Si hubo secuestro: Empleados de Ecohabs Bamboo piden justicia

El abogado Hernando Zabaleta calificó la situación como un «claro caso de secuestro extorsivo agravado», dado que las víctimas se encontraban en una situación de indefensión.

El pasado fin de semana, se conoció un caso de secuestro múltiple contra el propietario y empleados del Hotel Ecohabs Bamboo, ubicado en el Parque Nacional Tayrona de Santa Marta. Los testimonios indican que 18 individuos encapuchados y armados irrumpieron en el hotel a primera hora de la mañana del sábado 5 de abril, sacando violentamente a las víctimas y cubriendo sus rostros.

Tras un trayecto en camionetas, los empleados fueron conducidos a una casa en la montaña, donde la situación se tornó aún más amenazante. De acuerdo con la información entregada por las víctimas, durante el secuestro, Augusto Rico, propietario del hotel, fue obligado a firmar documentos en blanco y a estampar su huella dactilar bajo la amenaza constante de muerte. «Este acto busca despojarlo de su patrimonio y silenciar cualquier intento de denuncia», declararon las víctimas en un comunicado conjunto. Después de horas de estar encerrados, los empleados fueron liberados en la madrugada del 6 de abril.

Luego de conocerse el caso, la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Secretaría de Seguridad afirmaron que, tras investigar, no se trató de un secuestro y que Augusto Rico nunca estuvo retenido. Estas declaraciones de las autoridades han generado críticas, especialmente entre las víctimas, quienes exigen justicia y consideran que las autoridades se apresuraron en sus conclusiones.

OPINIÓN CARIBE consultó al abogado Hernando Zabaleta, quien expresó su preocupación por la rápida desestimación de los hechos por parte de las autoridades, sugiriendo que se debe realizar una investigación más profunda para esclarecer la situación.

Zabaleta calificó la situación como un «claro caso de secuestro extorsivo agravado», dado que las víctimas se encontraban en una situación de indefensión. Además, subrayó que este tipo de actos no solo atentan contra la seguridad de los individuos, sino que también pueden tener un impacto negativo en el turismo, ya que la percepción de inseguridad podría disuadir a futuros visitantes.

En cuanto al papel con la firma de Augusto Rico, señaló que estos documentos podrían ser utilizados para crear obligaciones financieras, lo que podría llevar al embargo de propiedades. Sin embargo, indicó que la legislación colombiana contempla mecanismos para impugnar tales documentos si se demuestra que fueron firmados bajo coacción.

Por último, Zabaleta resaltó que la policía y otras entidades como el GAULA y la Secretaría de Seguridad deben trabajar en conjunto para garantizar la protección de las víctimas. «Este tipo de incidentes son sumamente graves y deben ser tratados con la seriedad que merecen», concluyó, instando a las autoridades a cumplir con sus deberes legales y a realizar investigaciones exhaustivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

De momento se está a la espera de un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso, así como las medidas de seguridad que se van a implementar en el Parque Tayrona para proteger tanto a los residentes como a los visitantes.