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Secretario de Infraestructura departamental asistió a citación de la Asamblea sobre el puente Michichoa

Por: Suzayny Arrieta
Durante la sesión de la Asamblea del Magdalena de este jueves, se contó con la asistencia del secretario de Infraestructura del departamento, Efraín Vargas, donde rindió declaraciones sobre el proyecto de obra del puente Michichoa, ubicado en el corregimiento de Barro Blanco en la vía entre los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, actualmente desplomado en su paso víal.
Cabe recordar que el puente Michichoa, el 30 de junio del 2023, sufrió desplome en el tablero vial, causado por el paso de una tractomula que causó la muerte de un motociclista al caerle encima el pesado vehículo. A partir de esa fecha, los pobladores han hecho improvisación del paso del puente con tablones de madera en un carril, donde actualmente la gobernación departamental no ha empleado soluciones evidentes al caso.
En OPINIÓN CARIBE realizamos cubrimiento del tema y lo encontrará en los siguientes links:
El secretario de Infraestructura Efraín Vargas manifestó que desde que el puente Michichoa fue edificado hace más de 60 años, nunca se le realizaron mantenimientos, ni cuando la red terciaria estaba a cargo de la nación, ni tampoco cuando estaba cargo del departamento, ni el municipio tampoco ha solicitado que se suscriba algún tipo de convenio para que la entidad realice la intervención del puente, teniendo en cuenta que ya hace parte de la mencionada red terciaria del Magdalena.
“Cuando se desplomó el puente Michichoa en el 2023, el entonces gobernador solicitó ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que se instale un puente militar, que fue autorizado, por ello llegaron funcionarios técnicos de la Unidad más los técnicos del Ejército. (…) dijeron que lo iban a gestionar, pero a raíz del escándalo de la entidad, los funcionarios salen. La administración departamental se contactó con la UNGRD y dijeron que el puente militar no está disponible porque hay otras emergencias a nivel nacional”, expresó.
Posteriormente, en ese momento del año 2023, explica el secretario, que la gobernación solicitó a la Asamblea que se destinaran $700 millones para la construcción de las bases del puente, y que la Unidad de Gestión de Riesgo asumirían la demolición, desmonte, transporte de escombro de la estructura existente y la instalación de la plataforma del puente militar, pero que después avisan que no hay disponibilidad de esta estructura provisional para el Magdalena.
A partir de ello, se decide que la Gobernación va a asumir la rehabilitación del puente, si en caso tal fuera pertinente, se enviaron a los ingenieros especialistas en puentes, hacen estudios de patología estructural, estudio hidráulico, arrojando de que el puente puede ser rehabilitado, sin necesidad de desmontar la estructura actual antigua ni las bases metálicas, porque estas solo requieren de mantenimiento y reforzamiento para construir el tablero, es decir, la vía del puente sea en concreto o asfalto.
Pero que cuando la UNGRD comunica a la Gobernación de la disponibilidad de un puente militar provisional para la zona con un valor superado a los $2 mil millones de pesos, pero comparando con el costo de la rehabilitación del puente actual que serían unos $1.200 millones de pesos, saldría muy costoso y allí se decide la obra de restauración.
Seguido, se citó a un comité de gestión de riesgo para renovar la declaratoria de calamidad pública, una vez efectuado este decreto, se envió la contratación pero que la calamidad no les permitía pasar la vigencia y por eso, no se pudo ejecutar la contratación oficial en el diciembre del 2024 porque el plazo contractual de la construcción era de cuatro meses, según los anexos del contratista.
Con los recursos del superávit, el gobernador destina para este año $1.220 millones de pesos para la reestructuración del puente Michichoa, en la que ese proyecto de ordenanza de superávit, ya radicado a la Asamblea, no se le ha hecho aún debate ni emitido respuestas sobre el mismo. Debido a eso, se decidió como única opción, usar recursos de regalías, los cuales estarán disponibles desde la primera semana de abril.
Declaró que el proceso de contratación durará alrededor de 15 días, y que en el presente mes de abril se suscribirá el acta de inicio con el contratista que quede seleccionado para la realización de la obra. La vigencia de duración del proyecto será de 4 meses, es decir, para el mes de agosto próximo, los estudios y diseños fueron hechos ‘in-house’, es decir, por parte del mismo equipo de ingenieros y expertos de la cartera departamental, sin necesidad de contratar a una consultoría, donde este proyecto queda como reestructuración. La obra de renovación de dicho puente incluye: la remoción de residuos corrosivos de la estructura antigua, hacer refuerzo con vigas y otros soportes metálicos junto con la construcción del nuevo tablero.
Los diputados manifiestan que estarán pendientes a este tema y próximamente harán también la citación correspondiente al secretario de Infraestructura para que exponga los avances del proyecto del puente, que tiene aún en vilo la movilidad entre los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, donde se ha visto afectado el transporte de personas, vehículos y productos para la distribución y venta comercial, encareciendo los costos que acarrea estas actividades.
