Por presuntas irregularidades en un contrato de mil millones, la Procuraduría abrió investigación contra Virna Johnson

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación señaló que ha emitido pliego de cargos contra la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y Greisy Ávila Campo, exdirectora de Contratación de la alcaldía, por presuntas irregularidades en los contratos de servicios de internet y radioenlace para instituciones educativas durante la pandemia de COVID-19.

Según la Procuraduría, el contrato, valorado en 1.041 millones de pesos y financiado por el Sistema General de Participaciones, no cumplió con su objetivo de proveer servicios de conectividad a 106 instituciones y radioenlace terrestre a 16 colegios ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. El órgano de control argumenta que el servicio era innecesario, dado que las medidas de aislamiento impedían la asistencia presencial de los estudiantes.

Asimismo, la Procuraduría indicó que, aunque el contrato fue modificado posteriormente para permitir la conectividad desde los hogares de los estudiantes, las exfuncionarias, al momento de firmar el acuerdo original, ignoraron aspectos críticos y evidentes de la situación, poniendo en riesgo los objetivos del contrato y la calidad de la educación.

“Las entonces funcionarias, al momento de suscribir el bilateral, desconocieron situaciones que no solo eran conocidas sino claramente notorias (…), lo que puso en riesgo el cumplimiento de los fines de la contratación y la debida prestación del servicio de la educación en términos de oportunidad y calidad”, puntualizó la Procuraduría.

Por lo tanto, la Procuraduría ha calificado las acciones de la exalcaldesa Virna Johnson y de Greisy Ávila Campo como una falta gravísima, cometida vulnerando los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal.