Grupos armados piden al Gobierno electo iniciar negociaciones a partir del 7 de agosto

El pasado 19 de julio, se conoció una misiva enviada al presidente electo Gustavo Petro, a la vicepresidente Francia Márquez y a quien será el ministro de Relaciones, Álvaro Leyva Durán, firmado por 38 grupos armados al margen de la Ley, con la cual solicitan ser parte del proyecto “de unión real de todos los colombianos”, asegurando que están dispuestos a dialogar y reconciliarse.

En la carta, estas organizaciones indican que la propuesta la hacen “con el objetivo de parar de violencia cíclica que algunos” de ellos están controlando en el territorio, aclarando que no se refieren “a la que controla el Estado (que maneja sus propios intereses”.

Así mismo, aseguran que, a partir del 7 de agosto de 2022, fecha en la que se posesiona el gobierno electo, están dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad.

“Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado, estamos dispuestos a pedir perdón, estamos dispuestos a aportar verdad total e integral, estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir actos criminales, estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa, estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para nuevas generaciones”, se lee en el documento.

De igual manera, reiteran que el “país se debe reconciliar y en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel”, alegando que, a la fecha, “está comprobado que es una ‘universidad del crimen’ que no cumple con los fines de la reconciliación”.

“Creemos que, a partir de este compromiso, Colombia y nosotros nos merecemos una segunda oportunidad que incluya compatriotas presos en el exterior que tengan el compromiso honesto y real de esclarecer la verdad de los hechos oscuros de nuestro país, que los colombianos y el mundo entero tiene derecho a conocer”, manifiestan.

En la misiva, también hacen un llamado a los demás grupos armados que todavía no se han pronunciado al respecto, para que se unan a lo que ellos han denominado un propósito nacional, con el objetivo de alcanzar la paz, “por medio de una manifestación sincera y real de cese de fuego”, para la cual convocan, además, a todos los sectores de la sociedad, incluyendo empresarios y Fuerzas Vivas que, aseguran, los han acompañado en la guerra.

“Que ahora nos apoyen en este momento histórico en el cual nos estamos comprometiendo por la Paz de nuestro amado país”, añaden.

Por otro lado, pidieron garantías iguales a las obtenidas por los miembros de otras organizaciones criminales, de la fuerza pública, agentes del Estado y terceros civiles que han participado en el conflicto nacional “para reemprender un nuevo camino de la mano de la sociedad y del pueblo colombiano”.

“No queremos justificarnos, pero si queremos que entiendan que si estamos o estuvimos en la ilegalidad fue por necesidad y falta de oportunidades que no negaron los gobiernos anteriores en los cuales nunca hubo una verdadera democracia, una verdadera justica, ni tampoco un verdadero estado de derecho para nosotros los excluidos y marginados de la sociedad”, explican, indicando que el Gobierno electo los “tiene en cuenta”.

En otro de los apartes, señalan a los políticos corruptos como “peor mafia”, indicando que la “narco-economía ha sido fundamental para alimentar todo el dolor que ha padecido” el país, “entiendo que permeó todas” las instituciones.

En el escrito, señalan al Estado de no haber sido capaz de garantizar “un empleo medianamente formal y digno, como tampoco a la clase trabajadora urbana y campesina”. Además, dejan claro que no están de acuerdo con los mecanismos como la extradición, pues, consideran, sólo debería operar en casos en los que haya ausencia de la verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición.

“Extraditar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas, como también es un falso reconocimiento de que el Estado colombiano es incapaz de resolver sus propios problemas”, concluyen.

En el documento, figuran como gestores el Comité de Presos por la Verdad de Colombia – Mesa temática, Francisco Zuluaga Lindo, Luis Calderón Montenegro, la Corporación La Villa de la Esperanza, Carlos Jiménez Naranjo, la Corporación Multiactiva Víctimas Conflicto y Paz ‘Vicon’, Jacinto Alberto Soto Toro y Edgar Gutiérrez Arenas.

Como proponentes del cese al fuego, es espera de una respuesta del nuevo gobierno, se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), Grupo los Rastrojo, Grupo La Inmaculada de Tuluá, Grupo los Shottas de Buenaventura y Grupo Mexicanos del Quibdó.

Así mismo, apoyan y acompañan la solicitud el Bloque Central Bolívar, Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC Bloque Boyacá, ACC Bloque Sur del Casanare, Bloque Sur del Meta, Bloque Cundinamarca, Bloque Grupos Especiales, Bloque Vencedores del Arauca, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada, Bloque Los Masetos del Carmen del Chucurí, Bloque Héctor Julio Peinado, Bloque Centauros – Arroyave, Frente Contra Insurgencia Wayuu, Bloque Sur Putumayo, Bloque Héroes del Llano, Bloque ERPAC, Fuerzas Insurgentes Armadas de Colombia, Bloque Minero, Bloque Héroes de Tolova, Bloque Pacífico, Frente Héroes de Volador, Bloque Noroccidente Medio de Antioquia, Bloque Tolima Casa Castaño, Bloque Metro, Frnte Isidro Carreño, Frente Ramón Danilo, Frente Héroes del Chocó, Autodefensas de Santander y Cesar, Frente los Auroreños Norte del Casanare, Frente Héroes de San Fernando, Frente Resistencia Motilona y Frente Alto Ariari.

En el listado, hasta la fecha, no está incluido el grupo armado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, conocidos también como Los Pachenca.