Experto en violencia entrega análisis sobre los matices de la extorsión en Santa Marta

El aumento de la ola de inseguridad que se vive en Santa Marta tendría detrás una serie de aspectos que no han podido ser neutralizados por las autoridades, tal como la injerencia de los grupos paramilitares en las zonas urbanas y rurales para ejercer control en el territorio.

Al respecto, el antropólogo, defensor de Derechos Humanos y experto en violencia, Lerber Dimas Vásquez, se pronunció de manera reciente a través de su cuenta de Twitter, con un amplio análisis que aborda el flagelo de la extorsión en el Distrito. En este, señala los “varios matices” que este delito tiene en la ciudad, con el objetivo de enfrentar “uno de los más grandes mecanismos de riquezas de los ilegales”.

El líder social señala que este tema está presente en las siguientes modalidades:

–Extorsión clásica: consiste en el pago mensual a tiendas de barrios. La mensualidad varía del tamaño del negocio y de la negociación previa. Esta modalidad se da en los barrios periféricos y el problema se agudiza cuando hay disputas de dos bandos. Les toca pagarles a los dos.

– Extorsión Express: basada en la retención del vehículo y el conductor, por no estar “autorizado” para comercializar algún tipo de producto en zonas de control paramilitar. Quienes sí están autorizados hacen parte de monopolios que pagan cuotas anuales y mensuales.

– Extorsión a turismo: un primer ejemplo radica en definir precios a restaurantes. Si una bandeja sale a todo costo en 20.000 se sube el precio a 25.000. Los 5.000 pasan a sus manos y para esto tienen encuestadoras. Esta modalidad aplica, sobre todo, en zonas rurales.

Ejemplo 2. Peajes ilegales en diferentes zonas. Se hacen con el fin de controlar, pero tienen doble registro. En teoría el dinero va para adecuaciones y mejoras; sin embargo, es controlado por los grupos paramilitares. Un peaje de estos puede producir un fin de semana 10 millones.

Ejemplo 3. Cuotas mensuales establecidas a quienes devengan de esa actividad, pero son informales: lancheros, carperos, silleteros, arrieros, guías y conductores, son los más afectados. No es generalizado, pero hay sectores que llevan años pagando mes a mes o en las temporadas.

–Extorsión mercado público: aquí pagan mayoristas y minoristas. Pagan los camiones que ingresan con productos y por supuesto, los grandes negocios a quienes les exigen desde dinero mensual hasta compras (alimentos) para las tropas. El mercado cumple la función de control.

– Extorsión a hoteles, hostales, empresas: con tarifas mensuales o anuales por el concepto de seguridad, garantías de protección de la inversión y movilidad de sus productos o servicios (hace parte del POTP). Aplica para empresas legalmente constituidas.

–Extorsión por adquisición: es un equivalente al 10% sobre el precio bruto del bien a comprar, ya sea casa, finca o negocio. Este es un pago único que se hace con el cierre del negocio. Este pago no exime las mensualidades que serán cobrados mes a mes dependiendo de la actividad.

– Extorsión por seguridad: los famosos “Serenos” en algunos sectores, sobre todo en donde hay dominio paramilitar. Nadie los regula y no trabajan con la Policía e imponen semanalmente una tarifa a cada casa y a cada local comercial. Son dirigidos por alguien que nadie sabe quién es.

–Extorsión por ilícitos: también los delincuentes pagan. Narcotraficantes y micro-traficantes. Quienes se dedican a la actividad ilícita, por ejemplo, aquellos que comercializan teléfonos robados. Pero, luego hay que asesinar al que roba en las calles porque ese es el malo.

“Hablar que en Santa Marta no hay extorsión es desconocer estas realidades y esa respuesta institucional hace que se pierda la confianza y la gente pague. Las modalidades son varias, no son generalizadas, pero de todas hay registros. Nadie y, sobre todo, ninguna empresa legalmente constituida, va a reconocer públicamente la extorsión y prefieren disfrazarla con contratos que justifican un pago por una actividad laboral. Muchos pagan. YO, PAGUÉ”, concluye.