LOS ATEOS DEL MILAGRO DE LA VÍA

Abelardo de la Espriella respalda la Vía Milagro y ha sentado en dos ocasiones a ministros, autoridades ambientales, Gobernación, contratistas e interventores. Pero en Puebloviejo, donde el proyecto enfrenta ocupaciones, presiones y posibles extorsiones, una carta enviada a las autoridades no ha recibido respuesta escrita ni producido acciones visibles sobre el terreno.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Desde su elección, el presidente Abelardo de la Espriella ha promovido dos reuniones de alto nivel para sacar adelante la Vía Milagro, una infraestructura estratégica para la conexión Santa Marta-Barranquilla y la protección de la Ciénaga Grande.

El respaldo nacional existe. El problema comienza cuando esa voluntad debe convertirse en autoridad sobre los terraplenes de Puebloviejo.

El 31 de agosto, Ruta Magdalena Sierra Mar le escribió al alcalde. Denunció cerramientos, rellenos, cambuches y construcciones que, según su censo predial, no existían antes de anunciarse el proyecto: aparecieron ocupaciones y reclamaciones cuando el terreno adquirió un nuevo valor.

La comunicación citó las leyes 1682 de 2013 y 1228 de 2008, sobre el interés público de la infraestructura y la prohibición de construir en las fajas de retiro vial. También advirtió sobre posibles invasiones de tierras y urbanización ilegal.

La carta llegó a doce despachos, entre ellos Alcaldía, Gobernación, Ministerio de Transporte, Procuraduría, Policía, Fiscalía e interventoría. Hasta ahora no se conoce una respuesta escrita de fondo ni una actuación visible que permita establecer qué autoridad inspeccionó, protegió o investigó.

El Estado apareció completo para anunciar la obra, pero se fragmentó cuando llegó la hora de defender su ejecución.

La primera respuesta debía venir de la Alcaldía de Puebloviejo. Al alcalde le corresponde ejercer el control territorial, urbanístico y policivo. Debe mostrar qué hizo con la carta, cuáles inspecciones ordenó, qué medidas adoptó y cómo protegió el corredor. No basta acusar recibo mientras la maquinaria intenta avanzar entre obstáculos que ya fueron denunciados.

El Concejo de Puebloviejo tampoco puede quedar fuera del escrutinio. Fuentes conocedoras de la dinámica municipal hablan de intereses electorales de varios concejales alrededor de la obra y de eventuales presiones soterradas. No hay elementos para atribuir conductas irregulares ni hacer señalamientos individuales. Pero sí cabe preguntar quiénes han intervenido ante el contratista, a nombre de quién y con cuáles solicitudes. La representación popular no da derecho a convertir empleos, contratos o reclamos comunitarios en capital político ni a administrar una obra pública desde la sombra.

La Gobernación del Magdalena ocupa un lugar distinto: es propietaria de la vía y adjudicó el contrato. Corresponde reconocer su interés en que la obra avance y pedirle que, desde esa condición, acompañe al municipio, coordine a las autoridades y convierta el respaldo institucional en garantías para la ejecución. Su papel enlaza el contrato con el territorio donde debe cumplirse.

El tercer llamado es para la Policía. Extraoficialmente, empresarios y contratistas han relatado exigencias económicas y presiones para imponer a quién contratar o a quién retirar, atribuidas a estructuras armadas ilegales que operan en la zona. Esta columna no puede confirmar cada episodio ni señalar responsables, pero sí preguntar qué se está haciendo para verificar esas denuncias y proteger a quienes ejecutan la obra.

La Defensoría del Pueblo incluyó a Puebloviejo en la Alerta Temprana 020 de 2025 por la disputa entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Por tanto, las autoridades conocen el riesgo. No pueden esperar a que la obra se paralice o aparezca una víctima para descubrir que allí operan grupos ilegales.

No todo reclamo comunitario constituye extorsión ni toda inconformidad es ilegal. Pedro Pueblo tiene derecho a exigir empleo, información y beneficios para su territorio. Pero ninguna reclamación legítima autoriza a ocupar el corredor, imponer contrataciones, cobrar dinero o convertir la continuidad de una obra pública en objeto de negociación.

El Gobierno nacional aparece al final de la cadena porque Abelardo ha respaldado el proyecto y puede esperar que la Alcaldía actúe, la Gobernación acompañe y coordine, y la Policía cumpla sus funciones. El Presidente no tiene que retirar personalmente cada cerramiento ni responder cada amenaza: para eso existe la institucionalidad territorial.

Pero si ese engranaje territorial no produce resultados, el Gobierno tendrá que intervenir para impedir que una obra que considera prioritaria termine derrotada por la indiferencia local y la presión de los ilegales.

Cada día perdido significa maquinaria quieta, nómina corriendo, crédito acumulando intereses y un cronograma que se estira mientras la factura aumenta. La interventoría debe ponerles números al atraso, a sus causas y a sus responsables. Sin esa cuenta, todos podrán señalarse y nadie responderá por el costo final.

Los ateos del milagro no son quienes dudan de la importancia de la vía. Son quienes pretenden convertir sus dificultades en oportunidad electoral, intervenir sin dar la cara o guardar silencio cuando el contratista pide respaldo para trabajar.

Abelardo quiere sacar adelante la Vía Milagro. Falta que la Alcaldía actúe, la Gobernación fortalezca su acompañamiento como propietaria y adjudicadora, y la Policía garantice su parte en el terreno. El Estado apareció completo para contratar y anunciar la obra; al defenderla, quedaron doce sellos de recibido y un contratista todavía esperando respaldo efectivo.