Después de 11 años, Consejo de Estado anula sanción contra exsenador Eduardo Merlano

Luego de 11 años, El Consejo de Estado anuló la sanción disciplinaria que impuso la Procuraduría General de la Nación contra el excongresista Eduardo Merlano.

Medrano, quien se hizo famoso en mayo de 2012, tras protagonizar el bochornoso episodio de ‘Usted no sabe quién soy yo’, donde se negó a realizar una prueba solicitada por las autoridades, fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General.

Luego de esto, la defensa del excongresista radicó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, advirtiendo que la Procuraduría no podía sancionarlo disciplinariamente.

Después de varios años de estudio, el alto tribunal señaló que cuando la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó, se violó y no se tuvo en cuenta la Convención Americana, que indica está prohibido que un ente administrativo pueda sancionar a un funcionario público, ya que solamente lo podría hacer un ente penal.

“(…) toda vez que dicho ente de control no tenía competencia para imponer una sanción que restringiera el ejercicio de los derechos políticos del actor, quien fue elegido popularmente para desempeñar el cargo de senador y que valga resaltar también conlleva a la restricción del ejercicio de derechos políticos de sus electores”, advirtió el Consejo de Estado en la decisión de 16 páginas.

Además, en este fallo se ordena a la Procuraduría darle y restituirle a Merlano los salarios que no devengó a partir del momento de la sanción.

“A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Procuraduría General de la Nación a pagar al demandante de manera indexada, de acuerdo con la formula señalada en la parte motiva, los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el 14 de noviembre de 2014, fecha en la que quedo en firme la providencia que declaró la pérdida de investidura de senador. De la condena, la Procuraduría General de la Nación deberá descontar todo lo que el demandante hubiera percibido en el sector público, si a ello hubiere lugar”, añade.

En noviembre de 2021, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo vinculó formalmente a un proceso penal por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Por el momento el caso está quieto en el alto tribunal.