamiento de sus demandas.
En últimas lo que debe entender la ciudadanía, es que son muchachos que no pasan los 20 años, pidiendo garantías mínimas, acceso a educación, a oferta de empleo, salud y cuestiones de básicas en sus comunidades. Entonces que se responda con muerte a estos reclamos tan elementales envía un mensaje muy peligroso y pone en riesgo la democracia y la convivencia en la ciudad”, expresó la defensora.

“A Joel lo habían visibilizado”

Lerber Dimas Vásquez, antropólogo experto en violencia, también se pronunció sobre lo sucedido, afirmando que, a su juicio, “si hay negligencia por parte de las autoridades tanto Distritales como judiciales” debido a que ellos son conscientes de la disputa abierta que existe entre bandas criminales que han dinamizado los homicidios en el Distrito.

El panfleto, explica, estaba construido de manera uniforme, tenía los logos, la misma intencionalidad, el mismo modelo de escritura y aspectos importantes como la circunstancialidad y el propósito. “Ellos como autoridad competente, que tienen inteligencia y que no son nuevos en estos temas, saben perfectamente cómo se mueve el mundo del hampa, sabía que ese panfleto era original y lo que tenían que hacer era proteger a los líderes que habían visibilizado”, expresó el también defensor de DD. HH.

“A Joel lo habían visibilizado a través de los medios de comunicación, era con quien se reunía la alcaldía, era con el que la Policía sostenía comunicación para entablar cualquier tipo de intervención en el territorio, era la persona visible. Las autoridades sabían que, si los grupos armados iban a actuar, iban a hacerlo sobre los cabecillas de estos jóvenes. No era simplemente decir que estaban reforzando la seguridad porque ellos sabían que la acción inmediata luego de la veracidad de un panfleto es el homicidio de la persona, tenían que actuar para protegerle la vida, generar un mecanismo para que no lo fueran a matar”, añadió, haciendo énfasis en la negligencia que, considera, fue ejercida por las entidades.

“En esta ciudad la autoridad la ejercen los paramilitares”

Norma Vera Salazar fue otra de las Defensoras que criticó la falta de acción de las autoridades y el “nivel de incompetencia” que, asegura, demostraron con este tipo de hechos en los que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir este desenlace fatal.

“En esta ciudad la autoridad la ejercen los paramilitares”, expresó, añadiendo que “la Policía no verificó si el panfleto era real y jugaron con la vida de los muchachos”.

“Hoy puedo decir que tienen las manos manchadas de sangre, por su incapacidad y negligencia operativa”, indicó.

Al conocerse la situación que se presentaba con los jóvenes de la Vía Alterna, Vera Salazar decidió involucrarse enviando derechos de petición a la Alcaldía de Santa Marta, en cabeza de Virna Johnson, para que fuese realizado un censo sobre los hogares afectados, sin embargo, las respuestas de la administración habrían sido nulas.