La autonomía universitaria según Petro: principio cuando conviene, estorbo cuando gobierna

Edgar Jafet Hernández Murcia

Hay principios que se defienden siempre y principios que algunos políticos descubren únicamente cuando pasan a la oposición. A juzgar por sus declaraciones recientes, para Gustavo Petro la autonomía universitaria pertenece a la segunda categoría.

El expresidente reaccionó al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre la creación de un protocolo para enfrentar hechos de violencia, vandalismo o terrorismo dentro de universidades públicas. Petro no se limitó a discrepar. Invocó solemnemente la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento y hasta comparó la posición del nuevo Gobierno con la tradición política de Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet y Videla.

El problema de esa indignación tardía es la memoria.

Porque durante cuatro años el Gobierno Petro no trató la autonomía universitaria como ese templo inexpugnable que ahora pretende defender. Cuando tuvo el poder, la interpretación fue bastante más flexible. Muchísimo más.

La Constitución, curiosamente, no es ambigua sobre el corazón de esta garantía. Su artículo 69 establece que las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus estatutos. Y la Ley 30 de 1992 desarrolla el principio reconociéndoles expresamente la facultad de designar sus autoridades académicas y administrativas. Es decir, pocas materias están más cerca del núcleo mismo de la autonomía universitaria que la elección de quienes gobiernan una universidad.

Precisamente allí fue donde el Gobierno Petro decidió intervenir con una intensidad que hoy parece haber olvidado.

El caso más emblemático fue la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario designó a José Ismael Peña como rector el 21 de marzo de 2024. Meses después, el mismo Consejo desconoció en la práctica aquel resultado, reabrió el procedimiento y terminó designando a Leopoldo Múnera. No estamos hoy ante una simple discusión política sobre si aquello estuvo bien o mal: el Consejo de Estado anuló posteriormente la designación de Múnera y fue contundente al señalar que el procedimiento rectoral ya había terminado con la designación de Peña y que el Consejo Superior había actuado sin competencia al pretender corregir posteriormente lo que ya constituía un acto definitivo.

Qué curioso.

Cuando el problema era quién ocupaba la Rectoría de la principal universidad pública del país, la autonomía podía ser reinterpretada, revisada, corregida y vuelta a interpretar hasta obtener otro resultado.

Pero ahora que el debate no consiste en escoger rector, modificar estatutos o decidir programas académicos, sino en determinar qué debe hacer la Policía cuando personas encapuchadas utilizan un campus para cometer actos violentos, Petro descubre que la autonomía universitaria parece ser una especie de muralla medieval que ni siquiera el Estado puede atravesar.

Eso no es coherencia constitucional. Es autonomía a la carta.

Y la Nacional ni siquiera fue el único episodio.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Educación del Gobierno Petro, invocando sus facultades de inspección y vigilancia, reemplazó al rector de la Universidad de Antioquia y designó directamente a Héctor Iván García García. Algo semejante ocurrió en la Universidad del Atlántico, donde el Ministerio reemplazó al rector Leyton Barrios y posteriormente designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal.

En la Universidad Tecnológica del Chocó, el Ministerio también utilizó sus facultades para intervenir en la rectoría. Y aquí el antecedente resulta todavía más incómodo para quienes hoy pretenden convertir al petrismo en guardián histórico de la autonomía: el Consejo de Estado terminó anulando una de esas designaciones ministeriales, la de Luis Alfredo Giraldo Álvarez.

Aclaremos algo importante: la existencia de esas intervenciones no significa automáticamente que todas hayan sido ilegales. La legislación colombiana otorga al Ministerio facultades excepcionales de inspección y vigilancia, y algunas medidas pueden jurídicamente justificarse cuando concurren los presupuestos legales.

Pero ahí precisamente aparece el tamaño del cinismo.

Petro aceptaba que la autonomía universitaria tenía límites cuando esos límites permitían a su Gobierno intervenir universidades, reemplazar rectores o adoptar decisiones extraordinarias sobre su administración. Ahora pretende sugerir que reconocer límites a esa misma autonomía frente al orden público constituye casi una deriva fascista.

No se pueden sostener ambas cosas al mismo tiempo sin caer en una monumental contradicción.

Más aún cuando la Corte Constitucional tampoco comparte esa versión absolutista. La jurisprudencia ha reiterado que la autonomía universitaria es esencial para proteger el pluralismo, la libertad académica y la independencia frente al poder político, pero no es soberanía. Está sometida a la Constitución y la ley y encuentra límites, entre otros, en el orden público, el interés general y los derechos fundamentales.

Por supuesto, esto tampoco significa entregarle un cheque en blanco al presidente De La Espriella. Cualquier protocolo de ingreso de la Fuerza Pública a una universidad deberá ser excepcional, proporcional, claramente reglado y respetuoso de la protesta pacífica. Una universidad pública debe seguir siendo uno de los lugares privilegiados para el disenso, incluso -y especialmente- cuando ese disenso incomode al Gobierno de turno.

Pero una cosa es proteger al estudiante que protesta, al profesor que critica o al investigador que piensa distinto y otra muy diferente convertir la autonomía universitaria en patente de corso para quien lanza explosivos, destruye bienes, amenaza ciudadanos o agrede policías.

Un encapuchado que comete un delito no adquiere inmunidad constitucional simplemente porque cruza la puerta de una universidad.

Y allí está la diferencia que Petro parece interesado en borrar.

La autonomía universitaria existe para proteger la universidad del poder, no para proteger al delincuente de la ley.

Resulta entonces especialmente llamativo escuchar lecciones sobre autonomía precisamente de quien gobernó mientras el Ministerio de Educación intervenía universidades y designaba directamente autoridades universitarias. Cuando Petro tenía el poder, la autonomía admitía inspección, vigilancia, reemplazos y excepciones. Cuando perdió el poder, repentinamente se convirtió en un dogma absoluto.

Ese no es un debate jurídico. Es un mecanismo de conveniencia política.

Defender la autonomía cuando favorece a los míos y relativizarla cuando estorba a mis objetivos no es defender la universidad. Es utilizarla.

Y quizás esa sea la verdadera discusión que Colombia debería tener: la autonomía universitaria no puede seguir siendo una moneda que los políticos sacan del bolsillo dependiendo de quién esté sentado en la Casa de Nariño.

Petro tuvo cuatro años para demostrar que la consideraba un principio sagrado.

Ahora es demasiado tarde para fingir que siempre lo fue.