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¿Es la constituyente una estrategia para desviar la atención del descontento popular?

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Por: Harold Castañeda Robles Ph.D.

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha desatado un ferviente debate en Colombia. En un discurso en Cali, Petro sugirió que una nueva Constitución podría ser la clave para solucionar varios problemas estructurales del país, dada la paralización de sus reformas en el Congreso. Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con escepticismo y preocupación, especialmente entre aquellos que temen que una nueva constituyente pueda servir como un mecanismo para perpetuar su mandato más allá de 2026, a pesar de que el presidente ha negado tener intenciones de reelección.

Petro ha identificado seis áreas que, según él, justifican la convocatoria de una Asamblea Constituyente: la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, una reforma judicial integral, el reordenamiento territorial, la garantía de condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, la inclusión de políticas de cambio climático en la Carta Magna y un diálogo para el fin de la violencia y la reconciliación. Según el presidente, estos temas no han sido adecuadamente abordados bajo la Constitución de 1991 y requieren un marco renovado para asegurar su correcta implementación.

Este llamado a una nueva constitución recuerda al proceso constituyente de 1990-91, que surgió de un movimiento estudiantil apoyado por el entonces presidente y la Corte Suprema, resultando en una transformación significativa del país. Petro argumenta que, aunque la Constitución de 1991 trajo cambios importantes, estos no han sido suficientes para resolver los problemas profundos de la nación.

No obstante, es crucial analizar críticamente esta propuesta. La Constitución de 1991 ha sido el pilar de la democracia colombiana durante más de tres décadas, proporcionando un marco robusto y flexible para la gobernanza y la protección de los derechos fundamentales. Un análisis detallado sugiere que las reformas sugeridas por el presidente Petro pueden y deben ser abordadas dentro del marco constitucional existente sin necesidad de una nueva Asamblea Constituyente.

Implementación del Acuerdo de Paz de 2016

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC representó un avance significativo en la búsqueda de la paz y la estabilidad en el país. Sin embargo, Petro sostiene que el acuerdo no ha cumplido sus objetivos y que es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para implementar de manera efectiva lo pactado, abordando cuestiones críticas como la reforma agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas. Esta perspectiva plantea la pregunta de si una reforma constitucional es verdaderamente necesaria para alcanzar estos fines.

La Constitución de 1991 establece un marco robusto para la promoción y protección de la paz, declarando en su Artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Este mandato constitucional subraya la importancia fundamental de la paz como un pilar del Estado colombiano y establece la obligación del gobierno de adoptar todas las medidas necesarias para promoverla y protegerla. Adicionalmente, promueve la divulgación de sus principios, incluidos aquellos relativos a los acuerdos de paz, como parte de la educación cívica, garantizando que los ciudadanos comprendan y apoyen estos compromisos.

En cuanto a la reforma agraria, la Constitución ya contempla disposiciones específicas para la protección y promoción de los derechos de los campesinos. El Estado tiene la obligación de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y garantizar la especial protección a la producción de alimentos y al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y agroindustriales. Estas disposiciones proporcionan un marco legal suficiente para llevar a cabo la reforma agraria comprometida en el Acuerdo de Paz.

Por otro lado, la cuestión de las drogas ilícitas puede ser abordada mediante políticas integrales que se enfoquen tanto en la oferta como en la demanda. El marco constitucional y legal vigente permite la implementación de medidas efectivas para combatir el narcotráfico y reducir su impacto en la sociedad colombiana.

El principal desafío para la implementación del Acuerdo de Paz no radica en la insuficiencia del marco constitucional, sino en la falta de voluntad política y eficiencia administrativa. La Constitución de 1991 ya proporciona las herramientas necesarias para lograr estos objetivos y cualquier obstáculo en la implementación del acuerdo puede ser superado mediante una gestión administrativa eficiente y un compromiso real de los actores involucrados.

Reforma Judicial

El presidente Gustavo Petro ha propuesto una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano y lo haga más efectivo, con una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. Sostiene que el sistema actual no garantiza una justicia imparcial e independiente y que los sistemas de justicia transicional tampoco han logrado encontrar una verdad completa. Además, critica que las reformas a la justicia hechas después de 1991 fueron impulsadas por la venganza, el punitivismo y el encubrimiento de grandes crímenes y afirma que su propuesta de reforma debe centrarse en la verdad, la restauración a las víctimas y la reconciliación definitiva. Sin embargo, la Constitución de 1991 ya ofrece un marco robusto para garantizar la independencia y efectividad del sistema judicial.

La Constitución establece en su Artículo 29 el principio del debido proceso que se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Este artículo garantiza que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Además, asegura el derecho a la defensa y la asistencia de un abogado, el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, y el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Estos principios forman la base de un sistema judicial imparcial e independiente que protege los derechos de los ciudadanos y asegura un juicio justo.

El Artículo 229 de la Constitución garantiza el acceso a la administración de justicia a todas las personas, lo que refuerza la idea de acercar el sistema judicial al ciudadano. Este derecho fundamental asegura que cualquier persona pueda acudir a los tribunales para resolver sus disputas y proteger sus derechos, lo cual es esencial para mantener la confianza pública en el sistema judicial.

La independencia del poder judicial está consagrada en el Artículo 113, que establece la separación de las ramas del poder público y la colaboración armónica entre ellas. La Constitución asegura que los jueces y magistrados sean independientes en sus decisiones y que no estén subordinados a ninguna autoridad diferente de la ley. Esta independencia es esencial para garantizar una justicia imparcial y proteger a los jueces de presiones externas, permitiéndoles tomar decisiones basadas únicamente en el derecho y los hechos del caso.

Para abordar las críticas específicas de Petro sobre la fragmentación de los procesos investigativos y la utilización del cargo de fiscal general como plataforma política, la Constitución y las leyes pueden ser modificadas para mejorar la coordinación entre las diferentes jurisdicciones y asegurar que el nombramiento del fiscal general esté libre de influencias políticas. Sin embargo, estas modificaciones no requieren una Asamblea Constituyente sino que pueden ser realizadas a través de reformas legislativas y políticas públicas específicas.

El sistema de justicia transicional creado para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado también puede ser mejorado dentro del marco constitucional actual. La Ley de Justicia y Paz y otras leyes relacionadas con la justicia transicional pueden ser ajustadas para asegurar una verdad completa y la reparación a las víctimas, así como para fortalecer las garantías de no repetición. Estos ajustes pueden incluir la creación de mecanismos adicionales para la participación de las víctimas en los procesos judiciales y la mejora de la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de investigar y juzgar los crímenes del conflicto.

En resumen, la Constitución de 1991 ya proporciona un marco robusto para garantizar una justicia imparcial e independiente y para acercar el sistema judicial al ciudadano. Las reformas necesarias para mejorar el sistema judicial y abordar las preocupaciones de Petro pueden ser realizadas dentro de este marco a través de legislación ordinaria y políticas públicas específicas.

Reordenamiento Territorial

El presidente Gustavo Petro propone un reordenamiento territorial con el objetivo de fortalecer la autonomía local y asegurar que los territorios excluidos sean rápidamente incluidos y empoderados. Aunque no se han dado detalles específicos en su propuesta, durante su campaña se mencionaron varias ideas sobre la reorganización territorial centradas principalmente en la protección de recursos naturales y el fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales. La Constitución de 1991 ya establece un marco adecuado para abordar estos objetivos sin necesidad de una nueva constituyente.

La Constitución establece en su Artículo 1 que Colombia es una «República unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales», lo que proporciona una base sólida para la descentralización y la autonomía local. Esta disposición permite que las entidades territoriales gestionen sus propios asuntos y promuevan su desarrollo dentro del marco de la unidad nacional. La descentralización administrativa y política busca acercar el gobierno a los ciudadanos, facilitando una gestión más eficiente y participativa de los recursos y los servicios públicos.

El Artículo 287 de la Constitución refuerza esta autonomía al garantizar que las entidades territoriales tienen la capacidad de gobernarse por medio de sus autoridades propias, ejercer las competencias que les son asignadas, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Esta autonomía incluye la capacidad de planificar y ejecutar proyectos que respondan a las necesidades y prioridades locales, siempre en el marco de la Constitución y la ley.

