La protección de flora y fauna versus la construcción

Por: Alma Clara García

Siete eucaliptos sembrados hacen más de 30 años, junto con árboles frutales diversos, bordean parte de una casa lote situado en la zona de Bello Horizonte, en Santa Marta, que alberga, además de los pelícanos, otras especies de aves, iguanas, serpientes, zarigüeyas y ardillas. Cuando el lote se vendió para construir un edificio escalonado de 258 apartamentos, algunos testigos de la llegada diaria de las bandadas de pelícanos a su hábitat.

Reaccionamos pidiendo la protección preventiva de la fauna y la flora del lugar, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ante la autoridad ambiental de la ciudad, confiando en que la intervención de las autoridades mitigara el riesgo que representaba para el medio ambiente una construcción que tiene contemplada la Sala total de la flora del lugar.

Pese a la Constitución ecológica que tenemos en Colombia y al gran número de normas que protegen el medio ambiente, no vamos a poder salvar el refugio de unos pelícanos porque entre otras razones, las regulaciones de las instituciones públicas involucradas no están integradas, no se complementan, muchas veces se contradicen y la interpretación delegada a los jueces siempre llega tarde.

El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, declaró su incompetencia ante nuestra solicitud, argumentando que pese a ser parte de la rama ejecutiva del poder público, solo se encarga de establecer políticas y lineamientos nacionales para la protección del ambiente y son las autoridades locales a quienes les corresponde cumplir y velar por el cumplimiento de dichas normas. Entendimos que es un Ministerio más legislador que ejecutor.

La autoridad local, el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA nos respondió iniciando una serie de visitas técnicas al lote dando cuenta en sus respuestas, de la variedad de fauna y flora existente en el lugar, representada en cantidad de especies autóctonas de la región.

Como es de prever, el proceso de venta y construcción continuó y la Curaduría 2 de Santa Marta, ya anunció a los vecinos que se había radicado una solicitud de permiso de construcción. De la misma forma, los constructores, o sus representantes, presentaron al DADSA una solicitud de aprovechamiento forestal, lo que en términos reales significa la autorización para talar 29 árboles el lote, diferentes de las 24 palmas de coco que son de tala libre, lo que significa una pérdida total de 53 árboles. No conocemos el contenido de la solicitud, pero lo que sí tenemos claro es que los eucaliptos como especie foránea se pueden llevar la peor parte y por ende los pelícanos. Las normas lo permiten y la entidad ambiental no estaría incumpliendo sus funciones si llegare a conceder el permiso, como tampoco estaría incumpliendo la Curaduría 2 de Santa Marta, si concede la licencia de construcción, pues este ente de naturaleza privada que ejerce funciones públicas solo debe analizar requisitos estructurales y técnicos para concederla. El medio ambiente no forma parte del espectro de lo que se debe tomar en consideración, para conceder una licencia de construcción.

Ahora bien, el procedimiento es tan desarticulado normativa y administrativamente. Que deja la puerta abierta para que la construcción no tenga ningún tipo de talanquera y para que todos los problemas se resuelvan posteriormente, ya sea con el papo de sanciones o con la siembra de árboles en diferentes sitios de la ciudad, que nadie controla, ni cuida, ni mantiene. Así se van perdiendo los ecosistemas y correlativamente nos damos cuenta de que el supuesto liderazgo del país en temas ambientales es de papel y como se dice coloquialmente “un saludo a la bandera”.

En este caso, las normas permiten que el DADSA otorgue permiso para la tala de árboles, sin que exista un mecanismo que privilegie el traslado de animales antes de que su hábitat sea destruido. En este momento ya no me refiero a los pelícanos, que tristemente tendrán que partir hacia el aeropuerto como único sitio que les queda para refugiarse y donde representaron un riesgo para la entrada y salida de aviones. Me refiero a las iguanas, serpientes, ardillas, zarigüeyas y demás especies que habitan el bosque y que huirán a la carretera cuando los 29 árboles y los 24 cocoteros ya no existan.

Adicionalmente, el DADSA que en buena hora esto dirigida por una persona seria y responsable, carece no solo de personal permanente y suficiente, sino de presupuesto para ejecutar las funciones que le ordena la ley y las que le delega el Ministerio y esa histórica discapacidad institucional genera aún más riesgo para el medio ambiente y más caminos aprovechados y aprovechables para que los intereses privados primen sobre el derecho fundamental a un ambiente sano, que es un derecho colectivo.

No tenemos más que despedirnos de los pelícanos. De los árboles del hermoso bosque y del resto de sus habitantes terrestres y aéreos, para darle cabida a una piscina, jacuzzi y cualquier otra clase de amenidades que requieren los apartamentos en primera línea de playa. Estas lindas aves, se chocaron contra los grandes ventanales cuando se equivoquen de rumbo y busquen sus árboles perdidos y nada, ni los mecanismos de la Constitución ecológica, como la tutela o la acción popular, los van a salvar.

En esta zona existen dos relictos de manglar, denominados Playa Dormida Norte y Playa Dormida Sur, que están en procedimiento de delimitación por parte del DADSA, que fueron ignorados por el POT al catalogar el predio “en tratamiento urbanístico de consolidación” que presupone un sector en el que se puede construir indiscriminadamente por cuanto cuenta con servicios. Quienes habitamos el lugar sabemos que la calificación no es adecuada por la falta de agua potable; por la inexistencia de redes de alcantarillado y por la falta de estudios de carga poblacional que pueden soportar los lugares y en especial las playas. Pero nada de esto le compete a la entidad que otorga la licencia, ni siquiera teniendo a la vista el desastre socio ecológico de El Rodadero.

Para finalizar, el hecho de no poder tratar un tema como este de una forma integral interinstitucional se hace extensivo a todo el país y amerita por lo menos una denuncia colectiva, por cuanto los intereses públicos están siendo amenazados con la tabla de la Ley en la mano y en ese estado del juego, la partida lo van ganando el círculo vicioso de la voracidad privada y del ingreso de los municipios por impuestos prediales, sin más consideraciones.