“Las mujeres estamos en peligro. Hoy son 187 presuntos violadores libres por vencimiento de términos”: denunció Jennifer Del Toro

Luego de que Jennifer Del Toro, activista y defensora de derechos humanos, realizara preguntas mediante un derecho de petición al INPEC, en septiembre de 2022, esta manifestó su preocupación frente a una de las respuestas que tiene que ver con el número de personas acusadas de delitos sexuales dejadas en libertad por vencimiento de términos, que reflejan una cifra de 187.

“La respuesta es alarmante, hay 187 personas acusadas por delitos sexuales que han quedado libres por falta de debida diligencia en la investigación y judicialización”, señaló Del Toro en conversación con OPINIÓN CARIBE.

Dicha situación le permitió recordar uno de los casos más recientes, en el que se le acusa de violación a Edgar Celin Gutiérrez, de quien presuntamente fue víctima su propia hija de 9 años y, que fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

La activista dio a conocer que desde el 2020 acompañó a la familia de la niña sobreviviente en distintos espacios de exigencia de justicia, pero que al final no se pudo lograr. “En tres ocasiones logramos detener la libertad de este sujeto, pero el sistema de justicia está diseñado para no castigar a los violentadores de mujeres y sin avisarle ni siquiera al abogado de la víctima, realizaron audiencia de libertad por vencimiento de términos”, apuntó.

“El señor Gutiérrez es un peligro para la sociedad, igual que los 187 agresores sexuales dejados en libertad bajo la misma condición Santa Marta”, agregó.

En varias ocasiones, la también defensora de derechos humanos indicó que había emitido derechos de petición a través de correos electrónicos, pero que estos, “dejaron de ser respondidos”.

La última respuesta de dichos derechos de petición fue la siguiente:

«AUNADO A QUE LA FISCALÍA NO HA PROCEDIDO A ESA SISTEMATIZACIÓN DE LO CUAL DEMANDA USTED INFORMACIÓN, por lo que es UNA LABOR QUE NO ES DABLE EN ESTE MOMENTO, salvo que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN OPTARA POR CONTRATAR UNA PERSONA O ENTE EXTERNO PARA DEDICARLO ESTRICTAMENTE A HACER ESTAS REVISIONES, POR ESO NO ES POSIBLE SUMINISTARLE ESA INFORMACIÓN, máxime que en la misionalidad institucional no está establecida dicha actividad, pues los FISCALES tenemos asignado INVESTIGAR Y ACUSAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS y desarrollar la actividad investigativa determinada en EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL y MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE LA FISCALÍA y en cuanto a los datos estadísticos o análisis de información son otros los servidores de las áreas de apoyo investigativo que desarrollan actividades en ese sentido».

Acerca de tal respuesta, Del Toro manifestó que la Fiscalía Seccional Magdalena no adelanta monitoreos, ni estudia las modalidades de la violencia ejercida en contra de las mujeres. “Esto es grave porque no poder contar con información actualizada y desagregada se constituye en un obstáculo que limita el análisis sobre la efectividad de la Ley 1257/2008 y pone de manifiesto que no existe manera de dar cuenta del deber de debida diligencia en su actuar.      Nuevamente pediremos a los jueces de la República que garanticen nuestro derecho de petición”, dijo.

La activista presentó tutela, y según afirmó el juez falló en su contra con argumentos antijurídicos. “Protegió a la fiscal y no garantizó los derechos de la sociedad, ni mi derecho a la información”.

“En verdad estamos en peligro, no es exageración ni tremendismo, lo que nos pasa a las mujeres es injusto e indecente”, añadió.