Una ‘hijueputa’ Alcaldía pintada fue lo que dejó Fuerza Ciudadana: zoom al documento del empalme

Durante el cuatrienio que gobernó Virna Jhonson, esto es, desde 2020 hasta 2023, se ha ordenado por parte de autoridades judiciales y administrativas el embargo de $132.740 millones del presupuesto del Distrito; las providencias también incluyen la retención y pago de $ 41.175 millones, el diagnóstico principal de esta situación: la sobrecarga de procesos a la que fue sometida el poco personal contratado para ejercer defensa de la entidad

Por: José D. Pacheco Martínez

Las dantescas imágenes de una turba anaranjada apostada sobre la Avenida del Libertador con intenciones de destruir el edificio donde funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil en Santa Marta, quedarán como un recuerdo verídico de lo peligroso que resulta el fanatismo político avivado por las llamas y el viento que producen los contratos de prestación de servicios en las instituciones públicas: en todas las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) conocidas el año pasado (2023),  los sectores de la administración pública y defensa fueron los segundos generadores de empleo en el Distrito con un total aproximado de 191.000 puestos de trabajo.

Esa cara amable o desagradable, según sea el caso, ya no puede sonreírle mensualmente a esa misma masa informe que, siguiendo directrices, también se volcó a las carreteras tras conocer los resultados definitivos de las elecciones a la Alcaldía de Santa Marta, sea menester decirlo, atendiendo a sendos fallos judiciales: proceso en el cual no pudieron participar por una cadena sucesiva de errores jurídicos, algunos previos, otros posteriores a la revocatoria de la inscripción como candidata de Carmen Patricia Caicedo.

Hoy la realidad de muchos de ellos es bastante desagradable desde el punto de vista laboral y de perspectivas a futuro. Algunos ya buscan proyectarse en otro espacio, pues, como se han venido dando los nombramientos en la Gobernación del Magdalena, todo parece indicar que la capacidad laboral o la experticia en temas concretos no serán tenidas en cuenta, amén de otras razones.

Pero, yo no quería referirme a eso en este escrito, sino a lo que pude notar tras leer el documento de empalme presentado a la opinión pública por el equipo encargado de tal asunto por parte del alcalde, Carlos Pinedo Cuello. Muchos temas allí presentados generan bastante preocupación y deberían ser objeto de un análisis detenido y riguroso por parte de los órganos de control y autoridades judiciales.

El primero de estos elementos, se trata de una talanquera que impide la concreción de otros derechos asociados al acceso a la información pública y deja mucho que desear respecto de las actuaciones desplegadas por los funcionarios en todas las dependencias de la Alcaldía de Santa Marta: según el informe del proceso de empalme publicado por la administración de Carlos Pinedo, el gobierno de Virna Jhonson desatendió un poco más del 60% de las peticiones recepcionadas en 2023.

“El derecho de petición es la solicitud más utilizada por la ciudadanía con un porcentaje de participación del 87,82% del total de los requerimientos recibidos. De las 5050 (100%) peticiones, el 32,79% que equivalen a 1656 peticiones obtuvieron respuesta oportuna, el 44,63% que equivalen a las 2254 peticiones no la obtuvieron y las 1140 peticiones correspondiente con el 22,57% aún están en espera para ser contestadas”.

Quien escribe fue víctima de esta actitud negligente, teniendo que utilizar en más de cuatro oportunidades el incidente de desacato para acceder a información pública, luego de haber perdido al menos tres meses desde la formulación de la solicitud hasta la entrega efectiva de los documentos.

Esta práctica dilatoria, de acuerdo con las reglas de la experiencia, tiene como objetivo fundamental impedir el control que sobre la administración de los recursos públicos ejercen la prensa y algunas veedurías ciudadanas. Importante recordar que el acceso a la información pública es uno de los pilares fundamentales de la democracia moderna como ha dicho innumerables veces la Corte Constitucional, así las cosas, teniendo en cuenta la alarmante cifra de desatención a las peticiones, en especial las de información, podría decirse que Fuerza Ciudadana atentó contra este principio desde su posición de poder en la Alcaldía de Santa Marta.

Preocupan también muchos detalles que surgen luego del informe rendido por la Oficina Jurídica: desde la salida de Rafael Martínez no se hizo una actualización a los protocolos para la prevención del daño antijurídico, tampoco hay claridad respecto del monto total de dinero adeudado por sentencias judiciales desfavorables. Este asunto en concreto impide hacer una apropiación presupuestal acorde a las sumas adeudadas

Como si esto fuera poco, durante el cuatrienio que gobernó Virna Jhonson, esto es, desde 2020 hasta 2023, se ha ordenado por parte de autoridades judiciales y administrativas el embargo de $132.740 millones del presupuesto del Distrito; las providencias también incluyen la retención y pago de $41.175 millones, el diagnóstico principal de esta situación: la sobrecarga de procesos a la que fue sometida el poco personal contratado para ejercer defensa de la entidad

Uno de los apartes del documento deja ver también el accionar mezquino con las instituciones, las cuales, por definición propia están por encima de quienes ostentan cargos en ellas: “a pesar de las múltiples condenas judiciales en contra del Distrito, no se reflejan actuaciones para ejercer el medio de control de repetición en contra de los funcionarios que ocasionan las condenas pagadas. Sólo hasta 2023 la Dirección Jurídica presentó ante el Comité de Conciliación 6 casos para iniciar la acción de repetición, sin que ello fuese aprobado”.

