El arresto del realizador mexicano en El Dorado puso en primer plano una disputa por libertad de expresión. Detrás sigue Laura, la paciente que denunció fallas en su atención.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

El Man del Sombrero

Corte: 14 de septiembre de 2026, 05:54 a. m. de Colombia

Samuel Adrián llegó a Bogotá el 13 de septiembre y terminó arrestado en El Dorado. La Policía explicó que ejecutaba una orden por desacato judicial, no una captura por un delito penal. El último traslado reportado fue a una estación dentro del aeropuerto. [1] [19]

Adrián denuncia censura. El arresto no prueba la denuncia médica ni la borra. Tampoco vuelve verdadero todo lo que dice el documental.

La denuncia de Laura

Laura fue presentada públicamente en noviembre de 2025 como una joven de 23 años. Ella y su familia denunciaron un diagnóstico apresurado y fallas en el consentimiento y el acompañamiento psicológico durante la atención que recibió en su adolescencia en la Fundación Valle del Lili, de Cali. [2]

Su abogado, Pedro Contreras, situó entre 2017 y 2019 el tratamiento hormonal y la presunta inducción a una cirugía que, según su relato, se realizaría al cumplir la mayoría de edad. [3]

En un comunicado reseñado el 11 de noviembre de 2025, la Fundación aseguró que entonces no había recibido una demanda o requerimiento formal sobre el caso. Invocó la reserva de la historia clínica y afirmó actuar conforme a la ética médica y los estándares internacionales. [2]

Una petición de mayo de 2024 dejó otro dato. Tras una orden judicial de responder, en noviembre de 2025 se divulgó que la Fundación había reportado 80 tratamientos afirmativos de género, sin desglose anual. Ochenta tratamientos no equivalen a ochenta cirugías ni a ochenta negligencias. [3]

Fundamento, el equipo de Adrián, reunió testimonios y conversaciones con profesionales en «Colombia: fábrica de niños trans». El documental toma partido contra esas intervenciones en menores y cuestiona sus consecuencias, el consentimiento y la participación de las familias. [4] [6]

El documental también recibió críticas. Andrés Forero Ordoñez sostuvo el 19 de junio de 2026 que simplifica la atención de afirmación de género y construye una alarma política que estigmatiza a las personas trans. [9]

El documental entró al juzgado

La controversia judicial ya rodeaba el estreno de pago del 7 de diciembre de 2025. El endocrinólogo pediatra Mario Angulo promovió una tutela por el uso de imágenes, conversaciones y referencias a su actividad profesional, alegando afectaciones al buen nombre y la honra. Adrián denunció que buscaban impedir la divulgación y obligarlo a retirar grabaciones. [4] [5]

En un análisis del 20 de junio de 2026, la jurista Claudia Escobar García, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, identificó decisiones de los juzgados 16 Civil Municipal y 13 Civil del Circuito de Cali. Según su descripción, ordenaron eliminar contenidos asociados a datos del profesional. Cuestionó la severidad de las restricciones y defendió una deliberación abierta. [8]

El 17 de mayo de 2026 apareció en YouTube una versión abierta y modificada por las controversias legales. A finales de ese mes, Adrián anunció diez días de arresto y una multa de quince salarios mínimos mensuales colombianos. Atribuyó la sanción a las grabaciones con Angulo, denunció censura y pidió protección a la Cancillería mexicana. También anunció apoyo de Hogares y Asociados, en México, y Nueva Democracia, en Colombia. [6] [7]

Durante 2026, Adrián también se atribuyó el cierre de la clínica de género infantil de la Fundación. [18]

México tuvo tribuna

El caso llegó a un foro en la Cámara de Diputados de México, anunciado para el 9 de julio y reseñado después. Lo organizó Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional. La diputada Carmen Rocío González Alonso defendió que las familias recibieran información suficiente, y el abogado Enrique David Ogaz Díaz invocó el interés superior de la niñez. Esos apoyos precedieron a la detención de septiembre. [10] [11] [12]

Después del arresto, la pregunta para la Cancillería y la Embajada de México es concreta: ¿qué asistencia recibió Samuel Adrián?

La Convención de Viena reconoce al detenido el derecho a conocer sus garantías consulares y, si lo solicita, a que se informe sin retraso al consulado. Sus funcionarios pueden comunicarse con él, visitarlo y organizar su defensa. La solidaridad política necesita aterrizar en esa asistencia. [17]

El Dorado y la pelea por el relato

Antes de volar, Adrián grabó en Tocumen, Panamá, un mensaje para divulgarlo si era detenido. Su equipo lo publicó después. Tenía prevista una conferencia en Bogotá para el 15 de septiembre. El arresto era una posibilidad que había contemplado. [1] [19]

Agustín Laje presentó la detención como persecución por las denuncias del documental. El abogado Alejandro Carranza respondió que obedecía a un desacato ante un juez de Cali y rechazó atribuirla al expresidente Gustavo Petro. Para cargarle una autoría política hacen falta pruebas; el apellido del adversario no sirve de radicado. [14]

