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Territorio & Poder

Protestas por pleito judicial en el Colegio IDPHU Bilingüe afectan las actividades escolares

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Son alrededor de 400 menores que se ven afectados en el desarrollo de sus actividades escolares por las protestas que se realizan a las afueras de la institución, debido a un proceso judicial que se adelanta por el presunto incumplimiento en el pago de cánones de arrendamiento.

Durante la mañana de este martes, se presentó una protesta a las afueras del Colegio IDPHU Bilingüe de Santa Marta, por parte de los dueños del predio donde se encuentra este centro educativo, al parecer, por el incumplimiento en los pagos mensuales del arrendamiento.

La situación se remonta a un proceso judicial que se adelanta antes el Juzgado Quinto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, por el presunto incumplimiento en el pago de cánones de arrendamiento. De acuerdo con la información, para el año 2017 se llevó a cabo un proceso verbal en el que se solicitaba que se aumentara el canon de arrendamiento a partir de la prórroga del contrato, el cual fue concedido en 2021. Sin embargo, ante varios recursos de apelación, en 2023 fue confirmada en segunda instancia la sentencia en la que se obligaba a pasar de $35,000.000 millones a una suma de $46.661.067 millones por mes.

Esta sentencia también ordenó el pago de una suma considerable por los cánones de arrendamiento en mora que superan los $218 millones.

Vicky Manjarrez Fernández, hija de Cecilia Fernández (una de las propietarias del inmueble), en entrevista con OPINIÓN CARIBE, explicó que actualmente se tienen dos procesos que son la restitución del bien inmueble y el embargo de los bienes, debido a que: “María Laura Otero Martínez, actual rectora de la institución, se niega a pagar 16 meses de arriendo; ella dice que no paga lo que debe porque su madre Lourdes del Carmen Martínez Vega (QEPD) y Federico Bornacelly fueron quienes suscribieron ese contrato y por consiguiente no va a pagar ese dinero”.

Ariel Quiroga, abogado del Colegio Idphu Bilingüe, señaló que esta es una situación que debe solucionarse por medio de un acuerdo entre las partes o en los juzgados judiciales, y no por medio de protestas, pues es un acto que puede generar estrés entre los más de 400 menores que se encuentran en su jornada académica.

En esa línea, hizo una invitación a los propietarios del inmueble a realizar una reunión para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Por otro lado, señaló que de seguir con las protestas se procederá a hace una denuncia teniendo en cuenta que la educación de los niños se puede estar viendo afectada por las manifestaciones.

Fabián Bolaño, padre de familia de un menor que asiste a este centro educativo, también manifestó su preocupación por esta situación e invitó a las partes a conciliar para encontrar una solución inmediata a este conflicto.

“Estamos muy preocupados por el desarrollo de esta serie de protestas y esta serie de reclamos en con respecto al colegio, tenemos por la continuidad de la del colegio como institución, entendemos que hay un problema legal de fondo, pero las dos partes se tienen que sentar a conciliar porque los afectados están siendo los niños”, manifestó.

A pesar de que el colegio está situado a solo una cuadra de las instalaciones del Bienestar Familiar, en el lugar no hizo presencia ningún funcionario de la entidad para mediar en la situación y garantizar la continuidad de la jornada educativa. Los padres de familia han expresado su preocupación por el impacto que esta protesta podría generar en los niños, quienes se ven obligados a lidiar con el ruido y la tensión en el ambiente.