Además, el Artículo 298 otorga a los departamentos el derecho de administrar asuntos seccionales y coordinar acciones municipales, lo que les permite jugar un papel clave en el desarrollo regional. Los municipios, por su parte, cuentan con un amplio grado de autonomía administrativa y financiera para manejar sus propios asuntos, como se detalla en el Artículo 311. Esta estructura descentralizada facilita que las regiones y localidades gestionen sus recursos naturales y desarrollen políticas que respondan a sus particularidades y necesidades específicas.

La propuesta de Petro de organizar el territorio en función de la protección de recursos naturales como la cuenca del río Magdalena o la Amazonía puede ser abordada a través de la legislación ordinaria y las políticas públicas actuales. La Constitución ya reconoce la importancia de la protección del medio ambiente en el Artículo 79, que garantiza el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Asimismo, el Artículo 80 encarga al Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Las políticas de ordenamiento territorial deben estar alineadas con estos principios constitucionales, enfocándose en la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales. La planificación territorial puede ser mejorada mediante la adopción de leyes y reglamentos que promuevan una gestión ambiental responsable y la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones.

La autonomía política y administrativa de las entidades territoriales en la Amazonía y otras regiones ricas en biodiversidad puede ser fortalecida mediante la implementación de políticas que respeten y promuevan la autodeterminación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La Constitución reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación en el Artículo 7 y promueve la participación de las comunidades indígenas en la gestión de sus territorios.

Para alcanzar los objetivos de reordenamiento territorial planteados por el presidente Petro, es crucial una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la implementación de políticas que promuevan la inclusión y el desarrollo sostenible. Las herramientas para lograr esto ya están presentes en el marco constitucional actual y su efectiva aplicación puede llevarse a cabo a través de reformas legislativas y políticas específicas que respondan a las necesidades de cada región y comunidad.

Garantizar las Condiciones Básicas de Vida

El presidente Gustavo Petro ha enfatizado la necesidad de garantizar las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, incluyendo salud, pensión y acceso al agua. La Constitución de 1991 ya reconoce estos derechos y establece las bases para su implementación, asegurando un nivel mínimo de bienestar para todos los colombianos. Petro ha argumentado que se requiere una Asamblea Constituyente para abordar estos temas de manera efectiva, pero un análisis detallado de la Carta Magna muestra que el marco actual es adecuado para alcanzar estos objetivos siempre y cuando se implementen adecuadamente las políticas y programas necesarios.

La Constitución en su Artículo 48 establece que la seguridad social es un servicio público obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Este artículo garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, asegurando que cualquier reforma en esta área se pueda llevar a cabo dentro del marco constitucional existente. Las políticas públicas dirigidas a mejorar la cobertura y la calidad de la seguridad social pueden ser implementadas mediante leyes y regulaciones sin necesidad de modificar la Constitución.

En cuanto a la salud, el Artículo 49 de la Constitución garantiza el acceso a los servicios de salud a todas las personas y establece que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Este artículo obliga al Estado a organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Además, se establece que los servicios de salud deben organizarse de manera descentralizada, con la participación de la comunidad, lo que permite adaptar las políticas de salud a las necesidades específicas de las diferentes regiones del país.

El acceso al agua también está protegido por la Constitución. Aunque no hay un artículo específico que mencione el agua, la protección del medio ambiente y los recursos naturales establecida en los Artículos 79 y 80 incluye implícitamente el acceso al agua potable como un derecho fundamental. El Estado tiene el deber de proteger las riquezas naturales de la Nación y la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales debe garantizar su desarrollo sostenible y la conservación de los recursos hídricos. Las políticas para garantizar el acceso al agua potable pueden ser desarrolladas y mejoradas dentro de este marco constitucional mediante la implementación de programas que aseguren el suministro de agua limpia y segura a todas las comunidades.

