Poder & Gobierno
Por medio de decreto, el Gobierno Nacional adopta nuevo modelo de salud
Con la firma del Decreto 0858, el Gobierno Nacional oficializó la transformación del sistema de salud colombiano mediante la adopción de un nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, una política pública que busca garantizar el derecho fundamental a la salud mediante atención primaria integral, territorializada y centrada en las personas, comunidades y sus entornos.
Expertos como el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, advierten que la medida implica una estatización de facto, riesgos fiscales y una transformación profunda del papel de las EPS.
Sobre el decreto de reforma a la salud:
El decreto estatiza y territorializa el sistema de salud. No elimina a las EPS en teoría, pero en la práctica sí. Crea una figura ambigua: con responsabilidades, pero sin capacidad de gestión. Hay un desmonte implícito del aseguramiento.…
— Alejandro Gaviria (@agaviriau) July 31, 2025
El decreto sustituye la parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y establece cinco pilares fundamentales: Gobernanza y territorialización del sistema de salud; Conformación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS); Condiciones laborales dignas para el talento humano; Gestión del conocimiento y soberanía sanitaria; y Calidad de atención e integración de la información primaria en salud (SI-APS).
Según el decreto, cada comunidad será atendida por Equipos Básicos de Salud que operarán desde Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), con funciones orientadas a la promoción, prevención y diagnóstico, articuladas con redes de prestadores públicos, privados y mixtos en las llamadas RIITS. Asimismo, se contempla la creación de subregiones funcionales que permitirán una gestión territorial integral en salud pública.
Ver Decreto 0858, aquí.
El modelo también incluye la formalización progresiva del talento humano en salud, particularmente en zonas rurales, y plantea inversiones en infraestructura hospitalaria. No obstante, Gaviria señala que estas nuevas obligaciones no están respaldadas por fuentes adicionales de financiación, lo que podría aumentar significativamente el déficit actual del sistema.
“El decreto estatiza y territorializa el sistema. No elimina a las EPS en teoría, pero en la práctica sí. Crea una figura ambigua: con responsabilidades, pero sin capacidad de gestión. Esta en juego el logro social más importante del país en los últimos años: la protección financiera en salud”, afirmó Gaviria en su análisis, donde subraya el desmonte implícito del aseguramiento.
El decreto exige a las EPS asumir la gestión del riesgo en salud, pero limita sus capacidades operativas y su participación en la definición de los servicios a través de las RIITS. Esta dualidad —responsabilidad sin capacidad— representa, según Gaviria, un “diseño institucional fallido” que agravaría los problemas financieros y de atención.
Aunque el Gobierno defiende el modelo como una evolución hacia la equidad territorial y el cuidado integral con enfoque intercultural y diferencial, su implementación podría desatar tensiones políticas, jurídicas y fiscales, ante la incertidumbre sobre su viabilidad operativa y el impacto real en la garantía de derechos.