No repetir contra un funcionario negligente que provocó una condena contra la Alcaldía por pertenecer al mismo movimiento político o aparecer como referencia en las ya conocidas tablas de Excel, además de ser un incumplimiento a la función pública, es una actitud que merece sanción disciplinaria y penal.

Pertinente que el equipo jurídico de la nueva administración determine las responsabilidades individuales de los funcionarios por cuyo actuar se produjeron condenas y ejercitar las acciones de repetición obligatorias antes que el tiempo impida tal reclamación. Esto tiene que ser así, porque como ha dicho la Corte Constitucional, este procedimiento “tiene por objeto (i) proteger el patrimonio público frente a las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes del Estado y (ii) preservar la moralidad administrativa, por medio de la reacción frente a las acciones desviadas, negligentes o sumamente imprudentes de los funcionarios”, además, $132.740 millones no es una cifra de poca monta.

Si por ese lado llueve, en la Oficina de Gestión del Riesgo no escampa, toda vez que durante el proceso de empalme no presentaron, de acuerdo a la ley vigente, evidencias ni registros contables de la ejecución de un importante número de contratos, los cuales, sumados todos arrojan una cifra que sobrepasa los $10.000 millones.

Sospechosamente, desde el 2020 hasta el 2023, los montos en las inversiones aumentaron ostensiblemente, pasando de $919 millones en la primera anualidad, a  $2.600 millones la segunda, para duplicarse de nuevo en el tercer año, hasta sumar $ 4.041 y disminuir notablemente el último año a  $2.616 millones. La ciudad se acostumbró a ver a estos funcionarios, alardeando con sus botas de guerrillero urbano y sombrero de ala ancha al estilo del vaquero Woody, pero la entidad a la que estaban vinculados como directores era solamente un cascarón vacío sin impacto real en la calidad de vida de los samarios, pero, como se supo, bien afinado para gastar recursos públicos.

Uno de los apartes del informe de empalme en comento nos da más luces al respecto: “no reposa archivo físico ni digital de las acciones desarrolladas durante estos periodos de gobierno, al igual aparentemente hay un detrimento ya que no se relaciona en el inventario de activos de la oficina una serie de equipos que pertenecían a esta, no hay informe de los operadores de los proyectos donde se evidencie la ejecución de los recursos y la población beneficiada, al igual no hay ningún archivo de las hojas de vida de la maquinaria amarilla perteneciente a la OGRICC, no se realizó entrega física de estos equipos, situación que preocupa ya que se desconoce el historial de mantenimiento de esta maquinaria durante estos últimos 12 años”.

Este panorama, generado por la casi total ausencia de soportes documentales relacionados con los avances de ciertos procesos, especialmente las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan, impide conocer realmente el estado de cosas al interior de la Alcaldía de Santa Marta, vista esta como institución que gestiona recursos públicos. Aplaudimos por eso la ejecución de una auditoria forense que permita determinar el alcance de la presunta corrupción por la que han sido imputados varios directivos y militantes del partido Fuerza Ciudadana.

Secretarías como la de Salud, General, Educación y entidades descentralizadas del Distrito, aparecen en el documento referenciadas en términos similares, no obstante, hay algunos datos que, al parecer, permitieron a los entrantes directores de las mismas, poner en marcha un plan de contingencia mientras sus antecesores se dignan a entregar la información faltante , la encuentran investigadores privados o la consiguen gracias a su pericia, unidades de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Habiendo navegado someramente por el informe general de empalme, retomamos la idea inicial de este escrito, relacionada con la situación laboral de casi 200.000 personas que según el Dane estuvieron hasta el año pasado vinculadas al sector administrativo y de defensa en Santa Marta, para afirmar que, serán los movimientos acertados que Carlos Pinedo y su equipo de trabajo lleven a cabo, los que permitan redireccionar la Alcaldía de Santa Marta y evitar que la calidad de vida de sus habitantes dependa de tres letras en una tabla de Excel, los meses de trabajo que regale, las marchas a las que asista o las publicaciones que haga en sus redes sociales.

Exponer la caótica ciudad que reciben es un paso en el camino de la transparencia, sin embargo, también se necesita que los funcionarios y colaboradores de Carlos Pinedo, evidencien a los directivos y militantes de Fuerza Ciudadana que utilizaron su cargo para beneficio propio o de otras personas, en detrimento de la función principal de los recursos públicos: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En atención a esto, desde esta tribuna solicitamos al alcalde distrital y sus secretarios de despacho liberar información que permita la apertura de procesos ante las autoridades judiciales y la sustentación de notas periodísticas que impulsen las primeras.

Finalmente, lo que dejan Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Jhonson, luego de tres gobiernos consecutivos, teniendo en cuenta lo que detallan las 91 páginas del informe de empalme, como dice el grafiti de la película La estrategia del caracol, es sin más, una ‘hijueputa’ Alcaldía pintada.

Lea informe ejecutivo de empalme aquí: https://drive.google.com/file/d/1bGKraNMLjlpr4It38sm_zhHXAP3U7VF7/view