La garantía de una pensión digna para todos los ciudadanos también está contemplada en la Constitución. El Artículo 48 establece que el sistema de seguridad social incluirá la prestación de servicios de pensión y la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Este artículo asegura que el sistema de pensiones debe ser administrado de manera que proteja los derechos de los pensionados, garantizando un ingreso digno durante la jubilación. Las reformas necesarias para mejorar el sistema de pensiones pueden ser realizadas a través de leyes y regulaciones específicas que fortalezcan la sostenibilidad y la equidad del sistema.

El marco constitucional de 1991 ya proporciona una base sólida para garantizar las condiciones básicas de vida a todos los ciudadanos colombianos. Los derechos a la salud, la seguridad social y el acceso al agua están protegidos por la Constitución y las políticas necesarias para implementar y mejorar estos servicios pueden ser desarrolladas mediante la legislación ordinaria. El desafío principal radica en la efectiva implementación de estas políticas y en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de estos derechos fundamentales.

Cambio Climático

El presidente Gustavo Petro ha subrayado la importancia de incluir en la Constitución mecanismos explícitos para enfrentar el cambio climático, argumentando que el contexto histórico de la Constitución de 1991 no contemplaba la urgencia de esta problemática. Sin embargo, la Constitución vigente ya establece principios y mandatos que permiten abordar de manera efectiva la cuestión del cambio climático a través de la legislación y las políticas públicas.

La Constitución colombiana reconoce la importancia de un ambiente sano y la necesidad de su protección. El Artículo 79 garantiza a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Esta disposición constitucional proporciona una base sólida para la creación e implementación de políticas ambientales que aborden los desafíos del cambio climático. Además, promueve la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente, asegurando un enfoque inclusivo y participativo en la formulación de políticas ambientales.

El Artículo 80 de la Constitución complementa estas garantías al encargar al Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Este artículo establece que el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales necesarias para exigir la reparación de los daños causados. Estos principios constitucionales ya reconocen la necesidad de un desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, alineándose con los objetivos de las políticas de cambio climático.

Además, la Constitución promueve la cooperación internacional para la protección del medio ambiente. Este enfoque es crucial para abordar el cambio climático, ya que se trata de un problema global que requiere la colaboración y el compromiso de todos los países. La Constitución de 1991 en su Artículo 9 establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Esta disposición permite que Colombia participe activamente en acuerdos y tratados internacionales sobre cambio climático, como el Acuerdo de París, y que adopte medidas internas en consonancia con estos compromisos internacionales.

La educación ambiental también está contemplada en la Constitución. El Artículo 67 menciona que la educación debe formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico, y para la protección del ambiente. Esto implica que la educación ambiental es un componente integral de la formación de los ciudadanos, promoviendo una conciencia y una responsabilidad ambiental desde temprana edad.

El contexto normativo colombiano ha avanzado significativamente en materia de legislación ambiental, desarrollando leyes y políticas que buscan mitigar y adaptarse al cambio climático. La Ley 99 de 1993, por ejemplo, creó el Ministerio del Medio Ambiente y consolidó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), estableciendo mecanismos para la gestión ambiental integral. Además, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y otras políticas sectoriales abordan directamente los desafíos del cambio climático, implementando estrategias de mitigación y adaptación que están en línea con los principios constitucionales.

La Constitución de 1991 ya proporciona un marco adecuado para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Las políticas específicas para enfrentar el cambio climático pueden y deben ser desarrolladas dentro de este marco, utilizando la legislación ordinaria y las regulaciones pertinentes. La efectiva implementación de estas políticas requerirá un compromiso continuo y coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil, asegurando que Colombia pueda cumplir con sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático en conformidad con su Constitución.

Diálogo para el Fin de la Violencia y la Reconciliación

El presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para promover un diálogo que lleve al fin de la violencia y la reconciliación en Colombia. Este enfoque se centra en encontrar la verdad detrás de la violencia y fomentar la reconciliación como un punto final del conflicto. La Constitución de 1991 ya contiene numerosos mecanismos y principios que permiten avanzar hacia estos objetivos sin la necesidad de reformar el texto constitucional.

