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Con solo un 34% de avance en cuatro años, la obra de la cárcel en San Ángel, Magdalena, se encuentra en riesgo, según la Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación ha emitido un comunicado en el que denuncia un panorama desolador en los proyectos de construcción de cárceles en Magdalena y La Guajira, señalando que, tras cuatro años de trabajos, las obras presentan avances insatisfactorios y un saldo negativo en sus ejecuciones.

Con relación al proyecto de construcción de la cárcel en el municipio de San Ángel, Magdalena, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró que la obra de la cárcel de mediana seguridad, con capacidad para 1.914 reclusos, apenas alcanza un avance del 34,94%.

Según la Procuraduría, estos retrasos han generado riesgos significativos para el patrimonio público, con inversiones presupuestales superiores a los 400 mil millones de pesos en peligro. Asimismo, la Procuraduría ha señalado que las modificaciones a los cronogramas y los constantes retrasos han impedido cumplir con las metas de reducción del hacinamiento y la garantía de los derechos de los internos.

El organismo de control ha sugerido que podrían haberse vulnerado los principios de planeación en materia contractual, dado que, después de aproximadamente cuatro años desde la firma de los contratos, la ejecución no supera el 50%. La Procuraduría ha instado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a tomar medidas urgentes para evitar nuevas modificaciones contractuales y garantizar la entrega de las obras para junio y diciembre de 2025.