Un reporte periodístico de la noche del 13 de septiembre atribuyó al presidente Abelardo de la Espriella un mensaje en X pidiendo al Congreso debatir límites y prohibiciones de tratamientos de transición de género en menores. [13]

La campaña de ACTÍVATE, creada el 13 de septiembre, pide proteger su integridad, respetar el debido proceso y la libertad de expresión, revisar la detención y garantizar asistencia mexicana. [20]

Una orden de arresto exige explicación

Primero está la orden sobre el contenido: ¿qué exigía retirar y por qué? ¿Se valoraron la rectificación de afirmaciones concretas o la protección de la identidad del médico? La Convención Americana protege la honra y la libertad de expresión, y reconoce el derecho de rectificación o respuesta. [16]

Después está la sanción por incumplir esa orden. El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 permite imponer hasta seis meses de arresto y multa de hasta veinte salarios mínimos mensuales, mediante un incidente y con revisión del superior. ¿Qué conducta se tuvo por desacato, cómo se notificó la orden y qué razones sostienen los diez días de arresto y la multa anunciados por Adrián? [15] [7]

Laura merece que examinen su denuncia. El médico tiene derecho a defender su honra. Los menores trans merecen atención y protección frente al hostigamiento. La pelea de los adultos no puede cobrarles la cuenta a quienes necesitan cuidado.

Pedro Pueblo puede exigir respuestas sin afiliarse al bando del realizador ni al de sus contradictores. La justicia gana autoridad cuando explica sus decisiones. El cerrojo puede detener a una persona. Para cerrar las preguntas hacen falta respuestas.

Voces consultadas y pendientes

Las voces citadas proceden de declaraciones y documentos públicos; no de entrevistas o contactos directos de Opinión Caribe.

La búsqueda no permitió obtener las providencias originales. Quedan pendientes los fallos de tutela, el auto sancionatorio, su revisión por el superior y las constancias de notificación y cumplimiento. Las referencias a los juzgados 16 Civil Municipal y 13 Civil del Circuito de Cali proceden del análisis de Claudia Escobar García. Sin esas piezas y un radicado corroborado, no hay base suficiente para concluir si el arresto fue proporcionado.

Al corte no se había confirmado una liberación o traslado posterior, ni una visita o gestión consular mexicana. También falta actualizar la reclamación de Laura y la respuesta de la Fundación y del médico. No se identificaron una sentencia de fondo sobre la denuncia médica, un acto sanitario de cierre ni la publicación presidencial original. La falta de confirmación pública no acredita inacción institucional.

Fuentes vinculadas

Referencias del texto con enlaces a su publicación de origen.

[1] Confirmación policial del arresto. Semana, 13 de septiembre de 2026.

[2] Denuncia de Laura y respuesta de la Fundación. Infobae, 11 de noviembre de 2025. Comunicado institucional reseñado.

[3] Reporte de 80 tratamientos y declaración del abogado. Infobae, 22 de noviembre de 2025.

[4] Estreno inicial y versión del realizador. Agencia Periodismo Investigativo, 10 de diciembre de 2025.

[5] Tutela promovida por Mario Angulo. Heraldo USA, 8 de diciembre de 2025.

[6] Versión abierta del documental. El Imparcial, 21 de mayo de 2026.

[7] Anuncio de arresto y multa por Adrián. Nación Colombia, 29 de mayo de 2026. Declaración del realizador.

[8] Análisis de Claudia Escobar García. Ámbito Jurídico, 20 de junio de 2026. Opinión jurídica.

[9] Crítica de Andrés Forero Ordoñez. Volcánicas, 19 de junio de 2026. Opinión.

[10] Foro en la Cámara de Diputados de México. Diario Cristiano, Ommar Ayala, 29 de julio de 2026.

[11] Intervenciones de legisladoras y Enrique David Ogaz. Omnia, 10 de julio de 2026.

[12] Convocatoria de Adrián al foro mexicano. Cuenta pública del realizador, 6 de julio de 2026.

[13] Mensaje atribuido a De la Espriella. Minuto30, 13 de septiembre de 2026.

[14] Versiones de Agustín Laje y Alejandro Carranza. Infobae, 14 de septiembre de 2026.

[15] Decreto 2591 de 1991. Sistema jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Artículo 52.

[16] Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. Artículos 11, 13 y 14.

[17] Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. OEA. Artículo 36.

[18] Afirmación de Adrián sobre el cierre de la clínica. Cielos Abiertos, consulta del 14 de septiembre de 2026.

[19] Arresto y traslado inicial. El País, actualización del 14 de septiembre de 2026, 01:32 a. m.

[20] Campaña por la libertad de Samuel Adrián. ACTÍVATE, creada el 13 de septiembre de 2026.