¿Conoce el sentido desfavorable del fallo? Rafael Martínez solicita unificación jurisprudencial sobre pruebas digitales

El gobernador del Magdalena pidió formalmente al Ministerio Público que inste al Consejo de Estado a fijar reglas claras sobre la valoración de videos extraídos de notas periodísticas digitales. La decisión, que podría sentar precedente nacional, cobra especial relevancia ante el inminente fallo sobre su permanencia o no en el cargo.

OPINIÓN CARIBE conoció en exclusiva una carta enviada por el gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, a la Procuraduría General del Nación solicitando que se promueva una sentencia de unificación jurisprudencial sobre el valor probatorio del material audiovisual incluido en notas periodísticas digitales.

Esta medida, desesperada según muchos analistas, se ejecuta a poco menos de 24 horas de terminar el proceso de nulidad electoral que enfrenta ante el Consejo de Estado; Rafael Martínez, quien actúa como parte demandada en el expediente 11001-03-28-000-2024-00057-00, argumenta que la falta de criterios unificados para valorar videos como el que dieron origen a la controversia genera inseguridad jurídica y pone en riesgo derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a ser elegido.

La comunicación de Martínez subraya que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha adoptado varias posturas respecto a la valoración de vídeos presentados como prueba en procesos de doble militancia en modalidad de apoyo. Esta situación, sostiene el mandatario departamental, resulta lesiva para los derechos de los procesados, especialmente cuando el material audiovisual proviene de notas periodísticas digitales y puede estar sujeto a edición o manipulación en la era digital y de la inteligencia artificial.

En ese sentido, solicita que el Ministerio Público, en ejercicio de su legitimación, inste a la Sala Plena del Consejo de Estado a abordar de manera unificada la valoración de videos aportados por medios digitales, definiendo si deben ser considerados como indicios contingentes, documentos representativos sujetos a las reglas generales de la prueba documental, o mensajes de datos conforme a la Ley 527 de 1999.

Para sustentar tal petición, el gobernador cita el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que faculta al Consejo de Estado a dictar sentencias de unificación jurisprudencial por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social, o necesidad de sentar jurisprudencia.

A renglón seguido, el documento enfatiza que el video central en el proceso, aportado por OPINIÓN CARIBE, “es una copia editada con fines periodísticos y publicitarios que fue eliminada y no se encuentra publicada en ninguna red social y/o dominio bajo la titularidad” de la casa matriz del medio de comunicación y advierte que una valoración superficial de este tipo de pruebas, sin atender a su autenticidad y características técnicas, implica un “alto riesgo jurídico y social”, dada la facilidad de alteración de contenidos digitales.

Esta versión es consistente con la expresada por Martínez el día de la audiencia de interrogatorio, cuando siguiendo el dictamen pericial dijo no reconocer su figura ni su voz en los videos reproducidos en el marco de la diligencia judicial; asimismo, la de la diputada María Charris, quien también salió al paso a las preguntas del magistrado, negando todos y cada uno de los hechos de los que da cuenta el archivo audiovisual.

Finalmente, varios abogados consultados por este medio aseguran que la comunicación de Rafael Martínez solo puede provenir de alguien que conoce el sentido desfavorable del fallo y busca a toda costa ganar tiempo, ya que, esta petición de ser aceptada podría retrasar la discusión del fallo por lo menos dos meses, sin embargo, señalan que este tipo de solicitudes intempestivas, aunque válidas por el ordenamiento jurídico, tienden a generar conflictos políticos entre instituciones.

Amanecerá y veremos si mañana, en el punto seis del orden del día de la Sala Plena de Consejo de Estado se acoge la solicitud presentada por Rafael Martínez y se extiende por dos meses más la ‘angustia’ de todos en la parroquia y la incertidumbre de si se queda para continuar el  ‘legado de Carlos Caicedo’ o arranca con toda la campaña política para elegir su reemplazo en las elecciones atípicas.

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