Por presuntos delitos de corrupción en la Megabiblioteca Carlos Caicedo fue imputado

Por: Caroline Bernier

Redacción OPINIÓN CARIBE

Nuevamente, Carlos Caicedo Omar, gobernador del Magdalena, se presentó ante la justicia, esta vez siendo citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en la obra de la Megabiblioteca, por los delitos de celebración de contrato sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, ante las presuntas irregularidades identificadas.

La diligencia fue solicitada por el fiscal Víctor Salcedo, quien explicó el escándalo de corrupción que tiene que ver con la Megabiblioteca, construida en un predio exclusivo para la IED Normal Superior San Pedro Alejandrino, el cual había sido diligenciado por el entonces alcalde Edgardo Vives, con el Ministerio de Educación, quienes acordaron que, si no iba a ser destinado para el servicio educativo de la institución, tendría que ser de vuelta al Estado.

El fiscal le imputó el delito de celebración de contrato sin requisitos legales, debido a que el proyecto, “lo tramitó sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales, adecuando su conducta al contenido del artículo 410 del código penal y las normas que le comprometen cuando dispuso el trámite del referido contrato (…) por lo que empezó a materializar una serie de actuaciones que colocaron de manifiesto las funestas consecuencias de la inaplicación de los principios aquí reseñados como el de una planeación, aspectos que, si bien es cierto, están relacionados con la ejecución del contrato”.

A pesar de ello, el gobernador presentó el proyecto con documentación que no correspondía a la realidad del mismo, puesto que, se iba a llamar Megabiblioteca Río Manzanares e iba a ser ubicada en dicho barrio. Razón por la que se le imputó, también, el delito de falsedad ideológica en documento público.

“En su condición de alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, consignó falsedades que se predican de los siguientes documentos suscritos por usted que hacen parte del proceso de planificación de la inversión del proyecto registrado en el Banco de Programas y Proyectos del Distrito, BPIN, 2014 proyecto construcción de una Megabiblioteca en el sector de Mamatoco”, señaló el delegado del ente investigador.

La Fiscalía General señaló que Caicedo habría firmado el millonario contrato en diciembre de 2014 por un valor inicial de $10 mil 044 millones con el Consorcio Megainstituciones y tenía un plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, terminó costando $30 mil millones debido a las constantes adiciones e incumplimientos, siendo entregada cuatro años después de lo planificado.

Tras el deber del juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de preguntar al sindicado si entendió la imputación, el mandatario departamental no aceptó los cargos y se declaró inocente.

En cuanto a la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, fue solicitada por la Fiscalía General al considerar que Caicedo representa un peligro para la sociedad, dado que sigue teniendo responsabilidad en el manejo de los recursos económicos del Magdalena.

“Las conductas imputadas al doctor Caicedo comportan el mayor grado de injusto que podría atribuirse a una conducta punible, y de ello puede deducirse con claridad el peligro para la comunidad. Dígase también que, si él fue capaz de cometer de manera dolosa, es decir, de forma planeada, consciente y voluntaria, las conductas punibles en concurso que se le imputan que lesionaron de manera profunda e irreparable el interés colectivo, es indicativo que podría seguir cometiendo acciones de esta naturaleza”, enfatizó el fiscal.

La entidad investigativa pidió que, para la medida de detención preventiva, concerniente al delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tiene una pena privativa 64 a 216 meses, superando la exigencia de los cuatro años o más de hecho preceptos normativos. También, por el delito de falsedad ideológica en documento público tiene una pena prevista de 64 a 144 meses de prisión.

“Es urgente la imposición de medida de aseguramiento porque el imputado tiene manejo y el control del ente territorial que actualmente representa. Función de las múltiples actuaciones penales que se adelantan en su contra son evidencia del riesgo al que se enfrenta la sociedad del Magdalena especialmente por los presuntos delitos que se le investiga, se les ha imputado cargos y se encuentra en juicio relacionado con delitos contra la administración pública en su gran mayoría”, manifestó.

Finalmente, ante la solicitud de la Fiscalía General, la defensa pidió 45 días para preparar la defensa, siendo establecida la fecha de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento el 19 de abril a las 9:00 de la mañana.