“Cómo vamos a poder hablar si no tenemos garantías”: Víctimas en la audiencia liderada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Durante la mañana de este jueves, 11 de abril, en el Teatro Santa Marta, la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República, realizó una Audiencia Pública para conocer sobre la violencia y vulneración de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se registran en el territorio.

A la Audiencia asistieron representantes de las comunidades afectadas, la Fiscalía, la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Estado.

En total fueron escuchadas más de 10 personas, quienes expresaron la necesidad de que las entidades atiendas sus peticiones de manera inmediata con el fin de contribuir al proceso de paz para el país. Por su parte, algunas entidades del Estado intervinieron dándoles respuestas a las inquietudes, demandas y peticiones de la ciudadanía.

Entre los testimonios se encuentra el de Nayluz Pérez, víctima del conflicto armado en la Sierra Nevada, quien habló sobre los riesgos que tienen los campesinos por los desplazamientos y amenazas que han tenido por paramilitares. Además, pidió a los órganos de control poner la lupa en el sector de la Troncal del Caribe, especialmente en el corregimiento de Guachaca, pues en esta zona los campesinos llevan más de 20 años esperando ser reparados.

“Llevamos 22 esperando el momento de que la gente sea reparada, de que los campesinos obtengan lo que les pertenece. Nosotros somos 11 mil desplazados, pero no porque nosotros queremos ser desplazados, sino porque el Gobierno les dio la oportunidad a los bandidos para que se apoderaran de la Sierra”, expresó.

Preocupación por el incremento de los actos violentos

Yulmer Pérez, integrante de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, Pdhal, calificó como preocupante el incremento de los actos violentos que se han venido presentando en el Magdalena, Cesar y La Guajira. De acuerdo con la información, los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca y Zona Bananera son los más afectados por los actos de homicidios, masacres, feminicidios, entre otros.

Además, habló sobre los ataques sistemáticos de los que son víctimas los docentes y sindicalistas, que ya han cobrado la vida de una persona en lo que va del año.

Ante este panorama, pidió con urgencia instalar una mesa territorial de garantías, para atender el riesgo que afecta la vida e integridad de las lideresas, líderes y defensores de derechos humanos por desempeñar su labor social.

Los guardianes de la Sierra se unen al llamado de la paz

Daniel Alberto Solís, delegado del pueblo Arhuaco en el departamento de La Guajira y el Magdalena, indicó que las comunidades indígenas se han visto afectadas por los enfrentamientos entre los grupos amarados al margen de la ley.

Por su parte, Ismael Conchacala, representante del pueblo Wiwa, señaló que los pueblos indígenas no tienen garantías para poder hablar. En esa línea explicó que debe haber un espacio seguro donde se pueda hacer una interlocución sin tener temor de perder la vida por hacer denuncias sobre las problemáticas que se registran en el territorio.

“¿Cómo vamos a poder hablar si no tenemos garantías?, si hacemos denuncias antes de llegar a casa ya saben quién denunció y esa es una situación preocupante” manifestaron los indígenas.

Por lo anterior, piden que el Gobierno y las entidades correspondientes para que hagan presencia en los territorios y de esta manera garanticen que las personas puedan denunciar, sin preocupaciones, los riegos a los que se enfrentan en el territorio.

Extorsiones sin control

Víctor Rodríguez Fajardo, director de Opinión Caribe, en su intervención hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que tenga en cuenta el tema de la seguridad ciudadana como prioridad en su agenda legislativa.

Para Rodríguez, en la ciudad de Santa Marta el tema de las extorsiones es una problemática a la que se le debe poner la lupa.

“Les pongo en consideración que, por encima de cualquier agenda de reformas al Estado, le den garantías a los que no tienen voz”, señaló.

Ante este tema, Jennifer Del Toro, Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, indicó que una vez conocidas las denuncias se realizó una mesa técnica con las entidades correspondientes donde se tomaron dos medidas; la primera fue designar a un fiscal, quien estará haciendo las investigaciones correspondientes para desmantelar “este fenómeno que afecta a la ciudad”.

Y como segunda medida, desde la Secretaría de Seguridad, se nombró a un equipo de personas que estarán acompañado permanente a la comunidad de Ciudad Equidad y demás sectores donde se ha estado registrando este delito.

Compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

El senador Carlos Mario Farelo, señaló que la Comisión tendrá la misión de ser un interlocutor entre el Gobierno Nacional y las víctimas, y asimismo harán seguimiento de que las peticiones de las víctimas sean cumplidas.

“Nuestro compromiso no solo es escuchar, sino elevar las peticiones a los entes competentes, para que se les dé solución”, dijo.

Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en entrevista con Opinión Caribe, explicó que esta audiencia, la cual es el resultado de una gestión realizada en Valledupar, abarca dos temas, el primero tiene que ver sobre la inmensa de confrontaciones armadas entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; y la segunda la grave violación a los derechos humanos.

Además, el senador, mencionó que, una vez escuchadas las peticiones de las personas, desde la comisión se harán los trámites correspondientes para que el Estado cumpla.