Es hora de que Escobar Silebi le responda a Santa Marta

La revocatoria llegó cuatro años y medio después. Santa Marta merece conocer el costo de aquella intervención y exigir responsabilidad a quien la promovió.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Opinión | Jorge Eduardo Escobar Silebi le debe una explicación pública a Santa Marta. Desde la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria promovió una actuación que desembocó, el 25 de octubre de 2018, en la orden del Tribunal Administrativo del Magdalena de reevaluar la alternativa de captar agua del río Magdalena. La propia Procuraduría presentó aquella decisión como resultado de su intervención.

Esa alternativa tenía respaldo técnico. En 2014, la Universidad de los Andes evaluó siete opciones y resultó favorecida la combinación de los ríos Toribio, Córdoba y Magdalena para atender el abastecimiento a mediano y largo plazo. Cuestionar esa recomendación exigía argumentos verificables y evidencia de suficiente rigor.

El Consejo de Estado dejó un fundamento que exige explicación. En el auto del 27 de abril de 2023 señaló que, en esa etapa del proceso, el expediente carecía de pruebas que permitieran descalificar la validez técnica o científica del estudio de los Andes. También consideró desproporcionado ordenar su reevaluación en ese momento y no encontró acreditada la urgencia de hacerlo. Por eso revocó esa orden.

La providencia resolvió sobre medidas cautelares y dejó abierta una eventual reevaluación debidamente sustentada durante el proceso. Pero el reproche a la orden impartida en 2018 fue concreto: faltaban elementos para justificarla en las condiciones en que se adoptó.

Las preguntas que Santa Marta tiene derecho a formular son concretas:

¿Qué estudios o dictámenes técnicos sustentaron la solicitud de reevaluar la captación del Magdalena?

¿Qué comparación de caudales, costos, vulnerabilidades y tiempos de ejecución respaldaba la preferencia por los afluentes de la Sierra Nevada?

¿Dónde están publicados esos documentos para que la ciudadanía pueda consultarlos?

Después de la revocatoria, ¿qué explicación pública ofreció Escobar Silebi sobre el desenlace de la actuación que había impulsado?

Examinar las fuentes de la Sierra y cumplir las consultas correspondientes merecía consideración. Pero proponer otras posibilidades no resolvía el cuestionamiento técnico al estudio de los Andes. Había que demostrar por qué debía reevaluarse y qué ventajas concretas ofrecía el camino propuesto.

Entre la orden y su revocatoria transcurrieron cuatro años y medio. Cuando llegó la decisión del Consejo de Estado, Santa Marta ya estaba en otro momento del problema. Había cambiado el Gobierno nacional y se había consumido buena parte de otro periodo de administración distrital. La revocatoria no podía devolver el tiempo ni recomponer las oportunidades de decisión de 2018.

A mi juicio, promover aquella reevaluación en esas condiciones fue una equivocación que añadió un obstáculo judicial a una alternativa técnicamente respaldada. Atribuirle toda la crisis del agua a un procurador sería una simplificación; excluir su actuación del balance público sería concederle un privilegio que ningún funcionario merece. Falta establecer qué decisiones y cronogramas afectó, y quién responde por ese costo institucional.

Hoy el Gobierno de Abelardo de la Espriella vuelve sobre las alternativas de abastecimiento y anuncia una alianza regional por el agua. El ministro Jaime Andrés Beltrán la incluyó entre los tres frentes de intervención, junto con la recuperación de pérdidas y el Proyecto de Agua para el Futuro. Mi lectura es que esa orientación puede acercar nuevamente al río Magdalena a la solución. Esa posibilidad obliga a revisar con mayor severidad la actuación que sometió esa alternativa a una reevaluación judicial después revocada.

Escobar Silebi, entretanto, continúa como procurador judicial II, con un sueldo bruto de casi $50 millones mensuales. Un funcionario con esa remuneración no puede seguir sin darle la cara a Santa Marta por la actuación que promovió y que desembocó en una decisión judicial que afectó, en su momento, la solución del agua. Su bajo perfil no puede convertirse en una forma solapada de eludir responsabilidades.

Si el presidente Abelardo de la Espriella impulsa un acueducto regional para el norte del Magdalena con agua del río Magdalena, la pregunta es obligada: ¿volverá Escobar Silebi a convertirse en la piedra en el zapato de la solución?

Y al procurador general de la Nación hay que preguntarle: ¿va a sostener a un funcionario tan oneroso sin exigirle cuentas por una actuación que ya se atravesó en la solución del agua? ¿Es esa la impunidad que va a tolerar la Procuraduría: permanecer en el cargo sin responderle a la ciudad?

Mi conclusión editorial es que Escobar Silebi debe renunciar. Por respeto a Santa Marta, debe dar la cara, explicar el fundamento y los resultados de su intervención y dejar el cargo. Su permanencia no puede normalizar una rendición de cuentas pendiente frente a una ciudad que sigue esperando agua.

El organismo de control también está sometido al control ciudadano. Escobar Silebi exigió respuestas desde su despacho. Es hora de que le responda a Santa Marta y presente su renuncia.