Trata de personas y microtráfico, problemas que afrontan los “caminantes” en el Tapón del Darién

La Procuraduría General de la Nación reveló en su informe preventivo, «Situación de la población migrante en el Tapón del Darién y Cúcuta», que persisten problemáticas como trata de personas, xenofobia, explotación sexual y laboral de menores de edad, microtráfico y abandono estatal entre la población migrante internacional conocida como los “Caminantes”, que suman al menos 2.7 millones de personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, pero también procedentes de Haití, Cuba, y Afganistán, entre otros, según cifras de Migración Colombia.

Desde principios de 2021 la Procuraduría monitorea la situación a través de su delegada para los Derechos Humanos y procuradurías regionales y provinciales, con el fin de identificar necesidades de protección internacional, riesgos contra sus vidas y dificultades de acceso a servicios, emitir recomendaciones, y vigilar la respuesta institucional.

En septiembre del año pasado, Colombia y Venezuela decidieron restablecer las relaciones binacionales y reabrieron las fronteras tras siete años de cierre. En ese momento, el Ministerio Público realizó una visita en el Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAS), ubicado en Los Patios, municipio cercano a Cúcuta, donde constató las problemáticas en derechos humanos de la población.

Allí, el CAS se había consolidado como una solución efectiva a problemáticas como explotación laboral, trata de menores de edad, xenofobia, esclavitud sexual, sin embargo, el lugar actualmente está siendo desmotado, por lo que, la Procuradora Margarita Cabello denunció públicamente la situación y convocó a la institucionalidad para mantener el centro en funcionamiento o, de no ser posible, mitigar el impacto causado por su cierre.

Una selva de ilegalidad

Para los cerca de 160 mil caminantes que atravesaron en 2022 las 575.000 hectáreas que comprenden la selva conocida como El Tapón del Darién, límite natural entre Colombia y Panamá, rumbo a estados Unidos, los encuentros con serpientes venenosas, pumas y caimanes que allí habitan fueron el menor de sus problemas, la verdadera amenaza fueron los grupos armados ilegales, cuyas mafias controlan el tránsito de migrantes y ejercen toda clase de violencias contra ellos, como trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, incluida la mano de obra infantil, mendicidad y trabajo doméstico.

Ante la magnitud de los hallazgos en las dos regiones fronterizas, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos emitió 48 recomendaciones a 12 entidades del orden nacional, departamental y municipal, para contribuir con la solución de esta problemática.

Además, planea realizar en los próximos meses una nueva visita a terreno con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones propuestas por las entidades responsables para enfrentar la crisis migratoria.