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$196 millones, bajo la lupa en Ciénaga

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La Fiscalía judicializó al exdirector de Intraciénaga, Juan Jacobo Torregroza Cala, y al jefe administrativo, León Felipe González Argota, por presuntas irregularidades en pagos realizados a tres facilitadores viales durante 2024 y 2025.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Casi 196 millones de pesos de los recursos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Ciénaga quedaron bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades en el pago de honorarios a tres facilitadores viales.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Jacobo Torregroza Cala, exdirector de Intraciénaga, y a León Felipe González Argota, jefe administrativo de la entidad, dentro de una investigación relacionada con contratos de prestación de servicios ejecutados entre 2024 y 2025.

De acuerdo con la información conocida, los funcionarios habrían autorizado u ordenado pagos sin verificar previamente que los contratistas estuvieran afiliados y al día en el sistema de seguridad social, requisito necesario para tramitar honorarios derivados de esta modalidad contractual.

El organismo investigador calcula que las actuaciones atribuidas a Torregroza Cala habrían comprometido cerca de 120 millones de pesos. En el caso de González Argota, la suma investigada se aproxima a los 76 millones. Los dos valores llevan el posible impacto fiscal a casi 196 millones de pesos.

La judicialización no equivale a una condena. La responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso y ambos investigados conservan plenamente su presunción de inocencia y el derecho a controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El caso, sin embargo, deja preguntas administrativas que Intraciénaga debe contestar. ¿Quién verificaba las planillas de seguridad social? ¿Qué controles precedían cada pago? ¿Los servicios fueron efectivamente prestados? ¿Hubo advertencias de control interno? ¿Se inició alguna actuación para recuperar los recursos que la Fiscalía considera comprometidos?

No basta con reducir el asunto a un error de oficina. En una entidad pública, cada firma activa una responsabilidad y cada pago debe contar con soportes. Cuando casi 196 millones de pesos quedan bajo sospecha, el problema deja de ser una planilla sin revisar y se convierte en una pregunta sobre la forma como se cuidaba la plata de los cienagueros.