De la indignación al populismo: crónica de una salida en falso

Las críticas desde el Concejo de Santa Marta a la concesión Ruta Magdalena Sierra Mar reavivaron la discusión sobre los altos índices de accidentalidad en las vías. Sin embargo, el desconocimiento de las competencias reales de la empresa puso en evidencia la necesidad de mayor rigor y transparencia en el debate público.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Hace unos días, la vehemencia con la que un concejal del distrito de Santa Marta hablaba sobre los altos índices de accidentalidad en las vías de la ciudad me sorprendió gratamente, porque era la primera vez que escuchaba a un cabildante expresarse con verdadera afectación respecto de un tema en concreto. El asunto era a todas luces importante para él, porque iba y venía en su intervención, aterrizando siempre en el mismo punto.

El hombre se fue lanza en ristre contra la concesión Ruta Magdalena Sierra Mar, porque desde su perspectiva era la directa responsable de todos los muertos en accidentes de tránsito en el 11 de noviembre y en varios sectores de la Troncal del Caribe donde a diario se reportan estos nefastos eventos.

Acusó a la empresa de no invertir un solo centavo del cuantioso recaudo anual por concepto de peaje en programas de inteligencia e interacción vial y obras, además, hizo cuestionamientos de índole técnico a la forma en la que están distribuidos y construidos los reversibles a lo largo y ancho de las vías nacionales que atraviesan la ciudad desde distintos frentes.

Lo más importante de la intervención, según varias personas que masificaron el video en redes sociales, fueron los interrogantes que este le planteó a los empresarios detrás de la concesión; todos encaminados o sugiriendo como en el pasado hicieron otros opinadores, que los contratos que han permitido la operación y construcción de la vía son abiertamente leoninos.

Sin embargo, cuando uno entra a analizar lo que se dice en los más de seis minutos del video, se da cuenta que fue una más de las tantas salidas en falso de los cabildantes de esta ciudad, quienes han hecho de ese recinto, la institución como tal y lo que representa, un verdadero circo.

Este episodio no solo revela la ligereza con la que algunos miembros del Concejo Distrital emiten juicios sobre temas de alta sensibilidad pública, sino que también pone en evidencia un problema estructural: la preocupante falta de rigor, liderazgo y compromiso técnico que ha caracterizado por años al cuerpo colegiado que debería ser una de las principales instancias de control político y orientación institucional en Santa Marta.

La participación de los servidores elegidos por voto popular en el debate público constituye un pilar fundamental de la democracia. En ese sentido, su rol no se limita únicamente al ejercicio del poder, sino que conlleva una responsabilidad ética y política de informar y dialogar con la ciudadanía de manera transparente y veraz. En un contexto como el actual, donde la desinformación y la manipulación de datos pueden influir negativamente en la opinión pública, la emisión de información precisa por parte de quienes ostentan cargos de representación resulta esencial para fortalecer la confianza institucional y promover una deliberación democrática de calidad.

En ese sentido, ya que parecen haberlo olvidado la mayoría de quienes ocupan una curul y toman partido de los debates en el Concejo Distrital de Santa Marta, es importante recordar, que tienen el deber moral de rendir cuentas a sus electores y sustentar sus posiciones en hechos comprobables. Digo esto, porque aquella intervención que tanto me emocionó resultó ser una Fake News, desmentida inmediatamente por la concesionaria punto por punto.

Advierten los empresarios, que los dos accidentes que motivaron la viral ‘embestida’ del concejal no se los pueden achacar a la empresa ni su ejercicio operativo y constructor, debido a que, uno fue producto de la negligencia de Corpamag, responsable de las obras donde murió el ciudadano extranjero y, el otro, un accidente en moto a la altura del 11 de noviembre, además de ser producto de la imprudencia, se sale de su jurisdicción o alcance.

“La operación y administración de esta vía se extiende únicamente desde el corregimiento de Palermo en Sitio Nuevo (donde se empalma con el puente Laureano Gómez en Barranquilla) hasta el puente del Yucal en Santa Marta”, precisaron. Esta era sin dudas la información a partir de la cual debió iniciarse el análisis del concejal en comento y su equipo de ‘asesores’.

También le enrostraron al cabildante su desconocimiento y desconexión total de la gestión de la concesión, la cual, a fecha de hoy ha ejecutado obras viales de gran importancia para la ciudad y financiadas con recursos provenientes de ingresos por peajes (Vía Minca – La Tagua, construcción de la Vía y sendero Ziruma hasta la calle 30 (con canalización de aguas lluvias), Vía al sector de Bureche, y Vía al barrio Cristorey).

Pero, lo más preocupante, es la solicitud clara y precisa de infringir las normas que regulan la instalación o construcción de reversibles en las carreteras nacionales, obviando que estas distancias son estándares e intercediendo en favor de una acción ilegal que ha cobrado muchas vidas. Los esfuerzos discursivos deben enfocarse en exigir más a los usuarios de la vía y las autoridades con competencia en la regulación y control del tráfico.

Este concejo no defrauda: cuando se pensaba que pasaría muchos días para superar el incidente de un cabildante sacado a los empujones por la Policía, llegan estas acusaciones sin fundamento. Pobre ciudad y pobres sus habitantes. Los 19 personajes que hoy ocupan una curul quedarán para la historia y serán juzgados en un futuro próximo por la poca contribución que hicieron en el marco de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad y su afán de figurar en redes sociales a como dé lugar.

Posdata:

El control político, en su esencia, no admite reducciones teatrales como la viralizada recientemente y objeto de análisis en esta columna. Su desnaturalización, bajo el ropaje del espectáculo, socava la institucionalidad y distorsiona el deber de representación que los cabildantes asumen al jurar ante la Constitución, amén que sea la estrategia utilizada por algunos para ganar réditos electoreros.

A Santa Marta no le sirven tribunas para la improvisación, sino espacios de deliberación con fundamento. La proliferación de discursos sin sustento, amplificados en redes y carentes de verificación, erosiona aún más la legitimidad del Concejo Distrital.

Los electores y la ciudad no pueden seguir siendo rehén de liderazgos que confunden indignación con conocimiento ni tolerar que el control se ejerza a partir de juicios ligeros e imprecisos. La verdad también se representa.

Desde mi óptica, la celebración de los 500 años de Santa Marta no será completa sin una evaluación crítica de sus liderazgos locales. Que el aniversario sirva como punto de inflexión para recuperar el valor de la técnica, la seriedad del dato y el imperativo categórico de servir con rigor ético.