Caicedo regresa al banquillo de los acusados ante el caso de asesinatos en la Unimagdalena

Por: Caroline Bernier

Redacción OPINIÓN CARIBE

“Hoy podemos decir que Caicedo sigue siendo presunto responsable de las muertes de los líderes de la Universidad del Magdalena”. Así lo expresó en entrevista con OPINIÓN CARIBE, Julián Quintana, abogado representante de las víctimas de los casos de asesinatos hacia tres miembros de dicha casa de estudios, el estudiante, Hugo Maduro Rodríguez; el vicerrector, Julio Otero Muñoz; y el decano, Roque Morelli Zárate.

Ello, luego de que en las últimas horas, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá decidiera revivir, a través de un fallo de tutela, el proceso judicial que adelantaba la Fiscalía General para establecer la autoría intelectual de los asesinatos.

Con el fallo del viernes 21 de abril, la Sala Penal resolvió tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Julián Quintana Torres, abogado de las víctimas.

“Es un precedente muy importante, no solamente en el caso en concreto, sino a nivel jurisprudencial, porque por vía de tutela estamos tumbando una decisión que ya había pasado a ser cosa juzgada por el tribunal de Bogotá, perdió efectos, y esta es la posibilidad de que Caicedo pueda ser acusado por estos homicidios y a la final el fiscal general es quien va a tener la última palabra”, manifestó el jurista.

Dentro del documento, se ordenó dejar sin efecto la providencia del 16 de febrero de 2023 que declaró improcedente el recurso de queja y ordenar a la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que en el término de 48 horas siguientes a su notificación, proceda a dar trámite al recurso de queja interpuesto por Quintana, de conformidad con los artículos 195 y siguientes de la ley 600 del 2000 dentro del proceso con la radicación respectiva.

Asimismo, dice que se debe notificar conforme al artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

En este sentido, se debe enviar esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión en el caso de que no sea impugnada. Contra la presente decisión procede la impugnación ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. “Ahora lo que tiene que hacer por orden del Tribunal es darles trámite a esos recursos”, indicó el abogado.

Por consiguiente, se está a la espera de que se presente la impugnación del caso.

“Luego de que teníamos el dilema de sentir que la fiscal quinta quería sepultar el proceso y que por eso no nos quiso dar ningún recurso, hoy, las víctimas están muy esperanzadas y seguiremos dando la pelea hasta las últimas instancias, y si nos toca ir a organismos internacionales también estaremos allá y no claudicamos en nuestro deseo de conseguir justicia”, finalizó.