Corte Constitucional refuerza poderes de la Procuraduría en investigación y sanción de servidores públicos electos

La Corte Constitucional ha emitido un fallo de gran trascendencia mediante la Sentencia C-030, reafirmando las facultades de investigación, juzgamiento y sanción que la Procuraduría tiene sobre los servidores de elección popular. Esta decisión llega en un momento de controversia, entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello, en relación con la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez.

El pronunciamiento del alto tribunal establece que, si bien la Procuraduría conserva el derecho de emitir sanciones, los fallos resultantes deberán ser aprobados por el Consejo de Estado para que tengan efecto legal definitivo. Esto busca garantizar un proceso más riguroso y acorde con los principios de justicia.

La polémica surgió cuando el presidente Petro argumentó que la Procuraduría carecía de la autoridad para destituir a funcionarios de elección popular. Esta opinión se basó en un fallo previo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establecía que un órgano administrativo no podía imponer sanciones que afectaran los derechos políticos de un funcionario elegido democráticamente.

La Ley 2094 de 2021 había concedido a la Procuraduría poderes jurisdiccionales similares a los de un juez, como respuesta a la sentencia de la Corte IDH. Sin embargo, la Corte Constitucional ha declarado como inexequible esta disposición de la norma, lo que ha llevado a un reajuste en las facultades de la entidad.

En su dictamen, la Corte Constitucional también emitió un llamado al Congreso de la República para que desarrolle un estatuto específico para los servidores públicos elegidos por votación popular. Este estatuto debería incluir un régimen disciplinario especial, que respete los más altos estándares tanto a nivel nacional como internacional, en lo que respecta a la protección y garantía de los derechos políticos y electorales de estos funcionarios.

Esta sentencia marca un hito en el debate sobre el equilibrio entre el control de los funcionarios públicos y la salvaguardia de los derechos políticos. La relación entre la Procuraduría y los servidores de elección popular se mantiene en el centro de la atención pública, mientras el país avanza hacia unas elecciones regionales trascendentales el próximo 29 de octubre.