El Artículo 22 de la Constitución establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». Este precepto fundamental coloca la paz en el centro del orden constitucional colombiano, obligando al Estado y a todos los ciudadanos a trabajar activamente por su logro y mantenimiento. Esta disposición proporciona un mandato claro para desarrollar políticas y medidas orientadas a la resolución de conflictos y la promoción de la reconciliación.

Además, la Constitución reconoce y promueve la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El Artículo 7 establece que «el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana». Este reconocimiento es vital para la reconciliación, ya que muchas de las causas de los conflictos en Colombia están vinculadas a problemas de discriminación, exclusión y marginación de comunidades étnicas y culturales. La promoción de la diversidad y la inclusión social son fundamentales para abordar las raíces del conflicto y construir una paz duradera.

La protección de los derechos humanos está profundamente arraigada en la Constitución. El Artículo 93 establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos prevalecen en el orden interno, asegurando que los derechos consagrados en estos instrumentos sean plenamente aplicables en Colombia. Esto incluye acuerdos internacionales que promueven la justicia transicional, la verdad y la reconciliación, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que Colombia ha ratificado.

El sistema de justicia transicional en Colombia, diseñado para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, está respaldado por la Constitución y la legislación nacional. La Ley de Justicia y Paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición son ejemplos de cómo se pueden implementar mecanismos de justicia transicional dentro del marco constitucional vigente. Estos mecanismos buscan ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto, así como garantizar que no se repitan los hechos violentos. La Constitución proporciona el apoyo necesario para estos procesos, asegurando su legitimidad y continuidad.

La participación ciudadana es otro aspecto crucial para la reconciliación y está ampliamente garantizada en la Constitución. El Artículo 103 establece mecanismos de participación como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto y la iniciativa legislativa. Estos mecanismos permiten a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones que afectan su vida y su comunidad, facilitando un diálogo inclusivo y democrático que es esencial para la reconciliación.

El Artículo 40 garantiza a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Esta participación es clave para la reconciliación, ya que permite que las voces de todas las partes involucradas en el conflicto sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones. La inclusión de todos los actores, especialmente aquellos que han sido históricamente marginados, es fundamental para construir una paz sostenible y duradera.

La educación también juega un papel crucial en la reconciliación y la Constitución reconoce la importancia de la educación para la formación de ciudadanos comprometidos con la paz y la democracia. El Artículo 67 establece que «la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia». La promoción de una cultura de paz a través de la educación es esencial para prevenir futuros conflictos y promover la reconciliación.

La Constitución de 1991 ofrece un marco robusto y adecuado para promover el diálogo, la verdad y la reconciliación en Colombia. Las herramientas y principios necesarios para alcanzar estos objetivos están ya consagrados en el texto constitucional, permitiendo desarrollar políticas y medidas específicas que promuevan la paz y la justicia sin necesidad de una nueva Asamblea Constituyente.

Las propuestas de Gustavo Petro, aunque bien intencionadas, no requieren una reforma constitucional. La Constitución de 1991 proporciona un marco sólido y flexible que permite abordar los desafíos actuales mediante la legislación ordinaria y la correcta implementación de políticas públicas. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente es un proceso largo y costoso que podría desestabilizar el orden institucional del país y, por tanto, no es necesario ni conveniente para alcanzar los objetivos planteados por el presidente.

Algunos analistas sugieren que esta medida podría ser una estrategia para consolidar su poder y asegurar una mayor influencia en las decisiones nacionales. Otros especulan que podría estar buscando un mecanismo para prolongar su mandato más allá del 2026, a pesar de sus reiteradas negaciones sobre la reelección. También se plantea la posibilidad de que Petro intente utilizar la nueva constituyente como una plataforma para implementar reformas radicales que no han logrado avanzar en el Congreso. Finalmente, existe la preocupación de que este movimiento busque desviar la atención de problemas actuales y críticos que enfrenta su administración, ofreciendo una solución a largo plazo que distraiga del descontento presente por los escándalos que le rodean y su bajo nivel de aceptación popular y ejecución presupuestal.