Condenan a exfuncionarios de la Gobernación del Magdalena por desviar $5.000 millones de pesos

Antonio José Matera Ramos, exsecretario de Educación, fue sentenciado a 20 años y 10 meses; Dubys Teresa Zagarra Palacios recibió 25 años de cárcel y John Mairon Macías Sierra, contratista, enfrentará 33 años y 4 meses por los delitos de peculado por apropiación y por falsedad ideológica en documento público, por desviar $5.000 millones destinados a la educación de niños en zonas vulnerables.

La Fiscalía General de la Nación informó este lunes, mediante un comunicado oficial, la condena de dos exfuncionarios de la Gobernación del Magdalena y un contratista por su participación en un entramado de corrupción que desvió $5.000 millones de pesos destinados a garantizar el servicio educativo para niños, niñas y adolescentes de comunidades en zonas de difícil acceso del departamento.

Es así que la Fiscalía señaló que el exsecretario de Educación de Magdalena, Antonio José Matera Ramos, fue sentenciado a 20 años y 10 meses de prisión; mientras que la exfuncionaria de la gobernación Dubys Teresa Zagarra Palacios recibió una condena de 25 años de cárcel. Por su parte, el contratista John Mairon Macías Sierra fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión. Las penas deberán cumplirse en establecimientos carcelarios.

Los hechos que llevaron a estas condenas, según la Fiscalía, están relacionados con el contrato 545 del 2013 durante la adminitración de Luis Miguel Cotes Habeych, suscrito entre la Gobernación de Magdalena y una fundación por un valor de $18.531 millones de pesos, con el objetivo de prestar servicios educativos a 15.524 menores fuera de la cobertura departamental. Sin embargo, solo 5.191 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos, evidenciando un grave incumplimiento en la ejecución del proyecto.

Según la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el contratista John Mairon Macías Sierra no cumplió con sus obligaciones, que incluían la ubicación y dotación de aulas, la entrega de materiales educativos y la selección y pago de docentes. Además, se comprobó que presentó documentos falsos, como contratos de profesores y facturas, para justificar actividades que nunca se realizaron. La empresa utilizada para estos fines estaba registrada para comercializar repuestos de automóviles, lo que agravó el caso.

Por su parte, la interventoría del contrato, a cargo de una universidad pública, certificó erróneamente que el proyecto se había ejecutado en su totalidad. Dubys Zagarra Palacios, en su rol de supervisora, avaló estos informes, y Antonio Matera Ramos, como exsecretario de Educación, aprobó una certificación de ejecución exitosa y ordenó el desembolso de los recursos, lo que permitió el desvío de los $5.000 millones.

Los tres implicados fueron declarados responsables del delito de peculado por apropiación, mientras que Zagarra Palacios también fue condenada por falsedad ideológica en documento público. El fallo, que es de primera instancia, está sujeto a los recursos de ley.

“La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.” Indicó la Fiscalía.