MinDefensa anuncia estrategias para mejorar seguridad de líderes del sur del Magdalena

En días recientes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo en el municipio de El Banco, en el Magdalena, liderando un Consejo de Seguridad en aras de atender los crímenes y amenazas contra líderes campesinos de esa zona del territorio, al igual que anunciara otros compromisos para el bienestar de esa población y contra la delincuencia.

En el consejo de seguridad participaron, además los alcaldes de El Banco y San Sebastián; representantes de la Fiscalía, la UNP, Medicina Legal, Procuraduría, CTI, ICBF, gabinete departamental; al igual que altos mandos de Fuerzas Militares, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Fuerza Naval, Ejército Nacional, entre otras autoridades.

La visita del ministro se dio tras el asesinato del líder campesino Milton Rocha, ocurrido hace una semana en el corregimiento de San Valentín, jurisdicción de San Sebastián de Buenavista, justo después de ser amenazado.

Durante la reunión, se le solicitó al ministro gestionar un encuentro entre los líderes, la Unidad Nacional de Protección -UNP-, la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, con miras a mejorar la seguridad de este sector e impulsar acceso a tierras, lo que fue correspondido por el funcionario presidencial.

“Hemos procurado que la UNP, puedan atender las situaciones de riesgo denunciadas por los líderes y lideresas; igualmente, hemos convenido una reunión para el 9 de marzo con la Agencia Nacional de Tierras y los campesinos de la región, en la cual se revise la legalización de títulos o que hagan parte de la Reforma Agraria en la que está empeñado el Gobierno Nacional. Hemos escuchado también sobre un predio que está en propiedad de la SAE, a la que hemos invitado para conversar con los ocupantes de esos terrenos y se pueda dar paso a un procedimiento de legalización o acceso a ellas para los campesinos”, expuso Velásquez.

El alto funcionario de Estado también comunicó que se acordó examinar la posibilidad de “ampliación de fuerza pública y la adjudicación de equipos para su operatividad como motocicletas, demás vehículos, entre otros, que permita que Policía y Ejército puedan desarrollar de mejor manera, un trabajo que ha venido adelantado el gobernador y los alcaldes”.