El poder narcoparamilitar y la encrucijada de la paz

La Sierra Nevada de Santa Marta enfrenta en 2025 una coyuntura crítica: mientras el gobierno impulsa la “paz total”, las ACSN consolidan su control territorial y económico, desafiando la legitimidad y viabilidad del proceso.

Por: José D. Pacheco Martínez

Hace pocos días un hombre se hizo viral en redes sociales porque declaraba a toda la sociedad samaria que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) le habían dado una oportunidad de resarcirse con la comunidad.

Según se entiende en la narración del asustado hombre, fue atrapado robando en el mercado público y sometido a juicio sumario. Ese hecho en sí mismo es problemático, porque implica que una estructura al margen de la ley asume en este territorio funciones de la jurisdicción penal. Casi al mismo tiempo, en otro video, un grupo de hombres fuertemente armados anunciaron asesinatos selectivos en el municipio de Ciénaga.

Días antes, estuvieron involucradas en un confuso incidente que incluyó la retención de varias personas durante horas y al menos tres comunicados de prensa aclarando y desmintiendo versiones del mismo hecho. Sin embargo, un boletín en particular llamó la atención, porque hablaba de problemas con la propiedad y tenencia de la tierra en el Parque Tayrona, zona de control e influencia de las ACSN.

Claramente, aquí, como en el caso del confeso ladrón del mercado, dieron a entender que también tienen la facultad de dirimir problemas con la tierra. Este contexto dista mucho de ser el escenario territorial de unos diálogos sociojurídicos como han venido repitiendo delegados del Gobierno Nacional y funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta.

Lo ocurrido recientemente con el ELN, deja suficientemente claro que una mesa de negociación no es solo un concepto técnico, sino un proceso que implica y demanda profundo compromiso ético, jurídico y político, especialmente en una región como esta, históricamente golpeada por el conflicto, el desplazamiento forzado y una crisis ambiental sin precedentes producto del narcotráfico.

En lo corrido de 2025, según denuncian varias plataformas defensoras de derechos humanos, las ACSN han fortalecido su dominio sobre Santa Marta, Ciénaga y áreas del Parque Tayrona a través de mecanismos de extorsión, control de actividades turísticas y apropiación de hasta el 30% de los ingresos de operadores en rutas como Ciudad Perdida.

Asimismo, advierten que barrios populares como Ciudad Equidad y hoteles de lujo han sido objeto de exigencias directas, bajo amenazas de represalias, mientras el cobro de “aportes voluntarios” se ha normalizado como parte de la economía regional. Este control armado se extiende a la confrontación con el Clan del Golfo por rutas y economías ilícitas, generando desplazamientos, amenazas y una sensación de inseguridad permanente.

La supuesta voluntad de diálogo de las ACSN, evidenciada en un cese temporal de acciones militares a finales de enero, no se tradujo en avances reales hacia la estructuración de un estado de confianza ni una reducción estructural de su poder; sino que, por el contrario, puso de manifiesto su capacidad para condicionar el orden público según sus intereses en la mesa de negociación que aún no arranca.

Es pertinente en este punto preguntarle al Dr. Ernesto Villa Sánchez ¿Qué estatus le otorgará el Gobierno Nacional a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la mesa de negociación y cómo esta definición impacta la legitimidad y viabilidad del proceso?  Pretender, como hasta ahora, una mesa de negociación sin definir con rigor el estatus jurídico de las ACSN es un error: ¿son un grupo con vocación política o una estructura criminal con fines económicos?

De pronto, alejado de su papel como defensor del proyecto de paz total del presidente Petro, coincidirá conmigo que no basta con consultas simbólicas a las poblaciones vulnerables y vulneradas por estos grupos armados ilegales cada vez más fuertes por cuenta del narcotráfico; se requiere claridad jurídica, porque la ambigüedad no contribuye a la justicia ni a la verdad ni a la reparación.

El reto desde mi perspectiva consiste en equilibrar los incentivos jurídicos para la participación de las ACSN con las demandas legítimas de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Si las víctimas no son el centro del proceso, la paz será solo un titular más.

Mientras no se esclarezca este asunto y las ACSN sigan sembrando terror en la región usurpando funciones exclusivas del Estado, será muy difícil mantener el apoyo ciudadano que aún tiene esta iniciativa. La paz en la Sierra Nevada no puede construirse sobre el silencio de las víctimas ni sobre la ambigüedad jurídica; requiere decisión política, rigor técnico y compromiso, en el entendido de que este territorio no necesita pactos débiles, sino justicia con dignidad, para ponerlo en términos del presidente Petro.

Arsenal de preguntas

Dada la realidad del territorio en materia de orden público, creo pertinente solicitar a quien corresponda, hacer las siguientes claridades:

1. ¿Cómo define la Alcaldía de Santa Marta la naturaleza de las ACSN: como un grupo con vocación política o como una estructura criminal con fines económicos? ¿Esta definición se ha consensuado con el gobierno nacional y qué implicaciones tiene para el marco jurídico de las negociaciones?
2. ¿Qué estrategias implementará la Alcaldía de Santa Marta para recuperar las funciones estatales asumidas por las ACSN y evitar que esta suplantación del Estado se normalice durante el proceso de diálogo?
3. ¿De qué manera asegurará la administración de Carlos Pinedo Cuello que las víctimas de las ACSN tengan un papel central en el proceso de paz, particularmente aquellas afectadas por desplazamiento forzado, extorsión y amenazas en zonas turísticas y barrios populares?
4. ¿Qué condiciones mínimas exigirá la Alcaldía de Santa Marta para mantener los diálogos y qué mecanismos de verificación independiente se han establecido para evaluar el cumplimiento real por parte de este grupo, más allá de declaraciones públicas o ceses temporales de hostilidades?
5. ¿Cómo se está articulando el trabajo entre la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y el Gobierno Nacional para enfrentar la problemática de las ACSN en la Sierra Nevada, especialmente en áreas protegidas como el Parque Tayrona donde se reportan conflictos por tenencia y explotación de la tierra?