La Firma
Improcedentes… pero útiles
El Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Martínez, pero el proyecto político que representa nunca dejó de gobernar. Con recursos sin fundamento y uso abusivo de la institucionalidad, se estiró el control del Magdalena como si la sentencia no existiera. Entre la laxitud judicial y la apatía opositora, la lealtad procesal fue pisoteada con método.
EDITORIAL
La democracia no se erosiona con gritos, sino con trampas que parecen legales. Mientras los reflectores se apagaban sobre la sentencia que anuló la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena, el aparato político que lo sostuvo mantuvo su marcha. Lo que debía ser una transición ordenada del poder se convirtió en una prórroga estratégica, planificada con precisión: se invocaron mecanismos procesales sin fundamento, se ocupó el despacho con legitimidad vencida y se utilizó la maquinaria institucional para proyectar al verdadero beneficiario de la maniobra: Carlos Caicedo.
El Consejo de Estado fue claro. En su sentencia del 8 de mayo de 2025, y luego en el auto del 24 de julio, dejó constancia de que la elección de Martínez debía ser anulada por incurrir en doble militancia. Sin embargo, lo que vino después no fue una salida inmediata ni un retiro responsable. Fue una estrategia que bordeó la mala fe: se presentaron tres solicitudes consecutivas —adición, aclaración y nulidad originada en la sentencia—, todas rechazadas por improcedentes, pero lo suficientemente útiles para lo que realmente se buscaba: ganar tiempo.
Y lo ganaron. Durante más de cuarenta días, el poder que había sido declarado ilegítimo se sostuvo bajo el paraguas de un expediente abierto. Martínez no actuó como un gobernante que acepta el fallo. Se comportó como un operador político que ejecuta una táctica de retaguardia. A sabiendas de que los recursos eran frívolos, insistió. Ese comportamiento no fue torpeza: fue cálculo. Y raya en el dolo.
Así lo advirtió el propio Consejo de Estado: la presentación de recursos temerarios y solicitudes impertinentes vulnera la lealtad procesal y será sancionada si persiste. Pero esa advertencia llegó tarde. Ya la maniobra había surtido efecto: Fuerza Ciudadana no solo conservó el control de la Gobernación más allá del fallo, sino que la convirtió en altavoz de su proyecto presidencial.
Porque mientras Martínez firmaba actos desde el escritorio, quien se presentaba ante la opinión pública como ejecutor de obras y garante del “cambio” era Carlos Caicedo. No tenía investidura, pero sí maquinaria. No administraba, pero decidía. La Gobernación del Magdalena operó como plataforma de campaña anticipada, disfrazada de institucionalidad. Boletines oficiales exaltaron la continuidad del “modelo Caicedo” como si la anulación del mandato no hubiera existido. En los hechos, el poder no se interrumpió: simplemente cambió de forma.
Casos como la obra del Centro de Vida en Fundación, la media carretera de la ganadería, la vía en Guamal, la ‘Universidad’ de El Banco, anunciadas con bombos oficiales, son ilustrativos. Los boletines difundidos no son un parte de avance técnico, sino una pieza de propaganda electoral: habla de promesas cumplidas, de gobiernos anteriores, del liderazgo de Caicedo, del legado en marcha. En ningún renglón aparece la anulación de la elección. En ningún momento se alude a la crisis de legitimidad que enfrenta la administración. El lenguaje es de continuidad triunfal, como si lo judicial fuera un ruido externo, irrelevante frente a la supuesta eficacia de la obra pública.
Esta instrumentalización de la institucionalidad no solo es reprobable desde el punto de vista legal. Es éticamente inadmisible. Gobernar con un mandato anulado mientras se usa el aparato estatal para proyectar una campaña presidencial es una forma de fraude al espíritu de la Constitución. Si bien no todos los actos administrativos fueron anulados, lo que está en juego no es la firma de decretos, sino el uso del poder simbólico que confiere la Gobernación. Y ese poder fue manipulado con plena conciencia.
Peor aún es el silencio. ¿Dónde estaban los partidos políticos rivales? ¿Dónde la oposición departamental? ¿Dónde los líderes que debían exigir el cumplimiento inmediato de la sentencia? Su pasividad fue tan cómoda como funcional al statu quo. Ni siquiera los sectores que más han criticado a Fuerza Ciudadana se movilizaron con decisión para denunciar este uso espurio del proceso judicial. Esa omisión también tiene consecuencias: la democracia no solo se pierde por acción de quienes abusan del poder, sino por la omisión de quienes callan cuando deben oponerse.
Y si de omisiones hablamos, hay que decirlo con claridad: el aparato judicial también mostró una preocupante tolerancia institucional. Aunque la sentencia fue firme, su ejecución se vio condicionada por recursos evidentemente improcedentes. ¿Por qué no se estableció un protocolo más severo para impedir el uso dilatorio de mecanismos judiciales en casos de nulidad electoral con única instancia? ¿Por qué no se activaron medidas para garantizar el relevo inmediato en escenarios como este, donde lo que se impugna no es una formalidad, sino la legitimidad del mandato?
La laxitud procesal y la fe excesiva en la buena voluntad del demandado permitieron que se extendiera un gobierno sin sustento jurídico durante más de un mes. En ese tiempo, no solo se tomaron decisiones administrativas. Se posicionó a un candidato presidencial. Se gastaron recursos públicos en difusión institucional. Se construyó relato de continuidad. Se consolidó poder.
El problema aquí no es solo que se incumplió el fallo. Es que se transformó en una oportunidad para fortalecer el proyecto político que debía ser desmontado. El proceso judicial, en lugar de ser un límite, se volvió una herramienta de supervivencia. Y mientras los jueces resolvían con rigor, el poder operaba con ventaja.
Lo que queda claro es que la lealtad procesal no es una formalidad de abogados. Es una condición ética para que el proceso judicial no se convierta en un instrumento más de manipulación institucional. Y si el sistema no garantiza su cumplimiento, lo que se debilita no es solo la justicia. Es la democracia misma.
Porque cuando un fallo pierde fuerza frente a una rueda de prensa, cuando una sentencia es opacada por un boletín institucional, cuando el poder persiste a pesar de haber sido deslegitimado, el mensaje que queda no es que se hizo justicia, sino que la justicia puede esperar.
