Apagón a la vista

A pesar de los giros recientes del Gobierno, existe un riesgo en la prestación de los servicios de energía y gas en Colombia debido al aumento de la deuda acumulada y los retrasos en el pago de subsidios en 2025.

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación expresaron su preocupación respecto a la continuidad en la prestación de los servicios de energía y gas en Colombia, debido al crecimiento de la deuda acumulada en 2025 y los retrasos en el pago de subsidios tarifarios.

En una Mesa Técnica con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, se abordó la necesidad de garantizar la estabilidad financiera de las empresas prestadoras. Se instó al Gobierno nacional a priorizar el pago de subsidios y contener el aumento de la deuda, que ha alcanzado cifras alarmantes.

Deuda por subsidios y problemas estructurales

Según el Comité Intergremial de Energía y Gas, la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas asciende a $7,6 billones a enero de 2025. De este monto, $2,7 billones corresponden a subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones a la opción tarifaria, $1 billón a deuda de usuarios oficiales y $628 mil millones a subsidios de gas combustible.

A pesar de las apropiaciones anunciadas para cubrir el rezago presupuestal, el Contralor advirtió que la ejecución de estos recursos debe ser oportuna y ajustada a la realidad de los costos periódicos. Asimismo, destacó la falta de seguimiento efectivo de las obligaciones del primer trimestre de 2025, lo que podría comprometer la estabilidad financiera de las empresas prestadoras y afectar la continuidad del subsidio para los sectores más vulnerables.

Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Públicos informó sobre el estado crítico de la empresa Air-e, que recibió $250 mil millones del giro reciente del Gobierno, pero enfrenta una deuda de $1,5 billones con los generadores de energía. A marzo de 2025, el fondo empresarial contaba con $416.500 millones, pero actualmente dispone de solo $167.000 millones, mientras enfrenta pasivos por $2,2 billones de empresas en liquidación, incluida Electricaribe.

Llamado a la acción

Ante este panorama, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, advirtió que la problemática de la deuda en el sector energético es una reiteración de los llamados hechos por los organismos de control desde el año anterior. Según su análisis, aunque el Ministerio de Hacienda giró recientemente $1,8 billones para cubrir la deuda por subsidios de 2024, el rezago continúa creciendo, acumulando $1,5 billones adicionales al cierre de mayo de 2025, debido a la generación mensual de nuevos costos.

“El caso más grave es el de Air e, ya que recibieron de ese giro $250 mil millones, en momentos en que su deuda con los generadores por concepto de energía despachada es del orden de $1.5 billones”, mencionó. Agregó que la Superintendencia de Servicios Públicos debe garantizar que el Fondo Empresarial, a su cargo, inyecte los recursos necesarios para resolver la insolvencia de Air-e y las causas que llevaron a su intervención.

Acosta Medina señala que, si una de las razones esgrimidas por el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS para autorizar pausar el cumplimiento de la regla fiscal fue la deuda con las empresas comercializadoras de energía y gas, por lo que el ministro de Hacienda «no tiene disculpa para ponerse al día con esta obligación».