Procuraduría hace un llamado a gobernadores y alcaldes a cumplir con el PAE 2023

A pocos días de que finalice el año, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró el llamado a los mandatarios departamentales, a cumplir a cabalidad, con el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el 2023, garantizando su operación de manera oportuna y de calidad en todo el territorio nacional, desde el primer día y durante todo el calendario académico 2023.

La procuradora instó a iniciar la operación del PAE con todos sus componentes sin retrasos y en cumplimiento de la normatividad, evocando la Directiva No. 019 del 1 de noviembre de 2022, en la que se le pidió a los mandatarios asegurar la disponibilidad de recursos, verificar la idoneidad de los contratistas e iniciar la gestión contractual necesaria antes del 31 de diciembre, salvaguardando los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano.

La normativa expedida por el Ministerio Público y remitida a las entidades territoriales de manera anticipada, también refiere que se deben mantener los estándares y condiciones mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del PAE, garantizando que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.

De acuerdo a la entidad, uno de los casos más preocupantes se presentó en el departamento de Magdalena que duró 8 meses sin prestación del servicio y tuvo 3 declaratorias de desierto.

El órgano de control insistió en que continuará con la vigilancia preventiva al PAE, con el fin de anticiparse a la ocurrencia de hechos y evitar que se presenten las demoras y dificultades evidenciadas en el 2022, en la mayoría de los casos relacionadas con la deficiencia e inoportuna asignación de los recursos asignados al Programa, falta de planeación en la ejecución de los contratos, indebida focalización de los estudiantes, insuficiente infraestructura y dotación en las instituciones educativas donde se presta el servicio y falta de calidad e inocuidad de los alimentos entregados.