Realidades de los jóvenes de la región Caribe

Por: Jairo Covilla

La situación de los jóvenes de la Región Caribe es muy poco alentadora:                la mayoría se encuentra en condición Ni- Ni, es decir, ni estudian ni trabajan. La primera ciudad de Colombia con mayor tasa DE ESTA población es Valledupar, con 29,4%; luego se encuentra Riohacha y Santa Marta, con 28,7%; continúa Barranquilla, con 27,7%; Cartagena, 26,7%; Montería, 26,6%, y Sincelejo, 24,1%. Obsérvese que 6 de las 7 capitales de la región se encuentran por encima de la media nacional, que es 25,7%. (Dane, GEIH,2021)

Aplicadas estas cifras a las mujeres, la situación se agudiza: Santa Marta, con la mayor cifra, el 21,6%; seguidamente, Riohacha y Cartagena, con el 18,3%; Montería, el 17%; sigue Sincelejo, con el 15,8%, y finalmente Barranquilla, con 15,5%. (Dane, GEIH,2021)

La principal causa del bajo acceso de la juventud a la Educación superior radica en la deficitaria financiación del Estado a las universidades públicas, a la creciente mercantilización y privatización de la educación superior, agravada con la reducción de la oferta educativa. Así, los gastos de funcionamiento e inversión crecen anualmente 5% por encima del IPC, de donde resulta que las transferencias del estado son insuficientes y el faltante, acumulado durante 30 años, alcanza una deuda histórica superior a 18 billones de pesos según el Sistema Universitario Estatal (SUE).

Debido a esas realidades son muchos los jóvenes del Caribe quienes para continuar estudios superiores tienen que recurrir a costosos créditos con el ICETEX, institución estatal que se comporta como banco privado puesto que su capitalización se sustenta en endeudamiento externo con el Banco Mundial, a altas y extorsivas tasas que terminan pagando los estudiantes. En 2.021 se adjudicaron en el país 46.184 créditos, de los cuales 19.474 (42,2%) se concedieron en la Costa Caribe.  (Informe de gestión del ICETEX, 2021)

Por otro lado, la calamitosa situación de desempleo que sufre el país se debe a la adopción de la política de Apertura Económica por parte de los gobiernos de Colombia cuyas desastrosas consecuencias han sido la destrucción del agro y la industria nacional y con ello la eliminación y precarización progresiva de puestos de trabajo. Con esta política de Apertura se sentaron las bases para la firma de Tratados de Libre Comercio que han elevado a niveles insostenibles la ya mencionada destrucción de la producción nacional y, por consiguiente, del empleo.

Para revertir este escenario se necesita tener una industria y una agricultura capaces de generar riqueza y trabajo de calidad, lo cual implica que el Estado proteja a los sectores claves de la economía. Un buen inicio para ello debe ser la revisión de los TLC, que el presidente Petro en campaña prometió y en su primer mes de gobierno no se le escuchó nada al respecto.

En cuanto a la educación superior, el presidente y su ministro de educación, Alejandro Gaviria, deben atender la deuda histórica que tiene el Estado con las instituciones de educación superior; además, deben priorizar la atención a la grave crisis financiera de la educación pública desde el Presupuesto General de la Nación de 2023, cumpliendo como mínimo lo que el gobierno de Iván Duque incumplió a la comunidad educativa, logro conquistado por el Paro Nacional de 2.018.