El Magdalena, entre los departamentos con riesgo en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

La Procuraduría General de la Nación advierte riesgos en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios departamentos, poniendo en peligro la asistencia alimentaria de más de 300 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

A pocos días del reinicio del calendario académico, la Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta sobre la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios departamentos de Colombia. Según el informe de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), cerca de 306 mil estudiantes podrían verse afectados por los riesgos existentes en la prestación del servicio.

El Ministerio Público ha identificado alertas en cuatro de las 97 entidades territoriales certificadas para operar el PAE. Los departamentos de Cauca, Córdoba, La Guajira y Magdalena enfrentan dificultades debido a diligencias contractuales, trámites administrativos y falta de recursos, lo que pone en riesgo el reinicio del servicio de alimentación escolar en estas zonas.

Recordemos que el día de ayer la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Magdalena por presuntas irregularidades administrativas y logísticas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.

En su momento, la Procuraduría realizó visitas a colegios en los 28 municipios del departamento del Magdalena no certificados en educación, con el objetivo de evaluar el estado de la distribución del PAE. Durante estas visitas, se descubrieron diversas falencias que afectaron gravemente la entrega de alimentos a los beneficiarios del programa.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la evidencia de deficiencias en el servicio proporcionado por el operador del contrato, lo que llevó a una interrupción abrupta del suministro de alimentos en todos los municipios beneficiarios del programa. Además, se encontraron instalaciones y equipos en mal estado, como refrigeradores, estufas y menaje, utilizados por el contratista en las cocinas. También se observó una ausencia de elementos de aseo y la falta de pago a las personas encargadas de preparar los alimentos.

Ante esta grave situación, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, en conjunto con la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, continuará llevando a cabo acciones preventivas y solicitando a las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los beneficiarios del PAE.

La Procuraduría enfatiza la importancia de asegurar la continuidad y calidad del Programa de Alimentación Escolar, que actualmente beneficia a alrededor de 5.6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país.